La nación Uaiú, entre el hambre, la muerte y el carbón

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Cortesía Radio Nacional de Colombia

Para el pueblo Uaiú, la esencia de su vida y espiritualidad guarda una relación indisoluble con el espacio vital, compuesto por los tres elementos complementarios e integradores aéreo, marítimo y terrestre a través de los cuales se consolida la unidad de esta nación.

Cortesía Radio Nacional de Colombia

Su esencia ancestral debe ser recuperada como fundamento de la estructura filosófica de los Eirruku (clan), que sostiene las tradiciones administrativas y de justicia propias para resistir y persistir ante la estrategia genocida a la que han estado sometidos desde hace cientos de años y que hoy se recrudece, cimentada fundamentalmente en la desestructuración cultural y ambiental.

Los Wayú o Uaiú hacen parte de la gran nación Arawak y son el pueblo indígena más numeroso en Colombia con aproximadamente 380.460 personas, según el censo de 2019. Esta resistente nación habita los territorios de la península de la Guajira en Colombia y la parte norte de la región del Zulia en Venezuela, ocupando aproximadamente 40.000 Km2. Sus costumbres ancestrales están ligadas a la caza, la pesca, horticultura, la recolección de alimentos y la explotación de la sal marina.

El primer ataque que recibieron los Uaiú de parte de los invasores europeos, se remonta al siglo XVI, cuando fueron despojados de las tierras agrícolas, zonas de caza y recolección ubicadas al sur de la península y se impuso una vida sedentaria y seminómada, reflejada principalmente en la ganadería y el pastoreo de cabras. Posteriormente, a los Uaiú se les impuso elementos de la cultura de Occidente ligada al comercio con las islas caribeñas, el contrabando y la bonanza de la explotación de perlas.

No fue sino hasta después de la independencia, que se empezó a fraguar un planeado ataque militar y cultural, desde las nacientes repúblicas de Venezuela y Colombia, buscando exterminarles o acorralarles. Se reconocen históricamente las campañas genocidas adelantadas a partir de 1830 en Venezuela y Colombia, que finalizaron con la delimitación y repartición del territorio  de la nación Uaiú y su reducción hasta casi desaparecer. Se les despojó de una porción de su espacio vital y adicionalmente se les impuso el pensamiento europeo, la justicia republicana, la cultura y la religión.

Durante las primeras siete décadas del siglo XX, en el departamento de La Guajira, ya se había despojado a los indígenas de las tierras productivas del sur y se habían instalado grandes haciendas que usaban mano de obra de los indígenas Uaiú, con fuertes rasgos esclavistas, ligados a tradiciones feudales y semifeudales, combinadas con un pequeño desarrollo de cultivo mecanizado.

Con la primera crisis del petróleo ocurrida en 1973, motivada por la decisión de los países productores de no exportar más petróleo a Estados Unidos y Europa, por su determinación de apoyar a Israel en la guerra que la coalición árabe desató contra éste para recuperar Sinaí y Altos del Golán, se produjo un aumento considerable de los precios del petróleo, la consecuente reducción de la actividad económica y la búsqueda, por parte de las potencias económicas, de nuevas fuentes de energía, lo que convirtió al carbón en una alternativa atractiva e hizo que La Guajira se volviera pieza estratégica por sus grandes reservas referenciadas desde el siglo XIX.

A raíz de esta situación, se inició el último ataque sistemático contra el pueblo Uaiú. En el mes de diciembre de 1976, bajo el gobierno de Alfonso López Michelsen, se firmó el contrato de asociación Cerrejón Zona Norte S.A. conformado por Carbones de Colombia S.A. (Carbocol) y la International Colombia Resources Corporation (Intercor, filial de la Exxon Mobil). Esta transacción ha sido objeto de críticas relacionadas con las condiciones desfavorables impuestas por la Exxon para el comercio, aceptadas finalmente por el Presidente Turbay en 1980.

