El ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo continúa dedicado a la política para ganar la aceptación de la base más radical del Centro Democrático. Vocifera, acusa y señala cual uribista pura sangre.

Volvió con el cuento de que no podemos hablar de lo que vimos hasta que un tribunal nos diga que sí sucedió lo que vimos. Ése es el eterno escudo del uribismo: si no existe decisión jurídica contra un agente del Estado, consideran sus militantes que no nos sea permitido hablar de las responsabilidades políticas de quienes dirigen el Estado. Estigmatizamos, dice el ministro, con fines electoreros.

Que no maten a mansalva a ciudadanos inocentes y hasta a los no tan inocentes es el único pedido que hacemos. ¿No le parece, ministro, que el ciudadano Javier Ordoñez pagó demasiado caro un momento de imprudencia? El ministro sigue esperando la respuesta de un juez para contestar.

No aspiro a que ni a Trujillo ni a ninguno de sus seguidores les pueda importar lo que se plantea desde Naciones Unidas. Es más, tengo la certeza de que poco les interesa. Pero, como el gobierno colombiano cada día parece más decidido a seguir el guión de Donald Trump  – el vandalismo que se ve en televisión como crimen superior a los homicidios de Estado que se ven en televisión -, no sobra recordar las palabras del Relator de las Naciones Unidas para la reunión pacífica.  

Del 11 al 27 de julio de 2016, el señor Clément Nyaletsossi Voule viajó a Estados Unidos para analizar la situación de las manifestaciones de Black Lives Matter, el movimiento creado en redes sociales en 2013 en protesta por las prácticas racistas de los cuerpos de policía en Estados Unidos.  Esto fue lo que afirmó en su informe.

  • “Al Relator Especial le preocupa saber que se ha convertido en un lugar común que la policía responda a las manifestaciones pacíficas con tácticas de estilo militar, chalecos antibalas y un arsenal de armas más adecuado para un campo de batalla que para una protesta.”
  • “El Relator Especial escuchó numerosas denuncias de que la policía había hecho uso excesivo de la fuerza para arrestar arbitrariamente a manifestantes por actos menores y los había atacado por su raza o etnia. Muchos manifestantes también dijeron que habían sido arrestados o acusados de delitos, como obstruir el tráfico, no obedecer a un oficial de policía y resistirse al arresto en circunstancias dudosas, lo que sugería un abuso de poder por parte de la fuerza policial”.
  • “Otras quejas comunes mencionadas, y en algunos casos observadas por el Relator Especial, incluyeron una abrumadora presencia policial durante las protestas; confiscación de dispositivos utilizados para registrar comportamientos policiales potencialmente ilegales y eliminación de grabaciones; infiltración de protestas por policías vestidos de civil; y visitas domiciliarias preventivas por parte de agentes del orden para advertir contra la asistencia a las protestas. Algunos manifestantes potenciales también fueron amenazados con la resurrección de cargos anteriores como medio de intimidación”.
  • “Es motivo de gran preocupación el vehemente rechazo en algunos sectores de cualquier escrutinio o crítica de la conducta impropia de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Se informó al Relator Especial de que la policía a menudo realiza detenciones por falta de respeto o desacuerdo con sus acciones.”
  • “Los manifestantes no son los enemigos” y “las acciones violentas de una persona  en una protesta no despoja a otros de este derecho”.

Ministro, le hablan.

*Laura Gil, politóloga e internacionalista, directora de La Línea del Medio, @lauraggils

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