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Nadie se cree el cuento de que el ELN y unas disidencias de las FARC tienen la capacidad y el apoyo ciudadano para producir, pocas horas después de un crimen cometido por dos policías, el episodio de violencia más terrible en la historia Bogotá en las últimas décadas.
Andres Felipe Rodríguez (23), Julieth Ramirez Meza (18), Jaider Alexander Fonseca (17), Fredy Alexander Mahecha (20), Germán Puentes (25), Julián Mauricio González(27), Angie Paola Vaquero (19), Cristian Alberto Rodriguez (21) y Cristian Camilo Hernández (26). Éstos son los nombres de los nueve jóvenes asesinados la noche del 9S que no podemos olvidar y sobre cuyas muertes las investigaciones de las autoridades deben dar resultados rápidamente. Algunos pretenden que Colombia siga como si nada hubiera pasado y eso no se puede permitir.
La opinión pública se ha concentrado en los videos que demuestran la forma cruel en que dos policías atacaron a Javier Ordoñez, los incendios de los CAIS, los excesos de la policía que pareció descontrolada durante largas horas de la noche de ese 9S; las desafortunadas declaraciones del Ministro de Defensa; la silla vacía del Presidente Duque y el nuevo choque entre el Gobierno nacional y la alcaldesa de Bogotá. Más allá de esos episodios mediáticos, está la vida de estos nueve jóvenes, la destrucción de sus sueños y los de sus familias. Algunos de ellos ni siquiera participaban en las protestas.
Sin duda es positivo que la Fiscalía General de la Nación en una semana impute a los policías que provocaron la tragedia y que actuaron con una sevicia y maldad que horrorizan. El informe de medicina legal concluye que el señor Ordoñez fue torturado en el CAI y golpeado en forma bárbara hasta causar su muerte. Se quedan cortos quienes comparan este doloroso episodio con el de George Floyd en Estados Unidos. Allá los policías causaron su muerte por asfixia, con testigos a plena luz del día. Aquí, el crimen comenzó en las calles con el “Taser” y terminó en forma salvaje en la penumbra de unas instalaciones de la policía. La reacción ciudadana era previsible y, como aceptó la propia alcaldesa, fallaron las autoridades en la precaución y la prevención al conocerse el espantoso hecho. Seguramente, en las protestas se pueden haber infiltrado grupos violentos e ilegales. Sin embargo, afirmar que una movilización de esa naturaleza de más de 5.000 personas sea obra del ELN y disidencias de las FARC, es falso y muy torpe. Si ello fuera cierto, querría decir que la guerrilla cumpliría su sueño de cercar a Bogotá, precisamente en el tercer gobierno de Uribe. Con 75 CAIS destruidos, caos en la policía, enfrentamientos en las calles de la capital como si estuviéramos en las montañas del Cauca o el Catatumbo y un saldo de 11 fallecidos y más de 300 heridos, sería un gran trofeo para esos grupos y un gran fracaso para la política de seguridad de Duque.
Más allá entonces de los fogonazos mediáticos y de los enfrentamientos de radicales de uno y otro bando en las redes, es importante reflexionar sobre lo que sucedió y lo que viene. ¿Qué puede hacer el Estado para afrontar un estado extremo de indignación ciudadana y garantizar que las protestas futuras sean pacíficas? Debemos partir de la premisa que en el 9S existieron graves y generalizados abusos policiales, sin precedentes por los excesos y el número de agentes del Estado involucrados, y también se presentaron actos de vandalismo y violencia en las calles. Se requiere entonces una verdad integral de los hechos, sin exagerar unos ni obviar otros, dependiendo de su origen. La extrema ideologización de las reacciones nos impide tomar correctivos hacia el futuro. Se necesita también que frente a las muertes de los nueve jóvenes se individualice rápidamente a los responsables y se les sancione ejemplarmente, sean civiles o policías los autores. No hay ninguna justificación para estos crímenes.
Hacia el futuro, entendamos que aumentará la indignación ciudadana frente a los desaciertos del gobierno, sus ataques a la paz, sus regresivas políticas sociales y su talante autoritario. Antes de la pandemia, tuvimos enormes movilizaciones ciudadanas que regresarán ahora con más fuerza ante la profundización de la crisis social y la indolencia e ineficacia gubernamental para afrontarla. La decisión de atribuir esas movilizaciones a las guerrillas es un camino torpe. Un regreso al pasado. No es cierto y, además, les otorga un poder que no tienen. Sería más inteligente entender las razones de esta movilización, cambiar las políticas oficiales, reducir las tensiones y los atropellos a sectores sociales y de oposición, convocar a todos a unos mínimos consensos en torno, por ejemplo, a la implementación de los acuerdos de paz y la necesaria reforma estructural de la policía. Y entender que estos jóvenes de las localidades de Bogotá cada día están más desesperados, no tienen empleo, perdieron la esperanza, sus sueños se frustran y, por eso, salen a las calles a protestar llenos de rabia e indignación.
Más allá del 9S, entendamos que los efectos sociales de la pandemia llegaron para quedarse por un tiempo y es con empatía, humildad, oportunidades y sensibilidad social como se pueden enfrentar. La arrogancia, el autoritarismo y la salida fácil e histórica de echar la culpa a los grupos guerrilleros sólo logrará echar más leña a la hoguera. A finales de los 80’’s y los 90’s Pablo Escobar se convirtió en el responsable de todo lo malo que sucedía en Colombia. Luego en la primera década de este siglo fueron las FARC. Ahora, nadie se cree el cuento de que el ELN y unas disidencias de las FARC tienen la capacidad y el apoyo ciudadano para producir, pocas horas después de un crimen cometido por dos policías, el episodio de violencia más terrible en la historia Bogotá en las últimas décadas, solo comparable con el Palacio de Justicia y el Bogotazo. Hay que partir de la base que es falsa esa tesis. Porque si fuera cierta, quiere decir que la catástrofe de este Gobierno es aún peor de lo que pensábamos.
*Juan Fernando Cristo, @cristobustos, ex Ministro del Interior y ex senador.
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