Nos corresponde no sólo profesar un respeto irrestricto por las decisiones judiciales, cualquiera que sea su sentido, sino comprender que los casos se deciden en los estrados y no en los medios. Es irresponsable pretender ganar en la prensa lo que se ha perdido ante los jueces.

El gremio de los abogados penalistas en Colombia atraviesa por una grave crisis de legitimidad. Actualmente el defensor, público o de confianza, es injustamente visto como un mercenario jurídico, un ser inescrupuloso e insensible que antepone los intereses de cualquier criminal a los de la justicia. Suele, arbitrariamente, atribuirse al letrado el delito por el que se investiga a su representado y el adelantamiento de actividades propias del derecho de defensa, como la interposición de un recurso o la más que razonable solicitud de libertad, es considerado una afrenta social.

Esta crisis se agrava cuando algunos afamados abogados dejan en un segundo plano los principios éticos y el perenne deber de actualización académica para dar prevalencia a la farándula y al espectáculo; atrás han quedado los grandes debates probatorios y los elocuentes discursos en los estrados judiciales, dando paso al quimérico éxito que brinda una libertad por el vencimiento de los términos o al triunfo de oropel que se consigue en una que otra lánguida discusión en redes sociales, en donde ni siquiera se respetan las más elementales normas de ortografía y gramática.

Mientras en el extranjero las grandes firmas de abogados cuentan con centros de estudios e investigación, en Colombia optan por oficinas de prensa y community managers, llegándose al lamentable extremo de ofrecer, en las propuestas de honorarios, un rubro que pomposamente rotulan ‘manejo de medios’. Esta práctica lleva a preguntarse: ¿por qué los juicios paralelos que se adelantan en medios de comunicación son tan trascendentales?, ¿por qué la palabra de un reconocido periodista parece tener más fortaleza que la decisión de un juez?, ¿un administrador de justicia sí cede ante las presiones mediáticas?

No puede pasar desapercibida la fuerza poderosa de las redes sociales, ese escenario en el que priman los debates sin reglas, el lugar en el que las garantías al buen nombre y a la presunción de inocencia desaparecen, un tablado perfecto para sobrevalorar abogados mediocres, un aula incorpórea en la que es permitido autoproclamarse ‘catedrático’ y una tribuna en donde la calidad de un argumento se postra ante el número de likes, un ‘hilo’ en Twitter vale más que un libro con evaluación de pares y miles de seguidores pesan más que el máximo título académico.

En ese improvisado estrado judicial son los periodistas sin toga, pero con mallete en forma de micrófono, los llamados a impartir un veredicto con enorme trascendencia social; en un gesto de condescendencia permiten que el acusado rinda sus descargos, aunque la salida al aire implique despojarse del derecho a guardar silencio. Paradójicamente, esa entrevista termina precipitando el llamamiento ante la verdadera autoridad judicial y el ya condenado en medios, arrepentido y golpeado por la presión mediática, con la tranquilidad perdida y sus cartas defensivas descubiertas, debe comparecer ante el estrado. El show ha acabado para el abogado mediático y ahora sí debe asistir a la sala de audiencias en donde, en no pocas ocasiones, recibe auténticas palizas; ya no es tan locuaz ni lúcido como aparenta en las redes sociales.

Debe quedar claro que esta dinámica, repetida a diario, no autoriza a censurar ni a los abogados ni a los periodistas. Los profesionales del derecho pueden ser tan mediáticos y ostentosos como quieran, el marketing hoy día es realidad inevitable y, si tal camino, les genera mayor número de clientes, amplio reconocimiento o la falsa creencia de que son los mejores juristas del país, allá ellos. En la misma lógica, los periodistas pueden ser tan imprudentes, entrometidos, incómodos e inquisitivos como les plazca; el límite a su ejercicio ya lo estableció la Corte Constitucional con medidas como la rectificación, la réplica o el retiro y actualización de la información.

Quienes jamás pueden entrar en ese juego son nuestros jueces, verdaderos fieles de la balanza y cuyo criterio nunca podrá depender de los aplausos. No puede desconocerse que, si varios medios de comunicación, al unísono, reprueban una conducta, o si determinados hechos objeto de investigación provocan grave indignación social, la privación de libertad parece inminente; en sentido contrario, y aunque estos casos se presentan con menor frecuencia, si alguna medida restrictiva llegare a imponerse en contra de una persona con respaldo social, las posibilidades de revocatoria aumentan. Ni lo uno ni lo otro corresponde con el ideal de justicia, porque las decisiones judiciales no pueden adoptarse al vaivén del clamor popular.

La independencia judicial, de acuerdo con el derecho internacional (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Reverón Trujillo vs. Venezuela), se materializa con el adecuado proceso de nombramiento, estabilidad en el cargo y garantía contra las presiones externas. Los dos primeros se satisfacen con la formalidad de un concurso; la última se blinda con una auténtica meritocracia. Sólo un juez debidamente preparado está en capacidad de imponer su criterio al de los micrófonos para no ceder a presiones externas y mucho menos a convicciones personales.

Ante tal panorama, como sociedad nos corresponde no sólo profesar un respeto irrestricto por las decisiones judiciales, cualquiera que sea su sentido, sino comprender que los casos se deciden en los estrados y no en los medios; es absolutamente irresponsable pretender ganar en la prensa lo que se ha perdido ante los jueces. También como sociedad debemos exigir que la meritocracia sea la llave de acceso a toda la pirámide judicial, empezando por la Corte Suprema de Justicia en donde hoy día no existe un proceso objetivo que permita seleccionar a los mejores juristas del país para que alcancen tan digna investidura.

De lo contrario, y si no se fortalecen la autonomía, la independencia y el mérito judicial, caeremos, muy pronto, en aquel escenario que el gran penalista Francesco Carrara describió en el año 1841 cuando, en los Annali della Giurisprudenza, plasmó una duda que lo asaltaba frente a la figura del jurado señalando: ‘la justicia penal se está convirtiendo en una lotería, pues se quita la balanza de las manos de la justicia para reemplazarla por una urna’.

*Dr. Iur. Mauricio Cristancho Ariza, subdirector Centro de Pensamiento Penal “Luis Carlos Pérez” (Polcrymed), @MCristanchoA

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