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El mejor homenaje a todas nuestras víctimas es la revelación de toda la verdad. A las víctimas del secuestro, de los asesinatos fuera de combate, a todas por igual.

La Jurisdicción Especial para la Paz – JEP – ha sido protagonista de las noticias en Colombia en el comienzo de este año. Al cumplir tres años de funcionamiento, y a pesar de los obstáculos, las objeciones a la ley estatutaria y la animadversión de ciertos sectores de la justicia ordinaria y la opinión pública, el sistema de justicia transicional creado en el marco del Acuerdo de Paz e incorporado a la Constitución y la ley muestra resultados importantes que, sin duda, contribuirán en forma decisiva en el conocimiento de la verdad en el largo conflicto armado. En tres años la JEP ha logrado mucho más que la justicia ordinaria en más de 50.
Primero, fue la imputación sólida, fuerte y ponderada a los ex integrantes del secretariado de las FARC, quienes precisamente esta semana aceptaron su responsabilidad, por acción y omisión, en más de 21.000 secuestros, una cifra que aterró al país y que demuestra la crueldad y la barbarie de la guerra en nuestro país. Esta semana, de nuevo los colombianos nos enteramos con asombro que los mal llamados falsos positivos entre los años 2002 y 2014 no fueron los 2.200 registrados por la Fiscalía General de la Nación, sino 6.402 civiles inocentes que fueron asesinados por miembros de nuestras fuerzas armadas en estado de indefensión. Un periodo vergonzoso para nuestra institucionalidad y sistema democrático.
El proceso apenas comienza y ahora vendrán las decisiones de la JEP y la eventual imputación a los máximos responsables de estos crímenes de guerra. Precisamente el objetivo del sistema de justicia transicional es el de conocer todos los horrores del conflicto y que los responsables de estas atrocidades reconozcan su responsabilidad, contribuyan con la verdad y tengan derecho a las penas alternativas contempladas en la ley. Es evidente que estas verdades estremecen al país, conmueven a los ciudadanos y remueven hechos vergonzosos del pasado que algunos preferirían no revivir. Pero la historia ha demostrado que las sociedades que logran doblar la página del conflicto interno y avanzar en la reconciliación son aquellas que se deciden a conocer toda la verdad de lo sucedido.
Por ello, tan aterrador como el número de civiles inocentes asesinados que reveló la JEP es la reacción de los sectores políticos que gobernaron este país durante esos años. Señalar a la JEP de un supuesto sesgo político, cuando hace pocas semanas imputó de crímenes muy graves a la ex guerrilla de las FARC, es absurdo. Más triste aún que algunos salgan a controvertir las cifras como si se tratara de simples estadísticas y no de seres humanos, de jóvenes asesinados sin tener nada que ver con esta guerra, de madres desoladas, de hogares destruidos sin razón ni justificación . Deplorable que esos dirigentes políticos en todas sus declaraciones no muestren el más mínimo sentimiento de solidaridad con las víctimas de este macabro episodio de nuestra historia de violencia. No mencionan a las víctimas, no expresan dolor por su muerte; es como si al negarse a hacerlo, al omitir sus nombres, los condenarán al olvido, a no existir. Como si su muerte fuera justificada. