El debilitamiento institucional venezolano en estos veintidós años de gestión chavista ha sido adrede.

El mismo comenzó con la decisión judicial de permitir una Asamblea Constituyente no prevista como mecanismo de reforma del sistema jurídico del país, ahondado por el sistema de elección de los que integraron la misma, generando así una mayoría que no se compadecía con los votos recibidos, ante el sepulcral silencio institucional.

Luego continuó con la designación en los organismos de control institucional – Contraloría y Fiscalía General de la República – de personas con personal vinculación con el partido de gobierno y el señor Chávez, contrariando con ello una sana práctica democrática y limitando con la misma el control a los órganos del poder.

En este período de tiempo, el Poder Judicial, desde su cúspide y hasta el más apartado tribunal de municipio, ha sido politizado con contadas excepciones, haciendo nugatoria la disposición constitucional de la carrera judicial. Lo mismo ha ocurrido con el Consejo Nacional Electoral, la mayoría de cuyos integrantes, con voluntad digna de mejor causa, han dedicado denodados esfuerzos para dinamitar el voto y la participación popular como mecanismo de cambio político institucional.

El Parlamento, por su parte, mientras el chavismo lo controló con sus votos, nada hizo para facilitar el cumplimiento de la Constitución y, por el contrario, diseñó un entramado jurídico contrario a ésta, absteniéndose de ejercer las facultades de control. A posteriori, a partir de diciembre del 2015, cuando por decisión ciudadana expresada con votos las mayorías cambiaron, en el ocaso de su gestión, designó a los abogados que fungen como magistrados del Tribunal Supremo, quienes en agradecimiento y en comandita, han expedido más de 100 sentencias tendentes a impedir el cumplimiento de sus atribuciones, lo que en buena medida han logrado.

Así las cosas, Venezuela está al día de hoy institucionalmente destruida.

Pensar que una situación como esa se resolverá con un gobierno de transición de corto tiempo, integrado exclusivamente por amigos o compañeros de ruta, es un grave error que a la larga más caro nos costará pues retornaremos al principio – con quienes hoy actúan – en peores circunstancias. Es esa la experiencia histórica.

La transición debe ser lo suficientemente amplia en su integración y larga en el tiempo para estabilizar las instituciones. Adicionalmente, reafirmo que quien la dirija debe dedicar todos sus esfuerzos a ella sin aspiraciones inmediatas futuras una vez concluida la misma. El ejemplo de Betancourt del año 45 debe ilustrarle.

*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. @barraplural

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