El abogado Pastor Murillo explica por qué, en el paso de población afrocolombiana a población NARP – negra, africana, raizal y palenquera – se deja mucho más que una palabra.

Resignificando símbolos y nombres a propósito del “Día de la Raza”

En Colombia, al igual que en muchos países de Hispanoamérica y Estados Unidos, se celebra el “Día de la Raza”. Nunca como ahora dicha celebración había estado marcada por tanta controversia en diferentes países. Confluyen dos discusiones centrales: a) el debate sobre la cuestión de las “razas”, que también comporta el derecho al autoreconocimiento y b) el rechazo a la glorificación de la figura de Cristóbal Colón y a todo lo que significó el genocidio de los pueblos indígenas y el holocausto africano en América. En Los Ángeles, por ejemplo, la celebración del 12 de octubre pasó de ser el Día de la Raza al Día de los Pueblos Indígenas. La cuestión de los afrodescendientes se enmarca en ese contexto histórico.

Tras los grandes flujos migratorios de los últimos años, que en Europa alcanzó su pico más alto en 2015, y su instrumentalización política, al punto que ha revivido muchos de los fantasmas de la Segunda Guerra Mundial, la cuestión de las “razas”, ha vuelto a ser materia de discusión, más que por su significado, por la inconveniencia de su uso, según argumentan quienes piden desterrar dicho concepto de los catálogos jurídicos de algunos países, así como del lenguaje cotidiano. De hecho, Suecia lo retiró de su Constitución Política. Por su parte, en Francia, Alemania y en otros países, el asunto figura en la agenda de los parlamentos.

Desde el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas existe el entendimiento que, si bien es claro que científicamente no existen las razas, se trata de una construcción social que trasciende el ámbito legal y genera consecuencias en la práctica. En mi opinión, raza y racismo son como hermanos siameses. Solo en la medida en que el racismo y la discriminación racial vayan perdiendo fuerza, el concepto de raza entrará en desuso.

Los símbolos caídos

La cuestión de los símbolos ocupa un lugar creciente en la discusión global en torno al racismo y la discriminación racial, tal como quedó evidenciado tras las movilizaciones que comenzaron luego de la “ejecución pública” de George Floyd en Estados Unidos, y que parece haber alcanzado un punto de inflexión, en el reconocimiento de la vigencia de las consecuencias de la trata transatlántica y la esclavitud en los pueblos afrodescendientes en América, Europa y en otras partes del mundo. Durante las movilizaciones por el caso Floyd, y mucho antes, han sido varias las estatuas derribadas, como expresión de rechazo a lo que representan.

En el país, el hecho más reciente se registró el pasado 16 de septiembre, cuando un grupo de personas pertenecientes al pueblo indígena Misak del Departamento del Cauca derribaron la estatua de Sebastián de Belalcázar, erigida en el morro de Tulcán en la Ciudad de Popayán “la Ciudad Blanca”. No se trata de un hecho aislado: la ola revisionista y las demandas de resignificación de símbolos, son asuntos crecientes y, al parecer, irreversibles. 

Más allá de los métodos utilizados, cabe señalar que el derribamiento de estatuas u otros símbolos similares responde al deseo de muchos de llamar la atención sobre la necesidad de una nueva comprensión de la historia; es la demanda de nuevos paradigmas que, entre otras cuestiones, rechaza la glorificación del pasado colonial, esclavista y racista. Es una demanda sostenida de movimientos sociales que buscan un nuevo proyecto de sociedad. Se trata, entonces, de auscultar qué es lo que estamos intentando dejar atrás como humanidad.  

En el país, el derribo de la estatua de Belalcázar no constituye un hecho aislado. Con ocasión de los 500 años de lo que la historia registra como el descubrimiento de América, los pueblos indígenas alzaron su voz y lo rebautizaron como el Encuentro de Dos Mundos.

En Cartagena, los rostros de varias estatuas de conquistadores han sido cubiertas con telas por activistas afrodescendientes. En contraste, como respuesta a conversaciones entre las autoridades locales y líderes palenqueros, también en dicha ciudad se ha dado un proceso de resignificación de símbolos. La plaza Benkos Biohó, el Monumento a Pedro Romero, la Plaza Joe Arroyo y el monumento a las palenqueras dan testimonio de ello.