El pueblo Uaiú, sometido nuevamente a los intereses extranjeros, fue despojado de lugares sagrados y de gran parte de su espacio vital: la tierra, el agua y el aire.  La mina a cielo abierto exigía el desalojo de los pueblos asentados en más de 40.000 hectáreas de tierra, lo que motivó no solo el despojo territorial a los indígenas, sino también el despojo y desplazamiento de los consejos comunitarios del pueblo cimarrón, asentado desde el siglo XVI al sur de la península, luego de escapar de las haciendas de esclavos o de las zonas de extracción de perlas.

La explotación de carbón no solamente requirió el despojo del territorio dedicado a la mina, tambien incluyó otros territoritorios para la construcción de dos puertos de embarque, el ferrocarril, la carretera alterna a las vías ferroviarias, dos aeropuertos y la infraestructura habitacional y administrativa, utilizando una campaña mediática, que aún hoy se mantiene. La mina del Cerrejón vendió la falsa idea de que esta empresa generaría desarrollo, empleo, bajo impacto ambiental y progreso para la región y Colombia.

Una vez los Uaiú fueron despojados de sus mejores tierras, encerrados en la zona más afectada por sequías y con poca disposición de agua dulce, han venido sufriendo de problemas ligados a la desnutrición, lo que ha causado la muerte fundamentalmente de niñas, niños y adolescentes. Esto motivó la Sentencia T302 de la Corte Constitucional en 2018. ¿Qué produce la escasez de alimentos que causa desnutrición y conduce a la muerte?

Debido a los impactos negativos sobre los acuíferos que genera la explotación minera, aumentados por el cambio climático, se han intensificado las sequías impidiendo que los cultivos de “pan coger” crezcan, situación que pudiera enfrentarse adecuadamente, si existiera disposición de aguas limpias para el riego, cosa que no ocurre, debido principalmente a que la mina contamina con grasas, aceites, combustibles, carbón mineral y otros elementos. Se dispone de pocas fuentes de agua y el río Ranchería, principal fuente de agua en la región, fue represado (presa del Cercado) en el 2011 y sus aguas privatizadas, con destino exclusivo a la mina y las haciendas cultivadoras de arroz y ganaderas. “Según datos del PNUD, el consumo de agua por persona al día en La Guajira es de 0,7 litros, mientras que, de acuerdo con la comunidad, la mina El Cerrejón asegura necesitar diariamente 17 millones de litros extraídos del río Ranchería para disminuir el po”. Adicionalmente, como efecto del cerco económico contra Venezuela, las comunidades que tradicionalmente obtienen alimentos del vecino país ya no tienen cómo solucionar la falta de éstos, y, como consecuencia de la corrupción administrativa y política en el departamento, los escasos recursos destinados para mitigar las fallas del Estado, a través principalmente de los programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, han sido robados por las mafias de la corrupción.

La disminución del cauce del río Ranchería ha generado la modificación del ecosistema ligado al delta del río y a la desembocadura. Ya no llega suficiente agua al mar, lo que produce aumento de la temperatura de las aguas costeras, concentración de la salinidad y disminución de la disponibilidad de microorganismos indispensables para la reproducción y el crecimiento de peces, base fundamental de la dieta de las comunidades. Esta condición ha obligado a los pescadores artesanales de la comunidad a adentrarse a mar abierto, buscando mantener la cantidad de pesca y ha forzado la disminución de ingesta de pescados, generando desnutrición y muerte principalmente de niñas, niños y adolescentes.

Así las cosas, ésta es una expresión moderna del genocidio contra los pueblos indígenas, ligada al modelo extractivista, que aniquila una comunidad y la somete al exterminio planificado; la única razón es el enriquecimiento de las empresas extranjeras y la destrucción del planeta. No es construyendo pozos profundos o regalando mercados como se debe enfrentar esta situación. Es garantizando el derecho universal al agua, a la vida, al cultivo, a la soberanía de los pueblos. Es renunciando para siempre a la llamada locomotora minera, que privatiza, contamina y desaparece el agua.

*Luis Emil Sanabria, bacteriólogo, docente universitario con estudios en derechos humanos, derecho internacional humanitario y atención a la población víctima de la violencia política. @luisemilpaz

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