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Un país en vías de desarrollo pocos lujos puede darse si quiere alcanzar a quienes le van adelante. Para minimizar las distancias, él debe adoptar todas las decisiones que sean conducentes a los fines de lograrlo.
Más de un millón setecientos mil venezolanos se encuentran dentro de Colombia. No importa que la mayoría no tenga regularidad migratoria y que, dentro de quienes a ésta accedieron, se les califique, conforme a la normativa vigente, como que no tienen intención de permanencia. Una cosa piensa quien legisla y otra su beneficiario.
En la actual circunstancia venezolana y hasta tanto no se resuelva la misma, el connacional que de nuestro país sale lo hace para volver solo cuando la situación que motiva su salida cambie. Eso es lo cierto y cree uno que, en función de ello, los países receptores deberían planificar. Lamentablemente, no ocurre así.
Médicos e ingenieros, por solo mencionar dos profesionales que Venezuela formó, se encuentran en calidad de subempleados, cuando no desempleados, en Colombia y no pareciere haber voluntad política para que eso varíe.
Se nos sigue exigiendo apostilla de documentos con vigencia de no más de noventa días. Con ello se financia a un gobierno que no se reconoce. Se aplica igualmente una normativa que, como he escrito en otras ocasiones, no solo puede ser interpretada de manera más amplia sino que es obsoleta pues fue creada a principios de los sesenta del pasado siglo cuando nadie pensaba en los avances de Internet y la seguridad que ésta da.
Nada costaría a las autoridades adoptar protocolos de seguridad que facilitaren la validación de los documentos venezolanos. Las universidades de Venezuela también tienen Internet. A ellas se les puede solicitar que uno de sus funcionarios valide la autenticación de nuestros documentos. Se haría así uso de las alternativas que, en alguna ocasión, Cancillería de Colombia nos mencionare en respuesta a un derecho de petición que a ella se le radicó, respecto de la literalidad del régimen de apostila.
Tener a cualquier profesional haciendo domicilios es un desperdicio de talento que ningún país en vías de desarrollo debería darse. Es una respetuosa observación.
*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. @barraplural
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