Todo lo que rodea al juicio de Álvaro Uribe nos debe convocar a desarrollar pedagogías ciudadanas para la paz, los derechos humanos y la reconciliación, el fortalecimiento y la construcción de medios de comunicación más comprometidos con la verdad y a defender el Estado social de Derecho y la democracia.

El proceso de investigación y juzgamiento al senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez es unos de los hechos históricos más emblemáticos de la justicia penal colombiana. Se enmarca en una tradición cultural de inmunidad natural de los presidentes y expresidentes de la República, independientemente de la naturaleza de los delitos investigados o juzgados. Entender el entramado del problema jurídico, político y cultural, desprovistos de emotividad, sesgo, prejuicios y fanatismo implica analizar varios niveles de realidad.

Un primer nivel tiene que ver con el origen del problema, desde donde se plantean formas opuestas de asumir el debate: mientras, para unos, es un enfrentamiento entre contradictores políticos, para otros, es una confrontación entre enemigos que simplifica el drama del conflicto armado. Una relación mediada por una suerte de desencuentros entre víctima y victimario, donde se entremezcla la lucha por la aplicación o no de justicia, la superación o no de la impunidad, la búqueda de la paz y la justicia social y la pacificación del país.

Un segundo nivel tiene que ver con la naturaleza de los delitos. Se trata de fraude procesal, un delito común, que consiste en inducir en error a una autoridad judicial para obtener una decisión en favor de quien impetra la acción en detrimento de su adversario. Quien impetra la acción penal es Álvaro Uribe Vélez ante la Corte Suprema de Justicia, investido de su fuero especial como expresidente y senador y por la calidad de su denunciado Iván Cepeda Vargas, senador, también con fuero especial. El patrón utilizado por el expresidente para lograr la inducción en error, según el fallo de la Corte Suprema de Justicia, es la utilización de los llamados “falsos testigos”, con una particularidad, la inclusión de testigos investigados y juzgados a su vez por paramilitarismo.

No se le pueden indilgar conspiraciones a la Corte Suprema de Justicia por un hecho, una decisión y acción impetrada por el propio Uribe Vélez. El expresidente es procesado porque la Corte se percató del propósito del accionante, la inducción en error al Tribunal y, por esta, razón inició de oficio el proceso penal en su contra.  Tampoco se puede indilgar un acto de conspiración a Iván Cepeda y a quienes el representa porque, en su derecho de defensa y con fundamento en el debido proceso, ha logrado demostrar, hasta este momento procesal, la responsabilidad del expresidente en estos particulares hechos.

Un tercer nivel tiene que ver con los entramados del proceso, un debate de las diferentes realidades del uso del poder que, a su vez, refleja el sistema político, social, económico y cultural que nos sustenta como país y detallado en la propia providencia de la Corte. Se trata de versiones narradas por personas condenadas por delitos atroces del denominado paramilitarismo, donde se trazan relaciones de lealtades y contradicciones nacidas en el seno de los entornos más próximos del expresidente. La utilización de documentos elaborados por los propios defensores de Uribe Vélez y no por los adversarios dentro del proceso, sustentados a su vez en dádivas, que son consideradas por la Corte como otros hechos delictivos, al parecer, también comprometen la responsabilidad penal, en calidad de cómplices, de funcionarios de la Unidad Técnica Legislativa del senador Uribe.

Se hizo evidente un conjunto de hechos provistos de lo que se ha denominado “justicia espectáculo”, trazada por estrategias de medios fundamentada en lo que denominan Estado de Opinión, donde lo que interesa para el ejercicio del poder no es el Estado de Derecho o la administración de justicia sino la inteligibilidad social, fundada incluso en la mentira, el odio y la venganza y que fue demostrada por la propia Corte con la interceptación de los implicados y que devela las estrategias jurídicas y políticas a través de los medios de comunicación. Aquí es importante señalar que son el propio senador Uribe y sus abogados quienes utilizaron los medios de comunicación para sus propios fines y no una conspiración de la Corte mediante medios y periodistas específicos, como lo quieren hacer ver opinadores áulicos del uribismo.

