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El peor escenario del proyecto de Hidroituango es que no se concluya; lo que está en juego es la seguridad energética del país. ¿Cuándo concluirá el proyecto?, pregunta el exministro de minas y energía Amylkar Acosta.
Tomó muchos años la gestación del megaproyecto de la central de generación de energía HIDROITUANGO, aprovechando el caudal y la torrentera del río Cauca, el segundo en importancia del país después del río Magdalena, para represarlo, embalsarlo y alimentar las turbinas de sus ocho unidades, cada una con capacidad de generación de 800 MW de potencia. Fue sólo en el año 2010 cuando la Sociedad Hidroituango, cuyos mayores accionistas son el departamental Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) y las EPM de Medellín, suscribió con esta última el contrato BOOMT (Build, Operate, Own, Maintain and Transfer, por sus siglas en inglés), para su construcción y puesta en operación. Este doble rol de EPM, de socio y, a la vez, desarrollador del proyecto, que la lleva a tener su pensamiento dividido, torna complejo el proceso de toma de decisiones en los asuntos más críticos de la ejecución del mismo.
EPM, por su parte, firmó los tres contratos principales para su ejecución con los consorcios liderados por la firma INTEGRAL, con otro liderado por INGETEC y finalmente con el encabezado por CCC, para la asesoría y diseños del proyecto, la interventoría de las obras y la construcción propiamente dicha, en su orden. Todas son empresas de ingeniería ampliamente reconocidas y con gran experiencia en el sector.
Este proyecto es considerado el de mayor envergadura en su género en el país y hace parte del Plan de expansión eléctrica 2015 – 2029 elaborado por la Unidad de Planeación Minero – Energética (UPME) y adoptado por parte del Ministerio de Minas y Energía, tendiente a asegurar la ejecución en los tiempos previstos de los proyectos identificados y priorizados y de esta manera garantizar el abastecimiento del servicio de energía en todo el país, con firmeza, confiabilidad y continuidad, como lo manda la Ley eléctrica 143 de 1994.
Este proyecto, de acuerdo con lo presupuestado, ha debido entrar a operar en el 2018 y justamente en mayo de este año, cuando según los reportes el avance de obras era del 81%, se presentó una contingencia gravísima, que atrasó su puesta en marcha y elevó sus costos más del 40%, al pasar de los $11.4 billones iniciales a los $16.2 billones. Los daños fueron de tal magnitud que se llegó a temer por su siniestro, que fuera un proyecto fallido, poniendo en riesgo y estresando al Sistema Interconectado Nacional (SIN), habida cuenta que con el mismo se aspira y espera cubrir el 17% de la demanda.
Al no entrar a tiempo, la UPME se vio precisada a convocar dos subastas de reconfiguración, mecanismo por medio del cual se procede a ajustar el déficit de cobertura de las obligaciones de energía en firme (OEF), cuando éstas son inferiores a las proyecciones de demanda. De esta manera, se ha podido suplir la energía que debería estar suministrando HIDROITUANGO, evitando un eventual racionamiento, pero no la presión al alza del precio de la energía, la cual la termina pagando el usuario final vía tarifa. Y de contera, se ha puesto en riesgo también la entrada en operación de los proyectos de generación proveniente de fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) adjudicados en el 2019, que contaban con su respaldo, dada la intermitencia de la energía eólica y la solar – fotovoltaica.
Los estragos causados por el colapso del túnel auxiliar de derivación dieron al traste con las obras adelantadas, con la casa de máquinas y los equipos instalados y la riada que precipitó aguas abajo del río Cauca estuvo a punto de provocar una tragedia, cuyos devastadores efectos se pudieron atenuar. La Contraloría y la Procuraduría vienen adelantando sendas investigaciones en lo de su rol y competencia, fiscal y disciplinario respectivamente, tendientes a establecer las responsabilidades de los hechos que desencadenaron dicha contingencia, si hay lugar a ellas. Ello involucra los procesos de diseño, supervisión y construcción de las obras civiles, a cargo de los tres consorcios ya citados.
Con la llegada a la Alcaldía de Medellín de Daniel Quintero Calle, se avivó la controversia que se había suscitado en torno a este suceso, dando lugar a su desencuentro con la junta directiva de EPM, la cual había estado al mando de la ejecución de este proyecto, lo cual terminó con el abrupto relevo de sus miembros. Por la forma precipitada en la que se dio, sin vísperas, llegó a ponerse en riego la operatividad del régimen corporativo por el cual se ha regido desde 2007 la gobernanza de la empresa más querida por los antioqueños, pues al fin y al cabo es considerada la joya de la corona para los paisas.
Esta confrontación derivó en el anuncio por parte del Alcalde Quintero de una demanda contra los contratistas principales, cuya pretensión asciende a la suma de $9.9 billones, la cual estuvo mediada por un intento frustráneo de conciliación con intervención de la Procuraduría General de la Nación. El 8 de enero de este año se anunció que había “concluido sin éxito”, allanando el camino para proseguir con la demanda interpuesta ante el Tribunal Administrativo de Antioquia. Concomitantemente se presentó por parte de EPM una demanda por valor de $5.5 billones ante el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Medellín. Según la presidenta Lina Vélez, el laudo arbitral de esta querella puede tardar no menos de 14 años (¡!).
Lo curioso es que este intento de conciliación entre las partes estuvo precedido de un Acuerdo entre EPM y los contratistas para que estos continúen hasta finales de este año en las tareas de recuperación, mantenimiento y la estabilización del avance de obras y así asegurar que el año entrante puedan entrar en operación las primeras cuatro unidades, quedando en entredicho la entrada de las otras cuatro. Por lo demás, los contratistas han asumido este Acuerdo como un voto de confianza, a contrario sensu de los señalamientos y descalificaciones de los cuales habían sido objeto. A este respecto, esto expresó el representante de CCC Juan Luis Aristizabal: “estas firmas de los contratos son una confirmación de una confianza, un compromiso y de un querer trabajar juntos hacia delante con este proyecto”. Y no es para menos.
Definitivamente, el peor escenario del proyecto de Hidroituango es que no se concluya, ya que lo que está en juego es la seguridad energética del país, que no puede quedar expuesta a la incertidumbre de cuándo será ese cuándo que podrá contarse con el completamiento y operación a full de las ocho unidades previstas, hasta consolidar los 2.400 MW de capacidad instalada, evitando de paso un nuevo coletazo en los precios de la energía y las tarifas que terminarían afectando la factura de consumo de los usuarios finales. Suele decirse que es mejor un mal arreglo que un buen pleito, pero en este caso estamos entre un Acuerdo y un pleito en simultánea, de los cuales no se sabe cuál será su desenlace. Y la incertidumbre es ¡la peor señal para el sector energético del país!
*Amylkar Acosta, ex Ministro de Minas y Energía, ex Director de la Federación Nacional de Departamentos, Miembro de Número de la Asociación Colombiana de Ciencias Económicas, @amylkaracosta
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