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Tal como quedó redactado el decreto mediante el cual se creó el Estatuto de Protección al Migrante Venezolano aprobado por el señor Presidente Duque, el mismo sigue sin resolver el tema de la migración irregular venezolana.
En efecto, conforme a los términos del decreto aprobado, el Estado colombiano permitirá la regularización de quienes en el país se encontraban en esa situación al 31 de enero pasado, pero es lo cierto que el año tiene 365 días y que, mientras la situación venezolana no la resolvamos, una parte de nuestros connacionales continuará llegando a Colombia, la gran mayoría sin pasaporte.
Con estos, el país tendrá el mismo problema que a la fecha, es decir, no sabrá quienes son, que hacían en nuestro país y que pudieren hacer en Colombia, generando con ello la misma situación en la que nos encontrábamos hace dos meses y que ha generado reacciones de algunas autoridades locales.
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Se podrá argumentar que Colombia, en ejercicio de su soberanía devolverá a nuestro país al migrante irregular que consiga, lo cual es ciertamente posible pero, a la larga costoso y extenuante, por la circunstancia de que quien aquí llegó lo hizo para proveer a su familia el sustento que Venezuela le niega, lo que lo obligará a retornar a esta tierra. Esa es una realidad incontrovertible.
Ante esa situación, hemos propuesto y lo reitero que, por razones de seguridad de Estado de Colombia, ella debe conocer con certeza qué personas se encuentran en su territorio y ello sólo es posible manteniendo abierto, de manera permanente, un registro migratorio. Así, todo aquel que entre careciendo de pasaporte o sin sello de salida de Venezuela del mismo debería estar inscrito en él, a los fines de que el país tenga la certeza, no solo cuantitativa sino cualitativa, de quienes en su territorio se encuentran.
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Dejar sin resolver la situación que planteo traerá como consecuencia que, en pocos meses, Migración Colombia nos informe que aquí se encuentran determinado número de migrantes regulares y otro tanto de irregulares, generando con ello los mismos problemas que el Estatuto pretendió corregir.
La circunstancia de que ambos países compartamos más de dos mil kilómetros de frontera obliga a las autoridades a adoptar políticas en consonancia con ello, máxime en la actual circunstancia venezolana.
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Así como Colombia adoptó mediante el Estatuto una política migratoria de incorporación al migrante irregular que se encontraba aquí al pasado 31 de enero, al igual que lo hizo para el regular que al país ingrese por los próximos dos años, respetuosamente sugerimos se expida para el irregular que llegue a partir del primero de febrero anterior y por los próximos dos años –prorrogables según las circunstancias- una política que le permita registrarse e incorporarse a la protección del Estatuto. Con ello todos saldremos ganando.
*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. @barraplural
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