Han pasado ya tres años desde que el polémico exministro Fernando Londoño gritó a los cuatro vientos, durante la convención nacional del Centro Democrático, que el primer desafío de ese partido “será el de volver trizas ese maldito papel que llaman Acuerdo Final con las FARC, que es una claudicación y que no puede subsistir”. Pareciera que el tiempo le está dando la razón.

Su frase, que se volvió viral y que tanto resuena aún en los medios, tuvo eco en varios sectores de su partido y, especialmente, en esa ala radical del uribismo tan amiga de la política de guerra que, desde entonces, no ha cesado en su búsqueda intensa de hacer a como dé lugar “trizas la paz”.

Gradualmente, lo están logrando. Todo lo acordado en La Habana bajo el entonces gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las FARC ha venido en declive durante el gobierno del presidente Iván Duque.

Los programas y planes de inversión del posconflicto se han quedado a medias, son muy pocos los avances en esta materia, la inversión no es la esperada y la legislación es lánguida. Para implementar totalmente el Acuerdo de Paz se requiere de 107 leyes y, solo se han promulgado 66, de las cuales tan solo cuatro han sido tramitadas en el gobierno del Presidente Duque. De las 36 normas que se necesitan para lograr una verdadera reforma rural integral, sólo han sido expedidas 15.

En materia de derechos humanos y garantías a la vida tampoco se pasa el examen, según un informe de la Defensoría del Pueblo, desde la firma del acuerdo final hasta el 30 de abril de este año, han sido asesinados 515 líderes sociales, en departamentos como Cauca (23,3%), Antioquia (13,7%), Norte de Santander (6,6%), Valle del Cauca (6,4%), Putumayo (5,6%), regiones que concentran casi el 56% de estos homicidios. De los últimos cuatro años, 2020 ha sido el más violento para los líderes sociales, con una tenebrosa estadística de 63 asesinatos. Otra cifra maneja INDEPAZ, que asegura que los asesinatos a líderes sociales ascienden a 971 con corte a julio de este año, mientras que los homicidios a excombatientes alcanzaron los 210.

Esos mismos excombatientes que entregaron sus armas y le apostaron a la paz, ahora viven una decepción generalizada y las cifras así lo demuestran. El 71.3% de los reinsertados a la vida civil no se encuentra vinculado a un proyecto productivo, sólo el 12,1% cuenta con proyectos colectivos y un 16,6% ha recibido apoyo para proyectos individuales, lo que refleja un avance de 1.5 puntos porcentuales con relación a lo reportado a enero del presente año.

En materia de inversión, las cuentas tampoco cuadran. De los $4,67 billones que se deberían estar ejecutando en los municipios donde más se vivió la guerra y los más afectados por la pobreza, sólo se está ejecutando el 1,52% de lo que se necesita para cumplir el Acuerdo de Paz.

Del rubro asignación “paz”, que se financia con fuentes de regalías solo el 51,7% se está dirigiendo a los municipios PDET – Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial. –  . El 18,3% se dirige a las ZOMAC  – Zonas Más Afectadas por el Conflicto – y el 29,9% se dirige a otros municipios, lo que constituye una abierta violación al artículo 2 y 3 del Decreto Ley 413 de 2018 y el artículo 2 del Decreto 1426 de 2019.

Lo peor de “hacer trizas la paz” es que volvió el baño de sangre. Departamentos como Nariño y Cauca y regiones como el Catatumbo en Norte de Santander, los Montes de María y el Bajo Cauca antioqueño son testigos mudos de cómo sus territorios se convirtieron nuevamente en blanco de los violentos y escenarios de muerte, terror y desolación.

No es un secreto que las noticias no son alentadoras. En los últimos días los titulares solo hablan de sangre, masacres, desapariciones, el narcotráfico incontrolable, en fin, un ciclo repetitivo de muerte y guerra. Mientras tanto, el alto gobierno y el presidente mirando para otro lado, preocupado por si Venezuela compró misiles a Irán o si ese país compra armamento a Rusia o Bielorrusia. En tanto, los graves problemas nacionales se agudizan y los ciudadanos a merced de la pandemia y la desatada ola de inseguridad nacional.

En lo que respecta a Nariño, ya hicieron trizas la paz. ¿Lo harán con el resto del país?

*Guillermo García Realpe, Senador, @GGarciaRealpe

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