El proyecto de legislación migratoria no es prioridad para el Gobierno. ¿Por qué?

Entre 19,6 y 22,6 millones de personas hacen parte del fenómeno de movilidad humana que enfrenta Colombia. Por ello, sorprende que, al iniciar la legislatura el pasado 20 de julio, el proyecto de ley migratoria que se tramita en el Congreso no figurara en la lista de prioridades del Gobierno ni de los partidos políticos.

La ley migratoria no es sólo un tema que se restringe a la crisis de movilidad humana proveniente de Venezuela, la cual el próximo 19 de agosto cumple cinco años. Deja atrás la falsa creencia que esto es un tema temporal que se resolverá cuando caiga la dictadura chavista de Nicolás Maduro. Ni Maduro cae, ni el tema migratorio se resuelve; por el contrario, la emergencia de salud pública que enfrenta la región le ha permitido al régimen de la Revolución Bolivariana materializar algunas de sus pretensiones totalitarias, mientras la oposición democrática pierde terreno en medio de la desesperación de los sectores radicales que ven, como una única salida, hundir a Venezuela en algún tipo de guerra civil o internacional, sin importarles arrastrar a Colombia en medio de sus delirios.

Algunos creen que el reflujo de venezolanos a su país en medio de la crisis de la COVID-19 es la señal de un cambio en la orientación del fenómeno de movilidad humana. Aquellos que piensan que ha iniciado el regreso a casa de los venezolanos que, ante los cierres de la economía informal por la cuarentena y las medidas de control para enfrentar la pandemia, no tienen otro camino que volver a su país, se equivocan. Por el contrario, la situación en el hermano país es tan calamitosa y la incapacidad para hacer frente a la pandemia es tan grande que se prevé una agudización de la crisis migratoria en los próximos meses. Como si se tratara de un tsunami, el regreso de los venezolanos es el recoger de las aguas de la costa, pero sólo anuncia la llegada de una ola gigante que después lo inundará todo.

La condición de Colombia como un país en movilidad humana tiene otros capítulos que no son menores en los tiempos de pandemia. Entre cinco y ocho millones de compatriotas se encuentran en el exterior; no tenemos claridad de su número porque no se ha realizado un riguroso ejercicio para saber cuántos colombianos viven fuera del país. Hace cinco años, Maduro señaló que la migración colombiana en Venezuela llegaba a los 5,6 millones y las autoridades colombianas repitieron esos datos, a pesar de la poca credibilidad que tiene toda la información que entrega el chavismo.

Así como algunos de los 1,7 millones de venezolanos en Colombia han visto cerradas sus oportunidades en medio de la pandemia, nuestros nacionales en el exterior que son entre tres o cinco veces más también pasan por situaciones similares y, si bien algunos de ellos toman la decisión de regresar al país, la gran mayoría permanecerá en los países de acogida.

De otro lado, la pandemia ha logrado aplacar la violencia que causa el desplazamiento forzoso. Por el contrario, las acciones de los grupos al margen de la ley siguen causando que decenas de familias se vean obligadas a abandonar sus casas para salvar su vida. Los enfrentamientos y la reacomodación de los actores del conflicto continúan en los tiempos del COVID-19 y Colombia tiene el penoso récord de ser el país con la mayor cifra de víctimas de desplazamiento, la cual supera los 7,5 millones de ciudadanos. De hecho, llama la atención como los grupos y organizaciones de desplazados son los que han presentado un comportamiento más solidario con los migrantes y retornados.

Estos últimos, los retornados, son quizás los más invisibilizados de todos los grupos en condición de movilidad humana. Algunos de ellos llevan tanto tiempo fuera o son colombianos de segunda y tercera generación que su regreso o su llegada a Colombia resulta aun más compleja. Sin poder aplicar a las medidas temporales diseñadas por el Gobierno para hacer frente a la crisis migratoria, los retornados tienen profundas dificultades para regularizar su situación. A pesar de los esfuerzos de la Registraduría Nacional del Estado Civil para generar canales de atención en la materia, muchos continúan enredados en nudos burocráticos que los ponen en riesgo. Se estima su número en unos 500.000, pero ésta es quizás la cifra menos fiable de todas.

La situación en la zona de frontera que, a pesar de los cierres y la violencia que ejerce el régimen venezolano contra sus nacionales, aún, por la fuerza de la necesidad, implica el paso de un número importante de seres humanos buscando bienes y servicios para la supervivencia. Más de 12 millones de personas convergen en la frontera binacional en una situación de mutuo movimiento pendular, sin olvidar nuestra otra frontera viva, la del Ecuador, donde la mayoría de la población pendular es de colombianos.

Si bien las leyes no resuelven los problemas, el marco legal sí establece los parámetros para la formulación de las políticas públicas y acciones que permiten hacer frente a los grandes retos que implica un país en condición de movilidad humana. Por ello, sorprende que, dado el entusiasmo que tenía el Gobierno en sus primeros meses frente al tema migratorio, se sumerja en el silencio al inicio de su tercer año y, en medio de lo que implica hacer frente a la crisis del COVID-19, no podemos olvidar la crisis de movilidad humana que hace de Colombia uno de los países con un mayor reto. De hecho, la respuesta integral a los más vulnerables será clave para superar la pandemia y esa respuesta debe dar especial atención a desplazados, retornados, inmigrantes y emigrantes y no solamente a los que provienen de Venezuela sino a todos, incluyendo a nuestros nacionales en Estados Unidos o España.

Si quiere saber más, escuche el podcast Esto no es una frontera, es un río

*Ronal F. Rodríguez, @ronalfrodriguez, profesor e investigador del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario.

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