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Hace unas semanas, Camilo Delgado compartía en una columna la preocupación de una educación en el que las mujeres son ‘ganado’ a la orden de sus compañeros estudiantes, en el ‘Fedegán’ de la Nacional, pero la realidad para las estudiantes mujeres en Colombia y muchos otros países es que también están a merced de docentes y administrativos de universidades públicas o privadas o de educación básica y media.
Un maestro, el profesor Luis Miguel Bermúdez, ha decidido enfrentar esta situación en la localidad de Suba con un programa de enseñanza en educación sexual, acompañando el proceso de aprendizaje de los jóvenes sobre qué es correcto, y qué no lo es, en el trato con nuestros cuerpos; este proyecto en el aula encontró a muchas niñas que empiezan a llorar en clase al entender que las formas ‘naturalizadas’ de relacionamiento con sus familiares cercanos y ‘amigos’ son realmente prácticas de acoso y abuso sexual ejercidas contra ellas, primariamente. Este es un primer paso para entender la realidad y necesidad de abordar socialmente este problema, claro está, y, al hacerlo el profesor Bermúdez se ha convertido en blanco de amenazas.
De otra parte, no cabe duda de lo vital que son la denuncia y el movimiento de muchos colectivos de mujeres, que están buscando sumar fuerzas para revertir lo que es una situación generalizada en las universidades e instituciones de educación superior en Colombia contra estudiantes, empleadas y docentes mujeres. Pero ésta es una verdad que se calla, que se esconde a nivel institucional: la realidad diaria es convivir con un grupo de directivos, docentes, administrativos y estudiantes quienes constantemente acosan, violentan y violan a sus compañeras de trabajo o estudio dentro de los escenarios ‘educativos’ y en los cuales las instituciones solo se preocupan por esconder o re-victimizar; peor aún, esta situación, a los ministerios de educación, trabajo, interior y demás responsables de política en este país no les importa (como la mayoría de los problemas que ‘no dan plata’).
En esta lucha contra el abuso, el máximo logro que se obtiene por parte de quienes denuncian a estos docentes y administrativos es lograr que “no le renueven el contrato” el próximo periodo (lo que hace que salten a depredar a otro lado) y, en algunos otros casos, que se sientan amenazados en sus prácticas y se “calmen” por un rato. Pero la realidad es que todos los encargados de abordar esta problemática prefieren mirar para otro lado.
Algunos pocos relatos que ejemplifican estas ‘políticas’ de las instituciones son:
- en un colegio femenino, la estudiante que ha sido violada no vuelve y simplemente la rectora echa al docente sin ninguna denuncia o investigación porque eso demostraría que todas están en riesgo y daña la imagen pública del colegio; es preferible dejarlo como un ‘incidente’.
- en un instituto de validación de bachillerato, el dueño le dice a la aspirante que no se preocupe en asistir a alguna clase, que simplemente él necesita que lo “ayude” y ella obtiene el cartón, porque en el fondo lo que hay montado es solo un negocio.
- en un pre-universitario, la charla de bienvenida del coordinador es: “está bien si se las comen, pero no las embaracen, no sean hp”, a lo que todos los futuros abusadores responden riendo; la institución está advirtiendo que no volverán a contratar a quienes las dejen embarazadas… pero la violencia sexual no es un problema.
- a un decano de una universidad, se le dice “es que las estudiantes dicen que ‘arreglan’ la nota con él”, y él solo se sonroja y todos los docentes lo miran riendo y recordándole un “usted sabe”, porque el poder emanado del cargo lo hace estar por encima de las normas y nadie va a controvertir esto.
- cuando se confronta a un docente y él dice: “a mí que me lo demuestren porque las estudiantes son manipuladoras”, porque entiende que la violencia sexual que ha ejercido la puede seguir ejerciendo de forma verbal o sicológica, y siempre va a tildar a las mujeres de mentirosas, manipuladoras, y la institución no va a hacer nada (como efectivamente sucedió).
- al presentar una denuncia contra un directivo de una universidad, la jefe jurídica confiesa tener un amplio archivo de denuncias de violencia sexual sin investigar por parte de empleadas contra él y, en el caso presentado, él lidera un grupo de tres docentes encargados (uno de ellos trabaja en la Defensoría del Pueblo) de “pasarse” a las estudiantes que aceptan tener sexo para arreglar una nota en sus asignaturas de derecho; al directivo simplemente lo aíslan, lo protegen, a uno de los docentes no le renuevan contrato, y al otro le cambian obligaciones (porque vale más el convenio con la Defensoría).
- ante otras denuncias, una vicerrectora dice: “déme las pruebas” con lo que claramente dice: “yo no voy a investigar nada”, “no me interesa ese problema”.
- una rectora termina concluyendo: “pues cambiemos a los docentes hombres por mujeres”.
Es un país de cultura traqueta en el que se desconocen los mínimos de conducta ética y las personas viven en el terreno de “quién tiene la razón” (lo que se traduce en “quién tiene el poder” o se mueven en el espacio del “todo vale”), (lo que se traduce en “yo solo hago caso porque conservo mi empleo”), es claro que para los generadores de política y para los dueños de la educación que la misma es solo un mercado en el cual la ‘vitrina sexual’ sigue siendo rentable. Más aún, destaca en la lista que he compartido arriba que la mayoría de casos a investigar han sido manejados por mujeres, las cuales no tienen la más mínima de solidaridad de género sino que, por el contrario, reconocen que los hombres ‘se comportan así’, pero son solo ‘casos’.
A nivel global, es claro que no son ‘casos’ sino una cultura que es urgente, es absolutamente necesario, cambiar y eso solo se puede al establecer unas políticas claras, transparentes, donde la educación responda a un primer mínimo requerido: “Una educación que proporcione espacios educativos seguros, libres de acoso/abuso sexual, de abuso/acoso verbal y físico”, respondiendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible número 4 Educación de calidad, número 5: Igualdad de género, y que contribuirá al número 10: Reducción de las desigualdades.
Aun cuando parezca tonto y vaya en contra de lo que muchos proclaman, si al menos nuestras instituciones educativas fueran unas ‘guarderías’, no estaríamos tan mal como país. Básicamente, necesitamos un movimiento social que construya una educación en la que en la escuela no te abusen por el hecho de ser mujer, joven o vulnerable. Como propuesta, la Universidad de California ha desarrollado y publicado hace un par de meses un documento de política que puede ser base para nuestro sistema educativo, si existiera algo de voluntad para enfrentar el problema.
* David Camargo, docente asociado Universidad Antonio Nariño, científico analista de datos, asesor en políticas públicas con doctorado en el área de reconstrucción centrado en consecuencias de la guerra sobre la propiedad de la tierra.
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