Ambientalistas denuncian amenazas en Puerto Wilches y piden suspensión de fracking

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Sacado de ESANT

Señores:

Leonardo David Donado Garzón
John Fernando Escobar Martínez
Mario García González
David Neslin
Osmel Manzano
Natalia Salazar Ferro
Carlos Alberto Vargas Jiménez
David Yoxtheimer José
Armando Zamora Reyes

Miembros Comisión Interdisciplinaria Independiente del Fracking en Colombia

Estimados Señores:

En nuestra condición de académicos y conociendo las recientes amenazas adelantadas contra miembros de organizaciones locales en Puerto Wilches, en el contexto de la ejecución del proyecto piloto de investigación integral (PPII), consideramos necesario que todas las personas que en su momento fueron miembros de la Comisión Interdisciplinaria Independiente, expresen sus posiciones sobre si debe o no continuar, en las actuales condiciones de violencia, la ejecución de los PPII. Los señores Gonzalo Andrade, Juan Pablo Ruiz, Manuel Ramiro Muñoz y Diego Rosselli ya han expresado sus opiniones. 

También quisiéramos conocer de ustedes una manifestación pública sobre los comunicados de las siguientes entidades: Foro Nacional Ambiental, Miembros del Congreso de la República, Ecopetrol, Alianza Colombia Libre de Fracking y Ministerio de Minas y Energía. 

Con relación al proceso de construcción del “Informe sobre efectos ambientales (sociales, físicos y bióticos) y económicos de la exploración de hidrocarburos en áreas con posible despliegue de técnicas de fracturamiento hidráulico de roca generadora mediante perforación horizontal” (abril de 2019), a las recomendaciones de esta Comisión, y a la Conversación Nacional convocada por el Gobierno entre diciembre y febrero de 2019, consideramos útil tener en cuenta que:

1. La Comisión Interdisciplinaria Independiente (CII) fue convocada con fines académicos y técnicos y que, en tal condición, propuso la ejecución de unos proyectos piloto de investigación integral (PPII) bajo criterios y condiciones de transparencia, diálogo y activa participación ciudadana.

2. Como ciudadanos y como académicos estamos en la obligación de no guardar silencio, ni permanecer indiferentes frente a cualquier acto de violencia, más aún, si estos actos responden a recomendaciones o propuestas académicas. Sabemos que la violencia en los territorios afecta la confianza y la relación entre Gobierno, empresas y comunidades y que en tales contextos la obtención de la licencia social, recomendada por la Comisión, no es viable.

Quienes suscribimos esta carta compartimos la petición que han formulado al Gobierno Nacional grupos de ciudadanos, congresistas y académicos en el sentido de suspender la ejecución de los PPII y tomar medidas de protección de la vida e integridad de los líderes locales amenazados. La gestión de la licencia social y las demás actividades relacionadas con los PPII solo pueden llevarse a cabo en condiciones de seguridad, paz y controversia civilizada entre los diferentes actores y grupos de interés.  

Cordialmente,

Julio Carrizosa, miembro de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
Ernesto Guhl, miembro de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
Manuel Rodríguez Becerra, profesor emérito de la Universidad de Los Andes.
Manuel Guzmán Hennessey, profesor de la Universidad del Rosario
Gustavo Wilches Chaux, profesor de la Universidad Externado de Colombia
Pablo Leyva, Universidad Nacional de Colombia
Carlos Fonseca Zárate
Elsa Matilde Escobar
Alegría Fonseca
Margarita Pacheco
Hildebrando Vélez
Julia Miranda
Óscar Arango, profesor de la Universidad Tecnológica de Pereira
Marta Cárdenas, miembro del Foro Nacional Ambiental
Guillermo Rudas, miembro del Comité Académico del Foro Nacional Ambiental

Copias a:

Ministerio de Minas y Energía
Ministerio del Interior
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Comisión Quinta Senado de la República
Defensoría del Pueblo
Procuraduría General de la Nación
Ecopetrol

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