About The Author
La Audiencia Nacional de España está criminalizando el uso público de la razón.
Pablo Hesél, un rapero español condenado por una serie de trinos en los que cuestionó algunas instituciones del Estado, ha desatado una fuerte controversia en el país ibérico, pues su captura generó multitudinarias concentraciones y protestas de jóvenes en las que hubo violentas agresiones entre la policía y los protestantes. No es mi intención detenerme aquí en el arresto de Hesél para debatir si son legítimos o no los actos de violencia de la policía o de quienes se manifestaban en favor del músico. Me gustaría aprovechar este insólito fallo para pensar, de manera más general, las diferentes actuaciones de la Audiencia Nacional de España en las cuales se asoma una tendencia a juzgar y condenar a los ciudadanos por tener opiniones controvertidas sobre el Rey, el Estado y, en ocasiones, hasta sobre el franquismo.
Comencemos por el caso de Josep Miquel Arenas, más conocido como Valtònyc, quien, el 22 de febrero de 2017, fue condenado por el Tribunal de la Audiencia Nacional a tres años de cárcel. Según la sentencia, algunos versos de sus canciones son formas de “enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona y amenazas a Jorge Campos, presidente de la asociación Círculo Balear” (Público, 2018). Versos como “Jorge Campos merece una bomba de destrucción nuclear”, el cual, sacado de contexto, puede ser pensado como una seria amenaza al político español Jorge Campos. En una canción, no pasa de ser una hipérbole, es decir, el uso normal de una figura retórica en una expresión artística. Otro de los versos que fue tomado en cuenta por los jueces, que lo clasificaron como injuria a la corona, fue el siguiente, que aparece en su tema “Tuerka rap”:
“El Rey Borbón y sus movidas no sé si era cazando elefantes o iba de putas, son cosas que no se pueden explicar, como para hacer de diana utilizaba a su hermano, ahora sus hermanastros son los árabes y les pide dineritos para comprar armas, le hacen hacer la cama y fregar los platos y de mientras Doña Sofía en un yate follando y eso duele claro que sí”
Como se observa nuevamente, nos referimos aquí al uso de metáforas para referirse a hechos por todos conocidos, como la cacería de elefantes del Rey emérito en un momento muy difícil para la economía española. Igual de públicos son los romances del Rey o sus relaciones con la muy poco democrática monarquía árabe.
Pablo Hesél recibió una condena de nueve meses de prisión por mensajes publicados en redes sociales como los siguientes:
“El mafioso del Borbón de fiesta con la monarquía saudí, entre quienes financian el ISIS queda todo”
También se refiere a la policía en mensajes como: “Ahora van de lloricas los antidisturbios cuando han golpeado y torturado siempre a miles y miles de personas, han desahuciado a porrazos”. Además de estos mensajes, ha compuesto y cantado una canción que cuestiona a la monarquía titulada “Muerte a los borbones”. Si bien algunas de las opiniones expresadas por Hesél sobre la lucha armada son bastante discutibles, pues trivializan por completo la violencia política, no es por tales declaraciones que se le condenó, sino por sus mensajes en redes sociales. Lo que vemos nuevamente es que se juzgan los trinos de un ciudadano que comenta de forma crítica las actuaciones de quien fuera el jefe de Estado y los abusos de la policía.
El caso de Cassandra Vera Paz se remonta a 2017, cuando la Audiencia Nacional la condenó a un año de cárcel por publicar en su cuenta de Twitter algunos chistes de Carrero Blanco, el político español asesinado por ETA en 1973. En ese momento, la Audiencia Nacional consideró que las burlas de Vera “suponen desprecio, deshonra, descrédito, burla y afrenta a personas que han sufrido el terrorismo y sus familiares” y, si bien Carrero Blanco fue víctima de una acción terrorista, también debe señalarse que este político y militar había sido elegido por Francisco Franco para sucederlo en el poder. Un chiste sobre Carrero Blanco, más que una burla al individuo y a su familia, es un rechazo a la dictadura franquista. En ese caso, un año después, en 2018, el Tribunal Supremo absolvió a Vera de esta condena.
