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Dando y dando. Así hemos traducido los venezolanos la referida expresión latina. Si me das te doy.
Alguna agrupación política venezolana ha solicitado públicamente que, en contraprestación a una eventual suspensión temporal de las sanciones que el gobierno americano ha establecido, la gestión Maduro facilite en Caracas mejores condiciones electorales.
Al respecto sostengo que el problema venezolano es de mayor entidad que estas últimas.
El señor Maduro podrá convenir las condiciones de participación política que quiera, mientras tenga a la mano dos elementos que de mucho le han servido: por una parte, abogados que fungen como magistrados de la Sala Constitucional y de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia y, por la otra, la Asamblea Constituyente.
Mientras esas instancias existan en Venezuela, en las actuales circunstancias, cualquier condición que se establezca será ilusoria, pues siempre se aducirá ante terceros que dada su autonomía, quienes integran dichos entes pueden acordar lo que estimen conducente en función de su interpretación de la Constitución y la ley.
En tal virtud, considero que un eventual quid pro quo con los americanos – de sanciones por otra cosa – debe estar fundamentado en resolver el problema que producen en nuestra situación nacional los dos elementos referidos. Solo si ello ocurre, cualquier elección que se realice será controlable por los ciudadanos y solo por ellos.
Cualquiera me dirá que los ocupantes de Miraflores nunca soltarán esas dos prendas. Al respecto afirmo que ello depende, simplemente, de cuánto les afecten las medidas que en cada reunión, conversación, negociación, diálogo o intervención, ponen sobre la mesa como exigencia inicial y fundamental. Así, dependiendo del interés que tengan, buscarán maneras de mantenerlas y quienes están en posición de exigir su cese, de ponerle término a su actuación.
En nuestro país, la discusión jurídica carece de pertinencia. Allá no hay ni Constitución ni ley. Ellas se aplican exclusivamente en función de las circunstancias y conveniencias de quienes Miraflores ocupan. Por consiguiente, las decisiones que al respecto habrían de adoptarse para que el quid pro quo que señalo se produzca, tendrían muy alto componente político y quizás muy poco de jurídico.
En la medida en que el sistema legal venezolano se reconfigure y que no exista interferencia de quienes despachan como constituyentes, así como tampoco de quienes fungen como instancia máxima del sistema judicial, los que decidan participar en el evento comicial, tendrán la certeza que un árbitro imparcial resolverá las controversias, lo que hará posible el inicio del retorno de la confianza en el sistema electoral.
Quien pretenda suspensión de sanciones, debe proponer condiciones de peso equivalentes. Allí hay algunas.
*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. @barraplural
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