La Constitución venezolana de 1999 tiene como uno de los poderes públicos que integran su entramado jurídico – lo que en ella se denominó “Poder Ciudadano” – al Defensor del Pueblo.

Antes de la vigencia de dicho texto, algunos de quienes ahora, con preeminencia, forman parte del estamento político del madurismo, ejercieron en la democracia civil esas funciones, en paralelo a como lo hacía la Fiscalía General de la Nación, con la pequeña diferencia que ahora permanecen en sepulcral silencio respecto de lo que en el país pasa.

Conforme al texto constitucional, dentro de las atribuciones de dicho órgano, así como de los demás integrantes del referido poder, está la de promover la solidaridad, estando obligados todos ellos a formular a las autoridades las advertencias sobre la falta de cumplimiento de sus obligaciones legales, con exigencias de responsabilidad para quien en dicha omisión incurra.

Según se dispone en la norma que regula expresamente la conducta del Defensor, debe él promover, defender y vigilar los derechos y garantías establecidos en la Constitución.

Desconozco el nombre de la persona que ocupa el cargo en referencia y no es de extrañar dada su conducta remisa. En todo caso, lo hace él – con certeza – de la misma manera ilegítima que los restantes integrantes del referido poder, por la sola circunstancia que la Asamblea Nacional no lo designó al igual que a aquellos, lo cual no es óbice para que no cumpla, cuando menos con las apariencias.

Ha adoptado el señor Maduro y quienes a él le acompañan en su accionar la decisión de criminalizar a los migrantes que retornan. Según deduzco de lo que escribió en un tuit un reputado periodista venezolano, hasta un kit judicial les han diseñado – asociación para delinquir, expansión del riesgo de salud, alteración al orden público y desobediencia social – , con 45 días de detención.

Deduzco del referido tuit que la instrucción es general por lo que debe constar por escrito. Ante ella, quien gerencia la Defensoría ha hecho mutis. Silencio. Absoluto silencio.

Ese migrante, que retorna a un país del cual salió por las políticas públicas desarrolladas por los señores Chávez y Maduro, está impedido de pasar legalmente a Venezuela porque las fronteras están cerradas por determinación de Caracas y, dada la imposibilidad de producir donde lo acogieron, debe regresar a su tierra, siendo por ello estigmatizado, perseguido y encarcelado, sin que quien debe defenderlo lo haga, constituyéndose por tanto este en cómplice de lo que acontece.

Dijo El Libertador: “Llamarse jefe para no serlo es el colmo de la miseria”. Quien ocupa las oficinas caraqueñas del referido poder queda en esa frase retratado.

*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. @barraplural

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here