Como vemos, ni Hesél, ni Valtònyc, ni Vera son personas con intenciones de formar grupos terroristas o alentar a otros para que los formen, como podrían sugerir sus condenas; esto son sujetos juzgados por sus opiniones políticas. Esto se hace evidente al observar que aquello que se juzgó no fue otra cosa que un puñado de versos y trinos, opiniones y expresiones artísticas en las que se lanzan fuertes cuestionamientos a instituciones del Estado como la policía y la monarquía, algo completamente legítimo en una democracia.
Se puede contraargumentar señalando que la libertad de expresión tiene un límite y las injurias a cualquier ciudadano y expresamente a la Corona son consideradas como delitos, por lo cual la Audiencia Nacional sólo estaría haciendo cumplir la ley. Sin embargo, si lo que estos españoles han dicho sobre la familia real se considera injurias a la Corona y los chistes sobre Carrero Blanco son indolentes ofensas a sus familiares, entonces gran parte de la población española debería correr similar suerte pues, en el caso de la Corona, el material que se ha juzgado no dice nada que no esté también, de forma ampliada, en la prensa. Solo con hacer una pequeña consulta es posible ver que en los últimos años las noticias que relacionan a Carlos de Borbón con paraísos fiscales, amantes o mandatarios árabes de cuestionable reputación han sido bastante frecuentes. En el caso de los chistes sobre Carrero Blanco, más allá de que puedan ser juzgadas como burlas de mal gusto, no son otra cosa más que chistes con contenido político, expresiones populares que la población usa habitualmente como forma de resistencia pacífica al poder.
Por supuesto, no se trata de pedir una condena para la prensa, la cual está cumpliendo con su rol social al informar sobre el que fuera el jefe de Estado y su familia y mucho menos se aboga por una constante vigilancia sobre el humor político. Lo que se busca es subrayar que aquello que se juzgó en estos casos fue la opinión y, por lo mismo, lo que se condena con esos fallos es el derecho que tiene un ciudadano a hacer públicas sus críticas y cuestionamientos al Estado. En términos kantianos, podríamos decir que lo que ha criminalizado la Audiencia Nacional de España es el uso público de la razón, el cual como lo señalaba el filósofo alemán es la tarea del hombre ilustrado.
*Érika Castañeda Sánchez, filósofa (PUJ), con maestría en Estudios Culturales (PUJ), dedicada a la docencia universitaria en campos como la argumentación, la semiótica y la filosofía.
Bibliografía
El Correo. (02 de 2021). Estas son las letras y los mensajes de Twitter por los que el rapero Pablo Hasél fue condenado. Obtenido de El Correo
Público. (29 de marzo de 2017). Los 13 tuits por los que ha sido condenada Cassandra a un año de prisión. Obtenido de Público
Público. (20 de febrero de 2018). Estas son las frases y versos por los que Valtonyc irá a prisión tres años y medio. Público. Obtenido de Público
Autor
La libertad de expresión tiene un lado oscuro que confunde la respetabilidad de las opiniones con la del derecho a expresarlas. Y usted, Sra. Érika, ha obviado deliberadamente que cualquier Derecho Democrático, como puede ser la Libertad de Expresión, termina allí donde comienzan otros derechos de rango superior, como son: El derecho al honor, El derecho a la integridad física y el Derecho a la Vida.
En España, la libertad de expresión es un derecho protegido por la Constitución. Aquí todos los días se lanzan críticas feroces contra cualquier político, contra el Gobierno de turno, contra la Monarquía o contra quien sea, y nunca se detiene a la gente por ello.
