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Primó la sensatez; de no haber sido así, hubiésemos sido forzados todos a votar por la senadora y ella hubiese obtenido el 100% de los votos al mejor estilo norcoreano.
El viernes 5 de junio, la senadora Paloma Valencia fue elegida miembro del Comité Nacional de Paz. El lunes siguiente acusó a los “dueños del Acuerdo de La Habana” de discriminación ideológica en lo que pareció una referencia a la elección. No está claro a quién está dirigido el trino pero, en el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia – CNPRC -, la discusión no giró en torno a la exclusión. Esto fue lo que sucedió.
Como representante de organizaciones acompañantes de víctimas, pertenezco al Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia y presencié la discusión que tuvo lugar en torno a la candidatura de la senadora.
La misión del CNPRC consiste en “propender por el logro y mantenimiento de la paz; generar una cultura de reconciliación, tolerancia, convivencia, y no estigmatización y facilitar la colaboración armónica de las entidades y órganos del Estado, otorgando prioridad a las alternativas políticas de negociación del conflicto armado interno”. Se trata de un órgano asesor y consultivo del Gobierno de 105 miembros – 35 de la institucionalidad y 70 de la sociedad civil – El Comité Nacional de Paz es el órgano ejecutor y coordinador de las decisiones del Consejo y está compuesto por siete representantes de las organizaciones de la sociedad civil, tres de los organismos del Estado y tres de libre escogencia.
El reglamento del Comité establece que, “según la ley de cuotas, mínimo el 30% del Comité deberían ser mujeres, así: mínimo tres mujeres representantes de la sociedad civil y una por parte de las entidades del Estado. Para dar cumplimiento a esto, cada representante debe elegir mínimo a tres mujeres de la sociedad civil y mínimo a una mujer de las entidades del Estado. Si no se cumple este criterio, el voto se invalida.”
El Estado solo presentó a una mujer – la senadora Valencia – y, por ende, todos los miembros del Consejo estábamos obligados a votar por ella o nuestro voto se invalidaría. Sin presencia de más mujeres por parte del Estado, esto equivalía a un voto forzado y varios representantes de la sociedad civil nos declaramos impedidos para depositarlo.
Se solicitó, entonces, que se declarara a la senadora automáticamente elegida en tanto, al ser la única mujer por parte del Estado, para todo efecto práctico, ya lo estaba, y se nos permitiera continuar con los demás renglones sin invalidar los votos. ¿Dónde está, entonces, la exclusión?
El Alto Comisionado de Paz, Miguel Ceballos, se opuso, planteando que la no invalidación de los votos se asimilaría a una reforma del reglamento. Desde la sociedad civil, se le respondió que la declaración de la elección automática de la senadora daba alcance al reglamento. Al final, la cuestión llegó a una votación y primó la sensatez. De no haber sido así, hubiésemos sido forzados todos a votar por la senadora y ella hubiese obtenido el 100% de los votos al mejor estilo norcoreano.
Vale la pena anotar que varios miembros habían solicitado con anterioridad al Alto Comisionado de Paz la nominación de más mujeres de manera a evitar este impasse. Las peticiones fueron ignoradas. Llama la atención que un Gobierno que dice dar prioridad a la equidad de género haya presentado solo a una mujer.
El rechazo a la coerción del voto no significó una intención de dejar a la senadora Valencia fuera del Comité Nacional de Paz. Le doy la bienvenida, le deseo una productiva gestión en armonía con el resto de los elegidos y espero que trabaje para la paz de Colombia.
*Laura Gil, politóloga e internacionalista, directora de La Línea del Medio, @lauraggils
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