Las PCR para viajeros internacionales: el derecho contra la ciencia

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Hace muchos años, mi padre se metió en problemas en una reunión de amigos cuando dijo en chiste que la mayoría de los problemas de la sociedad se podrían acabar si no existieran los abogados. La decisión que tomó el juez Giovanni Humberto Legro de ordenar al gobierno exigir pruebas de PCR a viajeros que ingresan al país y, además, dictar una cuarentena obligatoria de catorce días a todos los viajeros, pareciera darle una justificación al chiste. Esta decisión es opuesta a la opinión de expertos y, además, atenta contra los derechos y el bienestar de otros ciudadanos.

No soy abogado y, entonces, no quiero entrar hacer una discusión sobre los méritos de la orden judicial. Mi propósito es dejar claro que esta decisión es irracional, no tiene ningún fundamento científico y perjudica a la sociedad.

Primero, el cierre de los aeropuertos y medidas como las que ordena el juez tienen sentido al comienzo de una pandemia donde reducir la importación del virus es un paso importante para la prevención. Sin embargo, nueve meses después, Colombia es el decimo país del mundo con más casos confirmados de Covid-19. Desde un punto de vista epidemiológico, existe la misma posibilidad de contagiarse del virus en Madrid, Cundinamarca que en Madrid, España. Desde septiembre hasta hoy, solo se han detectado tres casos importados de coronavirus, mientras que son miles los casos de diarios transmisión local. La Organización Mundial de Salud no recomienda hacer pruebas PRC para entradas a los países dado que las pruebas no son 100% confiables y crean una sensación de falsa seguridad.

Una prueba y catorce días de cuarentena ponen un costo alto a los viajeros. Preocupa el efecto que pueda tener en el sector del turismo que se ha visto golpeado por la pandemia. ¿Se tomó en cuenta la temporada de vacaciones en diciembre, que es esencial para la supervivencia de miles de colombianos? ¿Cuáles van a ser los efectos en ciudades como Cartagena donde gran parte del trabajo es informal y dependiente del turismo? Planteemos un caso hipotético: si un ciudadano colombiano regresa de un viaje y la prueba PCR es positiva, ¿no se le permitirá la entrada a su país?

¿Es ético o práctico que un juez, experto en derecho y no en epidemiologia, pueda decidir sobre la estrategia de todo un país frente a la pandemia? ¿Acaso un juez no debería seguir las recomendaciones de los expertos y las organizaciones de Salud? Este juicio muestra dos problemas grandes que se han visto en la pandemia. Primero, se destaca la búsqueda de soluciones simples para un problema complejo. En este momento, la exigencia de pruebas PCR en aeropuertos es tan efectiva para prevenir el COVID-19 como el consumo de moringa. Entiendo el instinto humano de buscar soluciones rápidas y sencillas, pero es importante entender que una prueba negativa no es garantía absoluta de no tener el virus. Hacer esa exigencia no ayuda a la prevención del virus, dada la cantidad de casos que se han dado en Colombia. El control del coronavirus en Colombia depende de cómo los ciudadanos sigamos los protocolos y precauciones, las medidas que se puedan tomar para proteger a las comunidades más vulnerables, el éxito del rastreo de contacto de personas que interactuaron con un caso positivo, la imposición de cuarentenas especificas y la apuesta en la pedagogía, entre muchas otras.

El segundo problema radica en la retórica contra la lógica, cuando buscamos que la realidad se ajuste a nuestros deseos. El juicio del juez es un ejercicio retórico: da una orden que busca solucionar un problema, pero ignora la realidad de éste. Seguramente el juez y el abogado que interpuso esta tutela creen que están defendiendo el derecho a la vida y la salud, pero no tiene fundamentos en la ciencia. Dada la prevalencia del virus en Colombia, la exigencia de la prueba PCR para viajeros internacionales es equivalente a intentar tapar con un dedo meñique un hueco en una represa. Por ejemplo, la directora del Instituto Nacional de Salud, Martha Ospina, habló en Caracol Radio de que habían considerado no seguir las recomendaciones internacionales por que eran “impopulares” y las pruebas PRC “ponen tranquilas a la gente”. ¿Acaso un gobierno toma decisiones sobre la salud de los ciudadanos basados en su popularidad y sensaciones? Las medidas y recomendaciones para el control del Covid-19, como cualquier otra enfermedad, se deberían basar en evidencia.

El gobierno, como todos los ciudadanos, tiene que acatar las decisiones judiciales. Al escribir estas palabras, recuerdo una frase de Alexander Hamilton sobre la rama judicial donde él explica que ésta “no tiene influencia sobre la espada o la billetera… se puede honestamente decir que no tiene fuerza ni voluntad, sino simplemente juicio”. La decisión de un juez puede afectar a miles de ciudadanos. Espero que el gobierno apele a la decisión, pero me queda la pregunta: ¿qué bien le hacen a la rama judicial y a la sociedad los jueces que toman decisiones en temas de los cuales no son conocedores, sin considerar la opinión de los expertos? ¿Es posible enfrentar una pandemia ignorando a la ciencia?

*Santiago Florez, antropólogo, magíster en educación ambiental y artista. Especializado en educación, sostenibilidad y temas culturales. @rflorezsantiago

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