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En la actualidad venezolana y contrariando el texto constitucional, todo se decide en Caracas -lo cual por cierto nuevo no es nuevo – puesto que desde que el señor Chávez ocupó Miraflores eso ocurrió.
Para quienes decidimos en su momento vivir en la provincia venezolana, la descentralización desarrollada a partir del segundo gobierno del Presidente Pérez fue un extraordinario avance. Gobernadores y alcaldes elegidos por votación popular, eficientes o no, la decisión sobre su premio o castigo a nosotros correspondió, salvo el malhadado caso del gobernador de Anzoátegui, Ovidio González, defenestrado de su gestión, en perjuicio de todos, por una componenda de mala hora.
La descentralización permitió a quienes en la provincia vivíamos exigir de primera mano a quienes por su posición estaban obligados a prestarnos servicios de manera adecuada; a la vez, permitió el acceso de recursos a las regiones, contribuyendo así con el desarrollo integral del país.
Igualmente, la descentralización facilitó que otros actores distintos a los que desde Caracas gobernaban participaren en la actividad política nacional con preeminencia pues se sentaban de igual a igual con otros pares, a sabiendas que su posición no dependía de la decisión de una sola persona o de un partido en particular sino del voto ciudadano.
Ese sistema está recogido en los artículos 6 y 157 constitucional pero, como todo lo que ha ocurrido con ese cuerpo de normas, el mismo ha sido desaplicado por el chavismo, valiéndose para ello, bien de su mayoría en el parlamento, de su Tribunal Supremo de Justicia o de su constituyente.
Lo cierto es que buena parte de las competencias – e ingresos – que la Constitución les establece a gobernadores y alcaldes, órganos legislativos o municipales, han sido minados ex profeso por dichos entes.
Creo sin exagerar que, dada la situación económica del país, producto de una gestión pública ineficiente e incompetente, quienes habitan en la provincia están en similares condiciones de desatención que las que tenían los venezolanos hacia la primera parte del siglo 20.
La práctica política diseñada desde Caracas, tendente a que el “máximo líder” no tuviere competencia de ningún tipo, generando con ello una suerte de monarquía, ha vulnerado sustancialmente la asistencia que a los habitantes de la provincia venezolana corresponde.
La tarea de cambiar el rumbo ejecutado estos años está pendiente. La descentralización es una exigencia por cumplir que deberá abordarse inmediatamente que el estado de cosas en el país se modifique.
*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. @barraplural
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