En Cali, en el marco de la Cumbre Mundial de Alcaldes y Mandatarios Africanos y Afrodescendientes, realizada en el año 2013, el alcalde Rodrigo Guerrero acogió la iniciativa de Oscar Gamboa, organizador de dicha cumbre, y erigió un monumento a Alexandre Petión, considerado una figura clave en la independencia de Colombia, en tanto le proporcionó ayuda al libertador Simón Bolívar. En 2018, la foto de Juan José Nieto, considerado el único presidente negro de Colombia, fue fijada en el Salón de los Presidentes del Palacio de Nariño, en ceremonia solemne, tras un proceso de visibilización promovido por la Fundación Color de Colombia. Igualmente, mediante Decreto 3850 de 2009, el Gobierno nacional dispuso el traslado a Camarones, La Guajira, de los restos de Luis Antonio Robles, el primer afrocolombiano en llegar al Congreso de la Republica, labor que se realizó gracias al liderazgo del exministro Amylkar Acosta.

Muchos colombianos aún ignoran lo que representan, para la historia del país, figuras como Benkos Biohó, pese a que plumas tan autorizadas como la del General Manuel José Bonnet Locarno hayan dado cuenta de su destacada figura. De igual manera, Oscar Maturana, en su libro Afrodescendientes en la Independencia, documenta y rinde honores a varios de los símbolos afrodescendientes de la independencia, incluidos el General y Almirante José Prudencio Padilla, el General José Manuel Antonio Piar, el Negro Camejo o Negro Primero, la Negra Matea – La libertadora del Libertador – y el propio General Rondón con sus catorce lanceros.

De cara a la conmemoración de los 170 años de la abolición legal de la esclavitud en Colombia, el próximo 21 de mayo de 2021, existe la expectativa de que el Gobierno nacional destaque los símbolos afrodescendientes, cuestión que se echó de menos con ocasión del Bicentenario de la República. El Gobierno tiene la oportunidad de impulsar una conversación nacional en frío, con voceros representativos de los pueblos indígenas, afrodescendientes y otras partes interesadas, que favorezca un diálogo constructivo en torno a la cuestión del pasado.

Desde el movimiento social afrocolombiano, también se ha venido reclamando de manera sostenida la necesidad de dar pleno cumplimiento a los mandatos de la Ley 70 de 1993 que, entre otras medidas, obliga al Estado a garantizar una educación equitativa y formativa de las sociedades y culturas de dicha población, incluso mediante el establecimiento de una cátedra de estudios afrocolombianos.

Afrodescendientes o afrocolombianos: reivindicando una auto-adscripción política

Ligado al debate en torno al concepto de raza y su uso, así como al tema del racismo, está la discusión sobre las diversas denominaciones con que se nombra a los africanos y sus descendientes y, para el caso de Colombia, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.  Sin duda, estas denominaciones constituyen una construcción social y política de gran importancia, desde la cual un grupo social, en este caso los afrocolombianos, nos autodefinimos en relación con su historia y su proyecto de vida individual y colectivo en el contexto de la sociedad a la que pertenecemos.

Por otra parte, el concepto afrodescendiente se tornó universal tras la Tercera Conferencia Mundial sobre Racismo, Discriminación Racial, Xenofobia y demás formas conexas de intolerancia, realizada en Durban, Sudáfrica en el año 2001. En efecto, la citada conferencia estuvo precedida de cinco conferencias regionales preparatorias, incluida la de las Américas, realizada en Santiago de Chile en el año 2000. Entre las principales reivindicaciones de los “hijos de las víctimas que sobrevivieron a la trata transatlántica de esclavos y sus migraciones posteriores”, estuvo la de demandar ser auto-reconocidos como afrodescendientes. De hecho, las delegaciones colombianas tanto de la sociedad civil como la gubernamental jugaron un importante rol a este respecto.

De acuerdo con la Conferencia de Durban, se denomina afrodescendiente “aquella persona de origen africano que vive en las Américas y en todas las zonas de la diáspora africana por consecuencia de la esclavitud habiéndoseles denegado históricamente el ejercicio de sus derechos fundamentales”. También denota a todos los grupos identificados como negros, mulatos, morenos, zambos, trigueños, niches, prietos, entre otros; algunos hacen parte de los eufemismos recreados en contextos de racismo.

No se trata de un asunto menor. Tras dicho reconocimiento los afrodescendientes fueron reconocidos como sujeto colectivo de derecho internacional, considerado en su sentido más amplio, y comenzó a edificarse toda una arquitectura jurídica e instruccional, internacional y nacional, que hoy se refleja en varias Resoluciones de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, entre otras instancias, que tiene implicaciones en el ámbito de la reparación histórica. Varios países están avanzando en el reconocimiento de derechos colectivos. Colombia ya había dado un paso en esa dirección tras la Constitución Política de 1991 y la Ley 70 de 1993.

No obstante, más recientemente, existe una tendencia creciente en la institucionalidad- el Departamento Nacional de Estadísticas – DANE – y el Ministerio del Interior, e incluso en sectores sociales afrocolombianos que, quizá, con una lógica facilista, y en detrimento de la construcción histórica, se han dado en agrupar la diversidad afrodescendiente de Colombia en la denominada población “NARP” (negra, africana, raizal y palenquera) con la cual han sustituido la denominación afrodescendiente o afrocolombiano, en sus diferentes auto-adscripciones y diversidad interna, que incluye al pueblo de San Basilio de Palenque, el pueblo raizal y las comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993.

Esta ocasión histórica de resignificación y deconstrucción de conceptos y símbolos asociados al racismo y al colonialismo, parece propicia para auscultar las posibles implicaciones de la institucionalización de la denominación NARP para simplificar las referencias a la diversidad de los afrodescendientes en Colombia.

En primer lugar, cabe resaltar que Colombia aún parece estar muy lejos de capturar con rigurosidad a la población afrocolombiana.  Tras el censo de 1993 que arrojó una población de alrededor de 500 mil personas, correspondientes al 1.5% del total nacional, el censo de 2005, dio cuenta de un 10.5%, por autoreconocimiento, con lo cual se abrió una ventana de esperanza que se esfumó luego de la publicación de los resultados del Censo Nacional de Población de 2018 que arrojó una disminución de un 30.8% de la población afrodescendiente, con respecto al censo de 2005.

Si bien el DANE optó por tomar como dato oficial los 4,671,160, basado en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida de 2019, lejos de resolver el problema, con dicha medida el DANE reconoció que los datos arrojados por el censo no soportan el rigor científico, si se consideran los nacidos vivos, las actas de defunción y los registros de migración.  Esto afecta gravemente los derechos de dicha población y se reflejará en muchos ámbitos, incluida la asignación de recursos, incluso cuando éstos se encuentren soportados en el enfoque diferencial.

Por tanto, las consecuencias de las fallas del censo de 2018 para la población afrodescendiente solo podrán subsanarse con el próximo censo, sin perjuicio de los nuevos desafíos que deberá afrontar dicho proceso, incluidos los asociados a la confusión que en los procesos de autoreconocimiento de los afrocolombianos genera la nueva denominación “NARP” con la que el DANE y el Ministerio del Interior designan a los afrodescendientes y los propios concernientes a la interlocución con los voceros afrocolombianos, que no son menores. En efecto, el espacio nacional de consulta está en mora de dar cuenta de su rol en el fracaso del censo de 2018.

En segundo lugar, en el marco de los principios definidos en la Constitución Política de Colombia 1991, que reconoce la diversidad étnica y cultural de la Nación, corresponde a la institucionalidad del Estado respetar la autodeterminación de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, que a través de procesos de organización y movilización social se autodefinen como tales.

En el ámbito internacional, cabe resaltar que Colombia ha suscrito diversos instrumentos y mecanismos internacionales que han adoptado el concepto de afrodescendiente, los cuales comportan el derecho al autorreconocimiento.

*Pastor Elías Murillo Martínez, abogado, consultor, ex vicepresidente del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, CERD, de las Naciones Unidas.

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