Contrabando legalizado

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El senador Guillermo García Realpe critica la norma que exime de IVA a los envíos de menos de 200 dólares.

Mientras la mayoría de los países del mundo cierra filas para hacer frente a la crisis generada por la actual pandemia y buscar fórmulas que permitan recuperar la productividad y la empleabilidad, pero, sobretodo, para proteger sus industrias locales, Colombia y su gobierno hacen esfuerzos enormes para todo lo contrario.

Aquí, lamentablemente, siguen insistiendo en proteger a los poderosos, al gran empresariado y a los ricos de este país, sacrificando a los pequeños y medianos empresarios y, también, por supuesto, a la clase media que son la gran mayoría de colombianos.

Son múltiples las salidas en falso del gobierno; se aprovecha de los decretos legislativos para entregar gabelas e incentivos a los grandes y estimular así a un ínfimo porcentaje de a la gran riqueza nacional en materia económica.

Vemos con gran preocupación cómo en el decreto 1090 de 2020 el gobierno nacional sigue dando gabelas arancelarias a la industria internacional, sacrificando el producto nacional. En esta ocasión, la normativa muy bien diseñada para época de pandemia les da grandes ventajas a los fabricantes extranjeros que, desde el pasado 3 de agosto, cuyos envíos a nuestro país vía correo por un monto inferior a los US $200 ya dejaron de estar sujetos al pago de arancel y de IVA. ¡Increíble, pero cierto!

El argumento del gobierno nacional es que está cumpliendo compromisos internacionales pendientes y que es necesario impulsar el comercio electrónico, lo que indudablemente se traduce en una muy seria amenaza al producto nacional y, especialmente, a la industria de nuestro país.

Lo contemplado en el mencionado decreto les abre las puertas a gigantes como Amazon que tienen inundados los mercados internacionales con una cantidad de productos que, para el caso de esta excepción arancelaria, rondan entre 35 y 200 dólares. Es decir, estamos ante una normativa colombiana hecha a la medida de los intereses extranjeros, desplazando a la industria nacional dedicada a la elaboración de productos como zapatos, ropa, electrodomésticos, y otros productos de uso diario también producidos en Colombia y de excelente calidad. Les da a los de allá una ventaja del 19% en competitividad. ¿Y los de acá? Ése es el gran interrogante que aún no logran resolver desde la Casa de Nariño.

Es inadmisible y reprochable desde todo punto de vista que, en momentos en que la industria nacional y cuando nuestros productores, pequeños y medianos empresarios requieren la mano amiga del gobierno, éste les dé la espalda y prefiera privilegiar los intereses externos por encima de lo nuestro, tan golpeado por la actual crisis que vivimos por cuenta de la pandemia.

Cuando más se debiera proteger la industria colombiana para recuperar el empleo perdido en la pandemia, el decreto 1090 de 2020 permite este exabrupto que legaliza el equivalente al histórico contrabando y, por supuesto, allana el camino para el lavado de dólares, como bien lo refiere el columnista Marc Eichman de Vanguardia.

Es evidente que la exención de aranceles y de IVA pone en desventaja a la producción nacional contra la importación de bienes del exterior, pues, aunque lo nuestro no paga aranceles, sí está sujeto al pago de IVA.

Llegó el momento para que el gobierno recupere el camino, restablezca su rumbo y replantee todas estas decisiones contraproducentes para la industria nacional y para el producto colombiano, no podemos ver cómo se sigue protegiendo a la gran empresa internacional y que lo de aquí quede rezagado a migajas presupuestales que se traducen en pañitos de agua tibia, que para nada contribuyen a una solución de fondo.

Nadie entiende esa lógica del gobierno que busca por todos los medios estimular, proteger y favorecer a los empresarios extranjeros y a las multinacionales y, mientras tanto, el producto nacional pasa tragos amargos. Por ese mismo orden, otros sectores, como el agropecuario, hoy están sumados en una enorme crisis. Vemos el caso, por ejemplo, de los papicultores afectados por el bajo consumo, mientras se sigue autorizando la importación de cerca de 60 mil toneladas provenientes de mercados de Europa y Estados Unidos. Nuestros papicultores tienen que salir con sus cosechas a las carreteras nacionales y a los peajes a feriar su producto a precios irrisorios.

Y ni qué decir de los paneleros, los lecheros y demás trabajadores del agro que, a pesar de su aguda situación, nos siguen garantizando la seguridad alimentaria, sobreponiéndose a las circunstancias mezquinas y ruines del gobierno nacional.

A este gobierno le queda poco. No se sintonizó con la realidad nacional, no escuchó el clamor de sus gentes y he ahí los nefastos resultados.

*Guillermo García Realpe, Senador, @GGarciaRealpe

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