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El gobierno aprovechará el rompimiento del convenio con Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, que relaté en Más trizas a la paz, para profundizar la relación con la Organización de los Estados Americanos – OEA – . La Fundación Panamericana para el Desarrollo está de favorita para reemplazar a la presencia ‘onusiana’.
“La FUPAD fue la primera organización no gubernamental que se estableció por una organización multilateral”, dijo José Miguel Insulza, Secretario General de la OEA, en 2005. Afiliada a la OEA, fue creada hace 58 años para trabajar con los sectores públicos y privados, se identifica como una entidad no-gubernamental internacional sin ánimo de lucro, opera en Colombia desde 2000 y ha tenido contratos con todos los gobiernos desde entonces. El Secretario General de la OEA funge como el presidente honorario de su junta directiva
Presta servicios de toda índole y, por eso, sus contratos van desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos a la Agencia Nacional de Tierras a Empresas Públicas de Medellín, pasando por varios ministerios y embajadas. Durante el gobierno de Uribe, la FUPAD alcanzó a tener una veintena de oficinas regionales para atender el desplazamiento interno con fondos de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional – USAID – y Acción Social. Los informes de gestión para 2018 y 2019 no están publicados en la página web www.fupad.org, pero varios se pueden encontrar con una simple búsqueda.
Esta fundación tiene una larga experiencia en Colombia y, como lo muestra la memoria económica publicada abajo, parece una ONG exitosa y próspera. No habría habría dificultades para otorgarle un contrato vía adjudicación directa como se está pensando hacer; el convenio de UNODC tampoco pasó por licitación.
El problema no reside en la FUPAD sino en la persistencia de este Gobierno para destruir lo construido. El Gobierno no hace; deshace.
¿Puede un país que lucha contra el narcotráfico darse el lujo de romper los compromisos asumidos con antiguos cocaleros y recolectores? Lo importante consiste en garantizar la implementación sin interrupciones del Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS – . Hoy, el programa está padeciendo de demoras como incumplimiento en los pagos a las familias y ausencia de proyectos productivos. Se requiere formalizar la elección del nuevo operador cuanto antes.
A la UNODC se le reprochan los altos costos operativos y los pesados procesos burocráticos. Es la presencia de ONU en Colombia con mayores cobros administrativos; un 13% se debe mandar a Viena, la sede, y un porcentaje adicional se cobra para la oficina en Bogotá. Tampoco se puede afirmar que, del lado de la UNODC, todo andaba como reloj suizo.
¿Vale la pena el cambio? Lo dudo y sospecho que las razones son de corte político más que técnico.
El gobierno de Uribe pactó con la OEA la verificación del proceso de desmovilización de las autodefensas, eso sí, la verdad sea dicha, por falta de interés de Naciones Unidas y, de ahí en adelante, la confrontación con el sistema de la Organización aumentó. El Gobierno de Duque se tomó en serio el ejercicio de volver al pasado: hoy desechamos a una ONU, que mal que bien está operando, por una ONG vinculada a la OEA, que deberá diseñar e implementar procesos desde cero.
No importa quién lo haga mientras se haga, dicen algunos. Amanecerá y veremos.
2.-MEMORIA-ECONOMICA.pdf*Laura Gil, @lauraggils, internacionalista, directora de La Línea del Medio
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