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El gobierno de Colombia ha anunciado que la vacuna contra el Covid 19 que ha contratado, no se aplicará a los migrantes venezolanos en condición de irregularidad, vale decir entonces, al 55% de los connacionales que en el país se encuentran.
Ciertamente el desconocimiento que respecto de nombres y apellidos, dirección en Colombia, destrezas y habilidades, que Colombia tiene respecto de ellos lo dificulta grandemente, mas lo cierto es que hablamos de un poco más de un por ciento de la población total de Colombia, que normalmente no vive en estrato 4 al 6, la que estará descubierta.
La decisión, como siempre ocurre, causará opiniones a favor y en contra, dependiendo de la posición que cada quien tenga respecto de la migración. Como creo estéril la misma, me permitiré abordarla desde otra perspectiva.
Creo que una franja como esa es un peligro potencial para el país, que a la vez abre una magnífica oportunidad para implementar el sistema de identificación que hemos propuesto.
Todo venezolano, desde los nueve años aproximadamente, tiene un número de cédula de identidad. Solo en muy contados casos ello no ocurre.
Quienes son mayores de 18 años muy probablemente se encuentran inscritos en el Registro Electoral Permanente o están inscritos en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales o en algún otro listado de los diseñados por el chavismo para distribuir los elementos que le sirven como forma de control social a los venezolanos. Todo ello se puede verificar por distintas páginas web.
Así las cosas, si el Estado colombiano decidiere implementar ese registro de migrantes irregulares, antes de que se apliquen las vacunas, pudiere cotejar contra las referidas páginas en las cuales se encuentran identificados aquellos en condición de irregularidad, su identidad, contrastándola con la cédula de identidad venezolana que se les presente. Eso serviría adicionalmente para cubrir los extremos que hemos propuesto de manera reiterada: identificación, ubicación, habilidades y eventual re direccionamiento, a la vez que impediría la excusa de algunos gobernantes en el sentido de que aquellos que cometen delitos, por carecer de identificación, deben ser liberados luego de detención.
Consecuencia de lo expuesto es que, nuevamente, todos ganamos que es lo que se aspira siempre en el tema migratorio.
Evidente riesgo se corre dejando un porcentaje de la población, con total movilidad dentro del territorio, sin protegerlos del Covid 19, pudiendo estarlo.
Lo que en principio pudiere verse como un problema puede ser en el fondo una oportunidad. Los únicos que pueden convertir lo primero en el segundo son las autoridades.
Aprovechemos en Colombia la pandemia – que origina una disminución de tránsito entre Venezuela y Colombia – para regularizar a los venezolanos que lo requieren.
*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. @barraplural
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