Un cuarto nivel se articula a través del uso del entorno de las relaciones sociales, políticas y económicas del investigado, buscando asimetrías de poder frente a su adversario judicial y ante la propia sociedad, asumiendo la actitud de víctima de sus adversarios, del comunismo internacional y de la izquierda criolla, representada en la Corte Suprema de Justicia. No es fortuito que el expresidente en su primera reacción acuda a su propia familia, invocando las raíces culturales del imaginario de la sociedad colombiana, la familia como núcleo fundamental de la sociedad, basado en lo que algunos teóricos denominan como el poder pastoral, el poder del pastor sobre su rebaño. Al utilizar sus relaciones de poder al más alto nivel del Estado con el Presidente de la República en la cabeza, una acción legítima legal fue presentada al imaginario social como un ataque a la institucionalidad. Se apoyó en una amplia red de medios de comunicación que va desde las revistas, periódicos de alta circulación nacional y regional, noticieros de televisión y radio, hasta el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, para alimentar opiniones políticas basadas en odio, fortalecidas por una red de solidaridades desde el poder económico que, por décadas, ha soportado estructuralmente su historia política.

El quinto nivel de realidad se encuentra en las consecuencias del accionar delictivo de un acto particular, basado en una relación de enemigo convertido en un problema de Estado, donde en realidad no lo hay, pues se trata de volver una historia política controversial en una suerte de inmunidad absoluta puesta por encima del Estado de Derecho, ejemplificado en la figura o metáfora del “Estado soy yo”. Esta pretensión que puede resultar en consecuencias insospechadas, al querer generar una ruptura del Estado de Derecho, destruyendo la independencia de los poderes públicos, apalancado en declaraciones del Presidente de la República, que desdicen de su investidura como Jefe de Estado, con la indebida intromisión del poder ejecutivo en las decisiones del poder judicial, creando a su vez en el imaginario colectivo, la sensación de que lo ocurrido se debió a decisiones arbitrarias de la Corte Suprema de Justicia.

Todo esto se complementa con el trámite perverso de iniciativas de orden político y jurídicas que van desde la concentración del poder en el ejecutivo con reformas que debiliten al poder judicial, pasando por la limitación de derechos civiles y políticos, hasta la profundización de la violencia. Estas iniciativas que, a simple vista, parecen llamamientos desenfocados, en el fondo, hacen parte de estrategias articuladas para generar imaginarios de incertidumbre institucional.

Un último punto tiene que ver con el uso de la situación para crear falsos dilemas, comparando situaciones disímiles, mezclando las consideraciones legales del proceso con la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC y las estructuras institucionales creadas por éste, especialmente la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, trasladando la guerra a los tribunales y torpedeando la búsqueda de la verdad.

Esta situación nos debe convocar a desarrollar pedagogías ciudadanas permanentes para la paz, los derechos humanos y la reconciliación, el fortalecimiento y la construcción de medios de comunicación más comprometidos con la verdad y la información, respetuosos de la vida y la convivencia, y a seguir construyendo un caudal ciudadano para la defensa y fortalecimiento del Estado social de Derecho, la profundización de la democracia, la superación del presidencialismo y el centralismo. En fin, estamos en deuda de promover la emergencia de una sociedad y una dirigencia política respetuosas de la Constitución y la Ley.

*Luis Emil Sanabria, bacteriólogo, docente universitario con estudios en derechos humanos, derecho internacional humanitario y atención a la población víctima de la violencia política. @luisemilpaz

3 COMENTARIOS

  1. El estimado profesor Sanabria no nos podía dejar sin sus Maravillosas reflexiones. Cada vez que lo escucho y leo sus escritos? Lo admiro profundamente,pues el con su gran SABIDURÍA? Nos deleita y nos enseña el verdadero valor del
    ser humano.

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