Todas las entidades del Estado estarán en la obligación de adquirir localmente alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios en un porcentaje del 30% del valor total de los recursos del presupuesto de cada entidad destinados a la compra de alimentos.

En días pasados, la Comisión Quinta del Senado dio trámite, en su tercer debate, al proyecto de Ley 026 de 2019, “Por el cual se establecen mecanismos para promover la participación de la agricultura campesina, familiar y comunitaria en los mercados de compras públicas de alimentos”. Es una noble iniciativa que busca hacer justicia con nuestros campesinos colombianos.

Se busca el fortalecimiento de la agricultura familiar y de las organizaciones campesinas para que tengan mayor rentabilidad en la producción de alimentos, reducción en los gastos de transporte y, por supuesto, aumento en las ganancias de los productores.

Toda esta cadena de buenas prácticas favorecerá la asociatividad de las organizaciones; la planificación y la mejora en los procesos de producción de alimentos serán indispensables a la hora de ofrecer los productos.

Se aprobó una proposición importante, que pasa del 10% al 30% la compra de alimentos en programas institucionales del Estado, es decir, por ley todas las instituciones deberán comprar a las organizaciones de la agricultura familiar, campesina y comunitaria.

Hoy la demanda institucional es de $2,5 billones. A partir de esta norma, todas las entidades del Estado – las entidades públicas del nivel nacional, departamental, distrital, municipal, privadas que operen recursos públicos y sociedades de economía mixta que desarrollen programas en que se ofrezcan o dispensen alimentos – estarán en la obligación de adquirir localmente alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios en un porcentaje del 30% del valor total de los recursos del presupuesto de cada entidad destinados a la compra de alimentos.

Además, deberán, diseñar o adecuar minutas alimentarias y menús teniendo en cuenta el enfoque cultural y los hábitos alimentarios de la población de cada zona geográfica para la compra pública local de alimentos. Todos los menús y minutas deberán priorizar el consumo de productos locales provenientes de los pequeños productores y de productores pertenecientes a la agricultura campesina, familiar, o comunitaria y sus organizaciones solidarias con enfoque diferencial.

El pago de los alimentos adquiridos será de contado y contra entrega del producto para facilitar la dinamización de la economía en las regiones. Hay que advertir también que se harán planes pedagógicos y de seguimiento territorial en aspectos como seguridad y soberanía alimentaria, agroecología y producción sostenible, prevención de pérdida y desperdicio de alimentos, formación en comercio justo y consumo responsable, fortalecimiento en el cumplimiento de normas para la comercialización y manejo de productos alimenticios, organización, gestión, logística, mercadeo, y financiación de proyectos agropecuarios. Se trata de una iniciativa integral que, además de estimular la compra del producto, motivará a nuestros pequeños productores y campesinos a volverse empresarios del campo, a innovar, a generar empleo y a impulsar un relevo generacional.

Entonces, es un avance significativo y un gran paso hacia la justicia social para el campesinado y, sobre todo, para los pequeños y medianos productores, tan golpeados siempre por las malas políticas públicas agrarias.

Otras bondad importante que contempla el proyecto, que está a sólo un debate de ser ley de la República, es que permite la participación de los pequeños productores agropecuarios indígenas, afros o raizales cuyo sistema productivo pertenece a la agricultura campesina, familiar o comunitaria.

Nuestros campesinos, esos doce millones de hombres y mujeres que habitan la ruralidad colombiana y quienes todos los días de sol a sol labran la tierra para garantizar la seguridad alimentaria en los hogares de nuestro país son verdaderos héroes y es momento de retribuirles su aporte a la Nación.

Esta es una iniciativa promovida por la Mesa nacional de compras públicas, integrada por más de 30 instituciones y organizaciones y el programa #MesoAméricaSinHambre, en alianza con el Frente Parlamentario Contra el Hambre, por supuesto, con el acompañamiento valioso de la FAO (Food and Agriculture Organization) en Colombia.

Estaremos atentos al desarrollo del último debate para que esta iniciativa salga adelante de manera exitosa y haga justicia con millones de colombianos cuyo sustento depende del labrado de la tierra en todos los rincones de nuestro país.

*Guillermo García Realpe, Senador, @GGarciaRealpe

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