Según Global Witness, Colombia es el país más peligroso en el mundo para ejercer la defensa ambiental.

El 20 de julio, el presidente Duque presentó ante el Congreso el proyecto de ley que ratifica el Acuerdo de Escazú, el primer tratado regional que promueve la democracia ambiental y ofrece protección específica a los defensores ambientales. El Congreso debe darle prioridad a la ratificación de este tratado y comprometerse de manera efectiva con la garantía del derecho a un medio ambiente sano y la protección de los defensores y defensoras ambientales.

De acuerdo con el Defensor del Pueblo, de enero a junio de este año, 47 defensores ambientales han sido asesinados. El 19 de marzo, solo seis  días antes de que Colombia entrara en una cuarentena nacional para tratar de detener la propagación de la Covid-19, Marcos Rivadeneira, defensor ambiental y campesino, fue asesinado. Marcos era un líder reconocido del departamento de Putumayo que trabajaba por la implementación del Acuerdo de Paz, la erradicación de cultivos ilícitos y la protección de los territorios amenazados por proyectos de minería.

Por años, Colombia viene ocupando los primeros lugares en asesinatos y ataques contra defensores de derechos humanos y del medio ambiente. La organización Global Witness, en su reporte anual sobre defensores ambientales lanzado el pasado 30 de julio, calificó a Colombia como el país más peligroso en el mundo para ejercer la defensa ambiental con 64 asesinatos en el año 2019.

El Acuerdo de Escazú, adoptado en 2016, nace como respuesta a la necesidad de contrarrestar esta espiral de violencia que viven los defensores ambientales en Colombia, en América Latina y el Caribe, y de fortalecer la democracia ambiental en toda la región.

El Acuerdo crea estándares regionales en materia de acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales, y un marco de cooperación para que los países y sus instituciones fortalezcan sus capacidades en relación con estos derechos. Además, el Acuerdo ha sido reconocido por ser el primer tratado en el mundo que establece obligaciones específicas para la protección de los defensores y defensoras del medio ambiente, incluyendo el reconocimiento de su importante rol en nuestra sociedad y la prevención de los ataques en su contra.

Colombia firmó el Acuerdo en diciembre como uno de los grandes compromisos adquiridos por el presidente en el marco de la llamada “gran conversación nacional”. Con la firma de Escazú en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, acompañada de un gran acto protocolario en el Palacio de Nariño, Duque quería mostrar su voluntad política con la comunidad ambientalista luego de semanas de protestas ciudadanas que sacudieron al país.

Sin embargo, el gobierno de Duque se ha caracterizado por constantes ataques de estigmatización contra defensores de derechos humanos por parte de altos funcionarios de la administración. Por ejemplo, en 2018, el ex ministro de defensa declaró que la mafia estaba detrás de las protestas sociales en el país. Y en marzo de 2020, la ministra del interior restó importancia a los asesinatos de defensores, declarando que en Colombia matan a más personas por robarles el celular. El alto número de muertes y ataques contra defensores del medio ambiente en Colombia es el resultado de un gobierno que ignora sus súplicas de protección y no reconoce la violencia contra ellos como un problema sistémico.

La presentación del proyecto de ley que ratifica Escazú es un paso importante para el gobierno de Duque. Sin embargo, para que el Acuerdo sea afectivo, el gobierno debe empezar por cambiar de inmediato su narrativa sobre la violencia contra los defensores de derechos humanos y del medio ambiente, y reconocer su labor y el rol tan importante que juegan en la construcción de la paz en el país.

Hasta ahora, el Acuerdo de Escazú ha sido firmado por 22 países y ratificado por 9. El tratado requiere que 11 países lo ratifiquen para entrar en vigor. En estos momentos los congresos de Costa Rica y Perú también están en proceso de aprobar sus respectivas ratificaciones. El Congreso de Colombia debe acelerar la aprobación de la ley que ratifica Escazú y apresurar la acción en torno a la protección de los defensores y las defensoras del medio ambiente en el país.

*Natalia Gómez, oficial de incidencia- CIVICUS– Alianza Mundial por la Participación Ciudadana

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