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“Llegará el día en que nuestro silencio será más fuerte que las voces que hoy acalláis”. Spies
Han transcurrido 134 años desde aquel día aciago en que ocho líderes obreros, reputados como anarquistas, fueron sentenciados a la pena capital después de la revuelta de la plaza de Haymarket, en el corazón de Chicago (EEUU), que se constituyó en un hito de la mayor importancia de la gesta en pos de la reivindicación de los derechos más elementales de los proletarios que enarbolaron la bandera de los “tres ocho”: una jornada laboral de 8 horas, 8 horas de estudio y 8 horas de descanso. Fueron ellos: Spies, Engel, Fisher, Lingg, Neebe, Fielden y Schuab. Desde entonces, se conmemora todos los 1º de mayo el Día del trabajo en todos los países del mundo, con la excepción de EEUU, en donde en el vano intento de borrar esa página de ignominia de su calendario, lo celebran el primer lunes de septiembre.
Pero, esta es la primera vez en la historia que se conmemora esta fecha en medio de una pandemia, que ha determinado la virtual parálisis de la actividad productiva, el comercio y la movilidad, dando lugar a una verdadera masacre laboral. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), concomitantemente con la recesión en curso, que puede desembocar en una depresión económica, se perderán 305 millones de empleos, al tiempo que 1.600 millones de trabajadores de la economía informal, alrededor del 50% de la fuerza laboral en el mundo, pierden sus medios de subsistencia[1]. Ello pondrá en riesgo las metas a alcanzar de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) hacia el 2030.
Según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de las Naciones Unidas, a consecuencia de la actual crisis la tasa de desempleo en la región se ubicará en torno a 11.5%, elevándose en 3.4 puntos porcentuales con respecto al nivel promedio de 2019 que fue de 8.1%. De ello se sigue que el número de desempleados llegaría a 37.7 millones. Huelga decir que, a consecuencia de la contracción de – 5.3% de su economía en 2020, la mayor desde la recesión de 1930, al agravar el desempleo, se perderán los avances alcanzados en la reducción de la pobreza. Calcula la CEPAL que ésta aumentaría 4.4 puntos porcentuales este año, pasando de 30.3% a 34.7%[2].
Colombia no escapa a los estragos del coletazo de esta crisis. Con la contracción de la economía, que estima FEDESARROLLO estará en el rango – 2.7% y – 7.9% en 2020, ello conduciría “en el escenario más optimista”[3] a una tasa de desempleo de 16.3%, “lo que implicaría que 14 millones de personas adicionales quedarían desempleados”[4]. Estamos, como lo afirmó el Director de la OIT Guy Rider, “ante una destrucción masiva de empleos”[5]. De hecho, según el más reciente reporte del DANE la tasa de desempleo en Colombia, que sigue estando muy por encima del promedio de la región, en el mes de marzo de este año fue superior en 1.8 puntos porcentuales con respecto al mismo mes del año pasado, al registrar 12.6%, el más alto en 10 años, en contraste con el 10.8% del tercer mes del año anterior. Ello significó que el número de personas con algún tipo de ocupación pasara de 22.1 millones en marzo de 2019 a 20.5 millones, esto es 1´583.000 menos[6]. Y la tendencia, obviamente, es hacia la agudización del desempleo y con el aumento de éste, muy seguramente, al igual que en Latinoamérica, la pobreza que había dejado de ceder en 2018 también se acrecentará.
Cabe advertir que, antes de la pandemia,
la tasa de desempleo en Colombia venía in crescendo; después de seis años con un índice de desempleo de un solo
dígito, desde el 2019 regresó a los dos dígitos, con un desempleo del 10.5%, al
cual se vino a sumar una informalidad laboral del orden del 47% (¡!). Según el
DANE, de los más de 22 millones de personas ocupadas al cierre de 2019, el
42.4% de ellos (9.4 millones) se clasificaban como trabajadores por cuenta
propia[7] y de estos, según ANIF, 2.5 millones pueden
considerarse como profesionales independientes[8]. Es muy diciente que, en Colombia, más del 90%
de las empresas se clasifican como micros, pequeñas y medianas empresas
(MIPYMES) y son además las que generan el 80% del empleo.
En Colombia, al igual que en el resto del mundo, se ha pasado de hacer esfuerzos por generar más empleo y reducir la tasa de desempleo a tratar de retener y proteger el empleo, mediante la activa intervención del Estado. Con tal fin, éste ha venido implementando distintas políticas de intervención tendientes a salvar las empresas, especialmente a las MIPYMES y con ellas poner a salvo también el tejido empresarial y las fuentes generadoras de empleo e ingreso, sin los cuales la economía y la sociedad no podrán sobrevivir en la post-pandemia.
