No conviene, por el cálculo político y la defensa del feudo ideológico, seguir como si nada pasara.

Habrá que iniciar aclarando lo siguiente: no conozco a nadie que esté de acuerdo con acabar la Policía. Se trata de hacer una profunda modificación que no debe quedarse en lo simbólico. La Policía debería ser una institución que proteja en lugar de atacar. No estamos frente a un dilema autoritarismo-anarquía y no son horas para el maximalismo. Es urgente modificar el espíritu de las instituciones evitando cerrarlas por temor, como ocurrió con el D.A.S.

El derecho a la protesta está consagrado en la Constitución como un derecho fundamental. Claro, una protesta tiene como fin llamar la atención lo cual, desde luego, incomoda. Colombia debe ser capaz de dar un debate civilizado en torno a esto. Han muertos civiles y se conocen vídeos donde se utilizan armas de fuego contra la población civil; si el saldo fuera de policías muertos en lugar de civiles, otra sería la discusión y el despliegue de la fuerza pública y la Fiscalía. Los perfiles de redes tendrían un miembro de la fuerza pública con una lágrima en su rostro. Señores: ¡toda muerte duele!

No estamos abogando por la destrucción. Tampoco pensamos que quemando buses se consiga el cambio que necesita el país. Sin embargo, captura la atención la concentración en lo material desplazando la importancia de las vidas humanas perdidas. ¿Tan mal estamos? Y, peor, si tomamos en cuenta la preocupación por el costo de los daños materiales, cuando esta misma sociedad no dice mayor cosa frente a los desfalcos de Interbolsa, SaludCoop, Odebrecht, los Panamá Papers, el cartel de la hemofilia, Reficar, los alimentos escolares, Hidroituango y Electricaribe, que estamos pagando entre todos. Hay que decirlo sin rodeos: aquí lo que existe es una defensa del sesgo ideológico.

A la fuerza pública no se le defiende ocultando sus errores. Se les hace un flaco favor a las instituciones cuando, ante hechos que son de público conocimiento y que van en contravía de sus obligaciones constitucionales y legales, se apela por defenderlas a contrapelo de hechos tozudos como lo ocurrido con Javier Ordóñez. A las instituciones en democracia hay que exigirles resultados y hacerles el respectivo control y seguimiento de parte de los ciudadanos, exigiendo que actúen dentro del marco de sus competencias y no al contrario.

Pensar que las manifestaciones son fruto de una supuesta organización internacional o de gente que no sabe pa’ donde va – entiéndase jóvenes -, incluso, de políticos vía Twitter, no solo es infantilizar la insatisfacción, es no reconocer al mismo momento que tenemos asuntos muy graves pendientes por resolver. Colombia arrastra problemas centrales no resueltos que, de cuando en cuando, alientan la insatisfacción. La corrupción es vista como paisaje y se mueve en todos los niveles; el país parece haber desechado la ética pública, la cual quedó al grado de ciencia ficción. De esta, poco o nada se habla. De los pesos y contrapesos de la Constitución no queda casi nada. A la compra y venta abierta de votos, habrá que sumar la administración de justicia que aplica las normas tomando en consideración la cara y la billetera del sujeto. No, señores, no se equivoquen, hay mucho por qué levantar la voz.

Hay mucho dolor. Desesperación. Impotencia. La muerte sigue haciendo de las suyas en una nación cauterizada que se indigna más con un futbolista que erra un penalti que con un servidor público investigado por corrupto. Debido a nuestro culto por la persona, importan más los comentarios de un político que, desde la comodidad de su casa y vía Twitter, comenta la situación y alienta sus barras que las condiciones de vida de miles de personas que están siendo masacradas en los territorios y de miles de muchachos que no tienen esperanza en un país en el cual no ven la posibilidad de un atisbo de cambio.

Una parte importante del país no está conforme con el actuar de las instituciones y el Gobierno. Tenemos un problema grave y no conviene, por el cálculo político y la defensa del feudo ideológico, seguir como si nada pasara.

Adenda 1. El Ministro de Hacienda, el señor Carrasquilla, acaba de soltar que el costo de la pandemia supera los 330 billones de pesos; asimismo, agregó que, en materia salarial, las pérdidas se calculan en cerca de 180 billones de pesos.

*Juan Carlos Lozano Cuervo, abogado, realizó estudios de maestría en filosofía y es profesor de ética y ciudadanía en el Instituto Departamental de Bellas Artes. @juanlozanocuerv

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