About The Author
Los que gobiernan tienen el reto de orientar a la ciudadanía para edificar el consenso democrático que requiere la respuesta a la migración.
Colombia enfrenta la mayor crisis socioeconómica de su historia reciente. La pandemia ha destruido miles de empleos y la caída de la economía es una amarga realidad para miles de familias, todo en medio de un contexto en el que el postconflicto no logra materializarse y enfrentamos la mayor crisis de movilidad humana del mundo.
Es en una coyuntura como la actual que los funcionarios y servidores públicos, pero especialmente los de elección popular – el Presidente, los gobernadores, los alcaldes, así como sus ministros y secretarios – tienen la responsabilidad de orientar a la sociedad ante los retos y desafíos que enfrenta. Son ellos los que le explican a la ciudadanía la complejidad de las circunstancias y proponen las medidas que se requieren para que las cosas mejoren.
Quien gobierna tiene la responsabilidad de explicar y hacer comprensible para los ciudadanos el momento que viven; cuando se olvida o evade esta labor y se busca responsabilizar a los gobiernos que precedieron, a los adversarios y rivales, reales o inventados, o peor aún, a los propios ciudadanos, se crea un desasosiego que colapsa sociedades democráticas y permite el surgimiento de los populismos y la violencia.
Muchos colombianos empiezan a descubrir que la migración no es un tema de corto plazo, que la dictadura de Nicolás Maduro se está consolidando y que los venezolanos y sus hijos serán parte de la comunidad colombiana. El Estatuto Temporal de Protección para migrantes venezolanos es una ruta diseñada por el gobierno nacional para la integración e inclusión de la migración. No obstante, es sólo una ruta; su materialización depende de la sociedad colombiana en su conjunto.
El Estatuto, un instrumento que ofrece garantías a la sociedad colombiana sobre el proceso de integración e inclusión migratoria durante la próxima década, pone sobre la mesa las reglas bajo las cuales la población de origen venezolano con vocación de permanencia podrá establecerse en Colombia y sus obligaciones y derechos.
El Estatuto es una respuesta de mediano plazo ante la contingencia que ha implicado el fenómeno migratorio venezolano. Otros temas como la población colombiana en el exterior, los otros fenómenos migratorios que hacen vida en el país e incluso la migración pendular tanto en la frontera con Venezuela como en la frontera con Ecuador son materias pendientes que se espera serán abordadas por la ley migratoria que cursa en el Congreso, la cual sería el fundamento de la política pública en la materia. Por lo tanto, dicho proyecto de ley es central. No se puede olvidar, porque define la respuesta de largo plazo del Estado colombiano, no sólo en materia de la migración venezolan, sino incluso ante eventuales fenómenos que se puedan presentar en el futuro.
Es un proceso complejo, por un lado, un Estatuto dirigido a la regulación, integración e inclusión de la migración venezolana y, por el otro, un proyecto de ley para el abordaje de los diferentes fenómenos de movilidad humana que enfrenta el país. Los dos son importantes, tanto el Estatuto como la ley, y los dos requieren una apropiación por parte de la sociedad colombiana. Es necesario trabajar en la edificación del consenso para hacer de la integración e inclusión un proceso exitoso.
Edificar en el sentido de construir, un proceso que requiere la intervención de diferentes actores del Estado Colombiano, del gobierno, las autoridades de los diferentes niveles, de los órganos de control, de los cuerpos de seguridad, de toda la institucionalidad y todas las organizaciones oficiales y también de la sociedad civil organizada, de la comunidad internacional y particularmente de cada uno de los ciudadanos, incluyendo a aquellos que no están de acuerdo con la acogida de los venezolanos.
Pero se trata también de edificar en el sentido de inspirar virtud, es decir, en el sentido de orientar sobre lo que es correcto en la integración e inclusión migratoria, no sólo con la mirada economicista, que argumenta el desarrollo y los beneficios materiales de la migración, o la mirada compasiva de ayudar aquel que se encuentra en dificultades tratando de buscar la satisfacción del bienhechor. No, es edificar para afirmar que ésta es una decisión que asumimos como sociedad, con el objetivo de mejorarla, buscando demostrar a aquellos que no están de acuerdo con la acogida de los migrantes, que éste es el mejor camino, no para los venezolanos sino para el país.
En el pasado, diferentes actores políticos han instrumentalizado los fenómenos de movilidad humana. Por ejemplo, Chávez, entre 2008 y 2009, aseguraba que la violencia que vivía Venezuela era el resultado de las acciones de los “paramilitares” colombianos. Posteriormente, en 2015, Nicolás Maduro responsabilizó a los colombianos de la crisis económica por el contrabando de extracción y de la violencia en las principales ciudades. Incluso expuso como grandes resultados de la política de seguridad del régimen, con sus cuestionadas OLP – Operaciones para la Liberación del Pueblo -, la muerte de colombianos en acciones contra la delincuencia por resistirse a la autoridad.
Otros han infundido miedo diciendo que la migración es un plan para desestabilizar las democracias del continente, que todo es una argucia del “castro-chavismo” con el objetivo de expandir la Revolución Bolivariana. Que las protestas y demandas sociales de las poblaciones suramericanas en las que participan venezolanos son instrumentalizadas para sembrar el caos y la zozobra, toda una estratagema del régimen chavista y sus aliados extracontinentales. Y, finalmente, otros promueven un discurso dicotómico de ‘nosotros y los otros’; buscan los réditos políticos que brinda la polarización porque siempre es más fácil responsabilizar a otros que encarar los retos y plantear soluciones reales.
Toda instrumentalización es nociva para el adecuado abordaje del tema migratorio, las que son abiertamente xenófobas así como las que encubren y manipulan buscando réditos políticos. Otras sociedades han visto cómo el tema migratorio mal manejado se ha convertido en la cantera de las mayores amenazas a la democracia.
Los que gobiernan, desde el Presidente, pasando por la Alcaldesa de Bogotá y los que fungen un papel en el Estado y hasta el último de los servidores públicos tienen la responsabilidad de ayudar a la sociedad colombiana a comprender los retos que enfrentamos. Sus palabras y sus acciones tienen implicaciones y consecuencias. La movilidad humana proveniente de Venezuela es uno de los grandes retos del Estado en los próximos años. Los problemas, las tensiones y la conflictividad son inherentes a un proceso tan difícil y complejo es por ello por lo que la responsabilidad de los líderes es mayor. No se trata de estar a favor o en contra sino de orientar a la ciudadanía en dirección a edificar el consenso democrático requerido para responder al reto de la migración.
Escucha”ESTO NO ES UNA FRONTERA, ESTO ES UN RÍO” en Spreaker.
Si quiere saber más, escuche el podcast Esto no es una frontera, es un río
*Ronal F. Rodríguez, @ronalfrodriguez, profesor e investigador del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario.
Autor
