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Los presidentes se acostumbraron a tener un congreso gobiernista para que le alaben todo y, entonces, cuando la oposición y los independientes alzan la voz, los tildan de demagogos y politiqueros.
Bastante interés ha despertado en el país el Plan Nacional de Vacunación que emprenderá el gobierno para inmunizar contra el Covid-19 a por lo menos 29 millones de colombianos.
Sin embargo, el proceso no ha sido de cara al país; sigue existiendo una confidencialidad por parte del gobierno nacional y sobre todo del Ministerio de Salud, que parecieran ocultar el trasfondo de las negociaciones con las farmacéuticas productoras de las vacunas.
No es posible que, mientras otros países ya llevan la delantera para inmunizar a sus ciudadanos, en Colombia apenas se están estableciendo protocolos para avanzar en la vacunación masiva y, por si fuera poco, según un análisis comparativo publicado en el diario La República, nuestro país compró las vacunas más costosas del mercado.
Por ejemplo, mientras el laboratorio AstraZeneca vendió a la Comisión Europea vacunas a US$2,19, a Filipinas a US$ 2,50, a Estados Unidos a US$4,0, Colombia las compró a US$21, una diferencia muy superior y el gobierno nacional no ha dado aún ninguna respuesta contundente que justifique esa millonaria compra que, según ha dicho el propio Presidente de la República, ascendería a $1,5 billones.
Por eso, preocupados por conocer la verdad sobre el fondo de este proceso coyuntural para el país, la Comisión Quinta del Senado, adelantará una audiencia pública el próximo martes 26 de enero, para conocer respuestas de los protagonistas que han tenido incidencia en las negociaciones de las vacunas.
En ese sentido, hemos invitado al Ministro de Salud Fernando Ruiz, al Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal, a la directora del Instituto Nacional de Salud, Martha Ospina, a la Federación de Departamentos, a la Federación de Municipios, a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, al Contralor General de la República, para conocer los avances y las verdades ocultas de la adquisición de las dosis adquiridas para inmunizar inicialmente a por lo menos 29 millones de colombianos.
Algunos de los puntos a tratar durante la audiencia pública apuntarán a conocer el estado de ejecución del Plan Nacional de Vacunación, el plan de adquisiciones y contratación, el manejo de importaciones, el cronograma de ejecución, la logística a aplicar y los valores invertidos para la compra de las vacunas.
Por alertar al país y por promover estos espacios que buscan conocer la verdad, el Presidente de la República ha tildado a la oposición de politiqueros y demagogos.
Lo que estamos adelantando es un control político autorizado por la plenaria a través de una proposición para realizar audiencias públicas en tiempos de receso legislativo. Ésa es una de las funciones del Congreso, así que no nos pueden cercenar ahora ese derecho que constitucionalmente está establecido desde 1991.
Aquí se acostumbraron los presidentes a tener un congreso gobiernista para que le alaben todo y, entonces, cuando la oposición y los independientes alzan la voz, promueven debates, cuestionan ministros y las políticas públicas, nos tildan de demagogos y politiqueros. Así no son las cosas.
Lo que queremos con la audiencia pública de este 26 de enero es que los voceros del Gobierno, los especialistas y los senadores opinen al respecto, siempre con el propósito de lograr lo mejor para los colombianos, porque de eso se trata, de cerrar filas entre todos para superar este mal momento que vive el país y el mundo por cuenta de los estragos de la pandemia, que se cuentan en pérdida de vidas humanas y crisis en los aparatos productivos y de empleabilidad.
Lo que queremos es que haya un proceso serio y transparente, que se logre aplicar el biológico a todos los colombianos, ojalá en un tiempo no muy lejano, que el país recobre su vida productiva y que la normalidad vaya retornando de manera gradual.
*Guillermo García Realpe, Senador, @GGarciaRealpe
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