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Está solicitando la administración Guaidó a los países que reconocen su accionar la homogeneización de las políticas migratorias aplicables a los venezolanos, tomando como referencia las decisiones adoptadas por los gobiernos de Estados Unidos y Colombia.
Hace ya dos años, en más de un escrito, afirmamos que, si alguna posibilidad de éxito tenía la gestión de la Asamblea Nacional, era en el ámbito internacional, consecuencia del reconocimiento que dicho ente y su presidente tenían. En atención a ello propusimos plantearle a esos países el diseño de políticas públicas aplicables a la migración venezolana con reciprocidad suspendida.
En efecto, mientras en Venezuela exista como hoy una duplicidad institucional que impide el reconocimiento de quien ejerce la Presidencia de la República de manera plena, es imposible que cualquier decisión que se acordare con los países con los cuales el país tiene relación pueda serle aplicada internamente a los nacionales de aquellos manera inmediata y de allí la necesidad de la condición suspensiva.
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Un aliciente para que eso sea posible es la situación actual venezolana, definida en el último informe del Fondo Monetario Internacional, al calificar a nuestro país como uno de los más pobres de nuestro hemisferio y, por ende, del mundo. Esa circunstancia que pudiere ser vista por algunos como calamitosa, como en efecto lo es, constituye a la vez una oportunidad de desarrollo extraordinaria, derivada de la existencia en Venezuela de los recursos naturales y humanos que permitirán salir de esa situación cuando las circunstancias cambien.
Así entonces, la reconstrucción del país requerirá para realizarla, la presencia de mano de obra- – nuestra y extraña – que la ejecute pues con certeza debe saberse que nos daremos abasto para ello.
A esa condición debe sumársele la circunstancia de que los venezolanos nos encontramos en más de un 16% de su población fuera de las fronteras patrias impactando – para bien y para mal – las economías de los países de acogida, lo que obliga a sus autoridades a adoptar medidas que coadyuven a enfrentar la situación.
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Hemos afirmado que la migración no es un problema sino una oportunidad; hoy lo es para los países que nos reciban si adoptan decisiones de políticas públicas de inclusión. Mañana lo será para Venezuela, los venezolanos y los migrantes cuando seamos nosotros los que por imperio de la construcción de nuestro renacer económico, nos veamos precisados a recibir –nuevamente – a los extranjeros que quieran compartir nuestra experiencia.
La propuesta que está haciendo la administración Guaidó debe complementarse con la cláusula de suspensión de sus efectos para nuestros socios mientras resolvamos nuestra situación. Si no la proponemos, difícilmente se logrará el objetivo que se busca. Es una respetuosa sugerencia.
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*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. @barraplural
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