Sus señorías, fueron 23 años de silencio. Marta Lucía Ramírez habló y sus palabras merecen la reprobación de los colombianos.

La Vicepresidenta Ramírez respondió, en comunicado de prensa, a las revelaciones de La Nueva Prensa. Bernardo, su hermano, fue condenado en Estados Unidos por tráfico de heroína más de veinte años atrás y la Vicepresidenta pagó su fianza.  La declaración revela varias facetas, no solo del estado de ánimo de la Vicepresidenta, sino también de su talante. Presento la evidencia del caso.

Sus palabras dan cuenta de una mujer atormentada por el sufrimiento de su familia. No es para menos. “Mi familia, como desafortunadamente tanta otras en Colombia, vivió una tragedia”. Tiene razón la Vicepresidenta en señalar que se trata de un dolor compartido. Sí, es verdad que a cualquiera de nosotros nos podría pasar. Pero, no, no exageremos, como lo hacen algunos defensores del Gobierno: no todas las familias tienen a un narcotraficante en sus filas.

Sus palabras dan cuenta de una mujer con un doble estándar moral y político. Para la Vicepresidenta, el hermano cometió un traspiés de criterio – “se involucró en un negocio fácil” – , el narcotráfico no pasa de una equivocación -“su error costó muchos años de sufrimiento” – y “es un hombre de bien”. Los delitos se presentan como deslices superables y los familiares acceden a la redención. La Vicepresidenta olvida las condenas implacables que imparte a quienes participan en la cadena del narcotráfico, cualquiera sea el eslabón, y reclama para ella una empatía que no ha entregado a los demás y mucho menos a los campesinos cultivadores de coca.

Sus palabras dan cuenta de una mujer que no ha entendido la necesidad de transparencia en una democracia. Los políticos colombianos aspiran a gozar las mieles de la vida pública sin asumir ninguno de los costos. Las figuras con responsabilidades de Estado deben aceptar una restricción de la esfera cobijada por el derecho a la privacidad porque el derecho del público a la información tiene prioridad ante los reclamos de los individuos a la intimidad. “He dado cabal información a las personas que en diferentes momentos de mi vida laboral consideré que debían conocerlos”, afirmó la Vicepresidenta. Solo se olvidó de contárselo a más de 40 millones de ciudadanos colombianos a quienes se debe como funcionaria pública.

Sus palabras dan cuenta de arrogancia, incapacidad de autocrítica y proclividad a la victimización. “Lamento que mis enemigos políticos decidan acudir a la bajeza de estos contra una mujer que lo único que ha hecho es trabajar honestamente y sin descanso por Colombia. Los ataques contra mi familia hacen parte de un ataque sistemático para desacreditarme.” Al parecer, según ella, le salimos a deber.

Sus señorías, concluyo mi caso.

*Laura Gil, politóloga e internacionalista, directora de La Línea del Medio, @lauraggils

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