El exministro de justicia Yesid Reyes Alvarado plantea que, para emprender una reforma policial, “el Estado debe estar dispuesto a que las Fuerzas Militares sean las únicas que se ocupen de enfrentar a la guerrilla y a los grupos armados organizados.”

Colombia se caracteriza por ser un país de soluciones coyunturales a problemas estructurales, lo que suele producir resultados superficiales y pasajeros que tranquilizan a la opinión pública y dan la sensación de buen gobierno.

A raíz de unos repudiables casos de abuso sexual, en los últimos años se inició una cruzada para implantar la cadena perpetua, lo que finalmente se consiguió con más argumentos emocionales que político-criminales. Como el negocio del narcotráfico continúa creciendo como lo ha venido haciendo desde que es ilícito, se siguen buscando razones para restablecer la fumigación con glifosato, tratando de convencernos de que esta vez sí va a lograr la disminución de los cultivos que esa misma medida no consiguió reducir después de que, tras 21 años de continuas aspersiones, terminamos con 51.384 hectáreas más de coca que antes.

Ahora, como consecuencia de un reprobable episodio de abuso de la fuerza por parte de agentes de la Policía, la emotividad vuelve a ser notoria no solo en el censurable e inconcebible uso de la violencia como forma de protestar contra ella, sino en la poco meditada propuesta de soluciones que parecen más orientadas a superar esta coyuntura que a resolver problemas de fondo. Primero se dijo que había que quitarle el fuero penal militar a la Policía, con lo que se pretendía mostrarle a la ciudadanía que, en este caso concreto, los hechos serían entregados a la justicia ordinaria para, de esa manera, asegurar imparcialidad en su juzgamiento. El propósito es correcto, pero el mecanismo sugerido esconde más complejidades de las que deja ver la simpleza del mensaje enviado a la sociedad.

En condiciones normales, los ejércitos están concebidos para defender un país frente a agresiones externas y la policía es un cuerpo civil armado encargado de mantener la seguridad interior; una forma eficiente de garantizar esto último es la existencia de policías municipales dependientes de los gobiernos locales, lo que permite un mejor control sobre sus actuaciones y despeja las dudas que algunos tienen hoy sobre a quién deben obedecer. Pero, cuando la violencia e intensidad de las acciones delictivas alcanzan el nivel de un conflicto armado, la situación cambia; es difícil imaginar al modélico policía británico dotado de un bastón de mando repeliendo los ataques de la guerrilla. Frente a ese escenario, el Estado puede optar por varias soluciones.

Una de ellas es mantener la Policía como institución civil encargada del orden público tradicional y entregar a las Fuerzas Armadas el manejo del conflicto interno, lo que implica la presencia permanente de tropas en todos los municipios del país. Una segunda alternativa es la de crear un cuerpo armado intermedio, como la Guardia Nacional o la Guardia Civil, que enfrente a los insurgentes y a los grupos armados organizados, dejando que la Policía se ocupe de la criminalidad ordinaria, lo que supone que esa nueva institución cuente con bases estables en todos los municipios. La tercera opción fue la que escogimos en Colombia y consiste en militarizar a la Policía Nacional para que combata a la guerrilla y a los grupos armados organizados, aprovechando que ella está presente y con vocación de permanencia en casi todo el territorio nacional. Esa decisión llevaba consigo la necesidad de adscribirla al Ministerio de Defensa, olvidarse de tener policías municipales autónomas dependientes de los mandatarios locales y, por supuesto, aplicarles el fuero penal militar para aquellos delitos que guarden relación con el ejercicio de sus funciones; no parece correcto obligar a la Policía a comportarse como militares para luego juzgarlos como civiles.

No tengo dudas de que la Policía debe hacer parte del Ministerio del Interior, creo que debe acabarse con su formación castrense, que sus labores deben limitarse al control del orden público ordinario, que su armamento debe reducirse en proporción a esa finalidad, que no debe tener fuero penal militar y que deberían crearse las policías municipales. Pero, para que todo eso pueda ocurrir, el Estado debe estar dispuesto a que las Fuerzas Militares sean las únicas que se ocupen de enfrentar a la guerrilla y a los grupos armados organizados, para lo cual debe garantizar que tendrán bases estables en todos los municipios donde esas organizaciones al margen de la ley operan y que hoy son custodiados por la Policía; o, si lo prefiere, puede crear una nueva institución que asuma esas tareas. Por eso, no está bien venderle a la gente la idea de que con la sola adscripción de la Policía Nacional al Ministerio del Interior se solucionan todos los problemas; eso no pasa de ser una propuesta efectista e insuficiente.

En cambio, hay una alternativa más que tiene la ventaja de no ser coyuntural: implementar el Acuerdo de Paz, cuyo propósito no se reducía a quitarle las armas a un puñado de personas levantadas contra las instituciones legítimas, sino que buscaba llevar el Estado a todos los rincones del territorio nacional. Si esos espacios no se copan con servicios de salud y educación, vivienda y servicios públicos, infraestructura y opciones lícitas de supervivencia, seguridad y justicia, entonces, el orden público seguirá teniendo unas dimensiones que desbordan las labores propias de la institución policial, con todos los inconvenientes que ello acarrea.

*Yesid Reyes Alvarado, ex-ministro de justicia.

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