A Hassel, se le juzga y se le detiene: Por instigación al odio; Por animar a los que le escuchan a cometer asesinatos; Por aplaudir los asesinatos que cometieron grupos terroristas como ETA y los GRAPO, grupos que sembraron este país de terror y sangre, con más de 1000 personas inocentes asesinadas a sangre fría, otras tantas familias destruidas y niños huérfanos; Se le condena, por desear ante multitudes enfervorizadas y ciegas de violencia, la muerte de ciertas personas con nombre y apellidos (y familia). Esto, en España, y en cualquier país medianamente civilizado, son DELITOS.
Ser Filósofa la obliga a conocer lo que es el Derecho y la Justicia; dos conceptos que van de la mano y que han acompañado desde sus orígenes a la Filosofía. Y por alusiones a Kant acerca del uso público de la razón como tarea del hombre ilustrado, le diré que cuando Kant incitaba al uso de la razón, se refería a una razón sujeta a la ética, entendida esta como el código de normas que debe cumplir obligatoriamente todo el mundo para hacer posible la vida social. Este código de normas es el que no ha cumplido Hassel y por eso se le condena.
Por finalizar y a modo de consejo, le invito a que antes de opinar de cualquier tema se informe bien, pues como diría Ortega y Gasset “para buscar la faz verídica de las cosas, es necesario desprenderse del propio punto de vista sentimental e ideológico”. Usted ha basado su artículo en la información de dos diarios totalmente imparciales que representan la misma doctrina de P. Hassel. Y quien se informa y pretende a la vez informar, nutriéndose solo de lo que se publica en los medios de comunicación afines a una causa, siempre cae en el error de seguir el juego a la manipulación o poner de relieve sus propios prejuicios.
La libertad de expresión tiene un lado oscuro que confunde la respetabilidad de las opiniones con la del derecho a expresarlas. Y usted, Sra. Érika, ha obviado deliberadamente que cualquier Derecho Democrático, como puede ser la Libertad de Expresión, termina allá donde comienzan otros derechos de rango superior, como son: El derecho al honor, El derecho a la integridad física y el Derecho a la Vida.
En España, la libertad de expresión es un derecho protegido por la Constitución. Aquí todos los días se lanzan críticas feroces contra cualquier político, contra el Gobierno de turno, contra la Monarquía o contra quien sea, y nunca se detiene a la gente por ello.
Al Sr, mejor dicho, al “gamberro” Hassel, se le juzga y se le detiene: Por instigación al odio; Por animar a los que le escuchan a cometer asesinatos; Por aplaudir los asesinatos que cometieron grupos terroristas como ETA y los GRAPO, grupos que sembraron este país de terror y sangre, con más de 1000 personas inocentes asesinadas a sangre fría, otras tantas familias destruidas y niños huérfanos; Se le condena, por desear ante multitudes enfervorizadas y ciegas de violencia, la muerte de ciertas personas con nombre y apellidos (y familia). Esto, en España, y en cualquier país medianamente civilizado, son delitos.
Ser Filósofa la obliga a conocer lo que es el Derecho y la Justicia; dos conceptos que van de la mano y que han acompañado desde sus orígenes a la Filosofía. Y por alusiones a Kant acerca del uso público de la razón como tarea del hombre ilustrado, le diré que Kant incitaba al uso de una razón sujeta a la ética, entendida esta como el código de normas que debe cumplir obligatoriamente todo el mundo para hacer posible la vida social. Este código de normas es el que no ha cumplido Hassel.
Por finalizar y a modo de consejo, le invito a que antes de opinar de cualquier tema se informe bien, pues como diría Ortega y Gasset “para que buscar la faz verídica de las cosas, es necesario desprenderse del propio punto de vista sentimental e ideológico”. Usted ha basado su artículo en la información de dos diarios totalmente imparciales que representan la misma doctrina de P. Hassel. Y quien se informa y pretende a la vez informar, nutriéndose solo de lo que se publica en los medios de comunicación afines a una causa, siempre cae en el error de seguir el juego a la manipulación o poner de relieve sus propios prejuicios.