Esa cadena perpetua se convierte en un embeleco más de tantos que el Gobierno le está ofreciendo al país.

En Colombia, se volvió a hablar durante meses de una reforma constitucional que estableciese la cadena perpetua como condena a quienes violen y atenten contra la vida de los niños y las niñas en el país. No era la primera vez. Finalmente, el Congreso de la República aprobó la reforma del artículo 34 de la Constitución.

¿Qué es y qué no es esa reforma? Es y se convirtió en una causa política del Gobierno, de muchos sectores y de varios partidos políticos. Se convirtió en lo único para mostrar de agenda legislativa porque, en Colombia, no se aprobó por cuenta del Gobierno, que ya lleva mitad de período, ninguna reforma judicial, ni sanitaria, ni política, ni electoral, ni ninguna que requiera el país.

No le había salido al Gobierno ni la reforma a la Jurisdicción Especial para la Paz, ni a la Ley 1448 de Víctimas, ni muchas otras iniciativas hoy fracasadas. El Gobierno se ha dedicado a actividades y acciones que no le contribuyen en nada al país. Por ejemplo, se dedicó mucho tiempo al tema de Venezuela, al tema de Maduro, al tema de Guaidó, al tema del Grupo de Lima, sin un resultado evidente.
Incluso intentó dañar las relaciones con Cuba para hacer de eso una causa para agradar a los sectores de la derecha nacional.

Colombia hizo parte de ese 1% de los países del mundo en no condenar el bloqueo económico a Cuba y uno de los cuatro o cinco países del mundo en contra de más de 180 en la declaración de Estados Unidos que calificó a Cuba como país colaborador de los grupos al margen de la ley en el caso del terrorismo internacional.

El Gobierno ha manifestado que el gran culpable en Colombia del narcotráfico es el campesino y, por ende, promueve las fumigaciones, a sabiendas que el narcotráfico está más enquistado en los niveles superiores de la economía y de la política y que se está trabajando mucho menos en interdicción y control de las salidas de las toneladas de cocaína que hoy como nunca salen por aeropuertos como El Dorado y por puertos.

Esa cadena perpetua se convierte en un embeleco más de tantos que el Gobierno le está ofreciendo al país. Lo que aprobó el Congreso de la República definitivamente no previene el maltrato a las mujeres ni los abusos a los niños. Por ejemplo, con la creación del delito de feminicidio con altas penas, se pasaron de cien casos en el 2015 a 800 casos después. No se trabajó en la prevención del maltrato a las mujeres, ni en la prevención del abuso.
No existirá una estrategia para evitar que los abusos ocurran; simplemente habrá una supuesta sanción que no se llevará a cabo por lo siguiente.

Primero, se aplicará como lo dice la reforma constitucional de manera excepcional. El juez que la imponga, manifiesta el artículo, dice que podrá y no que deberá. Se impone la cadena perpetua como techo y como medida más grave. Tiene que ser consultada automáticamente ante el superior del juez o del tribunal que tomó la medida. Impuesta una cadena perpetua, a los 25 años tiene que revisarse obligatoriamente como un derecho del delincuente abusador o asesino de niños, con compromiso de resocialización.

Estará celebrando el señor Rafael Uribe Noguera, asesino de la niña Yuliana Samboní, porque hoy tiene que pagar mínimo 43 años efectivamente y podrá pagar, entonces, con esta reforma que lo ampara, 25 años. Esta norma aligeró las cargas de ciertos señores como Garavito. Se manifiesta que tendrá que haber una ley que se aprobará en el próximo año para reglamentar esta reforma constitucional, que sufrirá el análisis de constitucionalidad de la Corte Constitucional.

Por eso, nosotros nos salimos de la discusión porque está viciada y esto lo expresará en su momento la Corte Constitucional. Los fuegos artificiales, los júbilos, los aplausos en la galería y la celebración del mismo Gobierno y de varios sectores de la política colombiana son simplemente manifestaciones de un hecho que no le aportará nada al país.

*Guillermo García Realpe, Senador, @GGarciaRealpe

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