A este propósito, FENALCO, ACOPI, ANIF y el Consejo gremial, conjuntamente, le han propuesto al Gobierno Nacional algo similar a la que planteamos desde el Laboratorio de pensamiento para la Igualdad y el Desarrollo Sostenible (LIDES). Se trata de que el Gobierno ponga en marcha un esquema de subsidios para el pago de la nómina de los trabajadores que perciban hasta dos salarios mínimos, el cual puede resultar más efectivo y eficaz que la garantía que se les está ofreciendo a la empresas para aplicar a créditos de la banca de difícil acceso. Está por demás decir que las ayudas y las subvenciones del Estado a las empresas deberán ser justificados, temporales y condicionados a no despedir trabajadores.
Finalmente, de cara a la post-pandemia, como lo planteó la Secretaria ejecutiva de la CEPAL Alicia Bárcena “se requiere repensar el modelo de inserción de la región y las alternativas de reactivación a la luz de los cambios estructurales que ocurrirán en la globalización y el mundo post COVID-19”[9]. En ello queremos ser reiterativos, Colombia necesita dar un viraje, cambiando de cuajo su modelo económico extractivista por otro que diversifique su economía, sus exportaciones y el destino de ésta[10]. Es más, me atrevo a plantear la necesidad de renegociar varios de los tratados de libre comercio mal negociados y peor gestionados, como un primer paso de una estrategia de promoción, fomento y protección de la producción y el producto nacional.
COLETILLA.- Resulta inaudito, asombroso, indignante, que, en medio de la crisis en la que estamos, en las que el Estado y sus instituciones se la están jugando a fondo para atender y contener la pandemia del COVID-19, mitigar el impacto social de las medidas que se han tenido que tomar y apoyar a las empresas para que no se vayan a la quiebra, la cicatería de parte de la banca comercial no conozca límites.
El Estado, a través del Banco de la República ha hecho su parte, le ha dado liquidez a la banca para que esta irrigue a la economía, incluso dándole la gabela de reducirle el porcentaje de encaje para que, con los recursos que hoy no le rentan un solo peso, inviertan en títulos de solidaridad (TDS) emitidos por el Gobierno, que le significarán rendimientos que rondan los $600.000 millones (asumiendo que el interés sea del 6%) a los bancos, al cedérsele a estos por parte del Banco de la República el señoreaje, pudiendo el Gobierno financiarse a cero costo sin la mediación de los bancos, ya sea mediante un crédito directo o mediante la compra por parte del Banco de la República de una emisión primaria de títulos de tesorería (TES) emitidos por el mismo Gobierno.
Ahora resulta que el día de hoy la prensa nos trae dos noticias, una buena y otra mala[11]. La primera, la buena, es que por segunda vez en el último mes la Junta directiva del Banco de la República redujo la tasa de interés de intervención, esto es la que le cobran a los bancos comerciales por los préstamos que les hacen mediante operaciones de mercado abierto (OMA), bajándola del 3.75% al 3.25%[12]. Además de la tardanza en trasladarle este beneficio del menor costo del dinero a sus clientes, tenemos la otra noticia, la mala, que, según la Superintendencia financiera para mayo el tope máximo de los intereses por créditos de consumo y ordinarios se ubicará en 27.29% efectivo anual, la misma que se aplica a los pagos con tarjeta de crédito. Y, en el caso del microcrédito, se mantiene la tasa más alta: 37.05% (¡!)[13]. Una diferencia, léase intermediación financiera, de 24.04 y 33.80 puntos porcentuales, respectivamente. No hay derecho, ¡carajo!
*Amylkar Acosta, ex Ministro de Minas y Energía, ex Director de la Federación Nacional de Departamentos, Miembro de Número de la Asociación Colombiana de Ciencias Económicas, @amylkaracosta
[1] www.americaeconomia.com.Abril, 29 de 2020
[2] www.cepal.org. Abril, 21 de 2020
[3] Semana. Abril, 25 de 2020
[4] Idem
[5] www.lostiempos.com. Abril, 30 de 2020
[6] El Tiempo. Mayo, 1 de 2020
[7] www.dane.gov.co
[8] www.anif.com.co
[9] www.cepal.org. Abril, 21 de 2020
[10] Amylkar D. Acosta M. El fantasma de la recesión. Abril, 28 de 2020
[11] El Tiempo. Mayo, 1 de 2020
[12] Idem
[13] Idem
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