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Se discute en algunos chats venezolanos, generalmente por opositores que coinciden en rechazar el accionar del señor Maduro y del Presidente Guaidó, lo relativo a la continuidad de gestión de la actual Asamblea Nacional después del cinco de enero del 2021. Se afirma en los mismos que la elección parlamentaria tiene carácter constitucional y a ésta debemos atenernos por lo que no es posible hablar de continuidad de la actual gestión de esta última pasada esa fecha.
Una de las cosas que generalmente afecta la política es la incoherencia.
Buena parte del país, incluyendo los opinadores de esos chats, consideran que el señor Maduro está usurpando la Presidencia de la República porque su elección no fue reconocida por buena parte de los venezolanos y de la comunidad internacional.
La elección presidencial del 2018 era tan previsible constitucionalmente como lo es la parlamentaria de este año, con el agravante que las condiciones para ésta son peores a las de aquella. Así las cosas, si por las razones señaladas se afirma que no se reconoce la primera, tampoco puede reconocerse la segunda, pues quien salga electo en ella usurpará el cargo parlamentario y dado que no existe órgano que constitucionalmente pueda suplir la vacante, como sí ocurre con el Presidente de la Asamblea Nacional cuando al inicio del periodo presidencial no se presenta el Presidente electo o no se produjo la elección respectiva, entonces opera en derecho la continuidad que se aduce.
A esa, que es una fría consecuencia jurídica, en la actual situación del país, es pertinente darle calor político permitiéndole al ciudadano su opinión al respecto, con la posibilidad de que sea aprobada por los participantes o impedida por el señor Maduro, lo que implicará una aprobación tácita, o negada por los asistentes, en cuyo caso entraríamos en un problema de legitimidad general.
La continuidad es un tema jurídico, pero también lo es político. Ella implica reconocimiento de terceros, bien sean estos los ciudadanos, bien sea la comunidad internacional, quienes serán finalmente los que, con su opinión, validarán la misma. Una continuidad rechazada interna y/o externamente, ningún valor político tendría. Ese es un tema en el cual todos debemos estar muy claros.
La dirigencia política, partiendo de las premisas que señalo, está obligada a adoptar las decisiones conducentes que faciliten resolver la situación en la que estamos.
*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. @barraplural
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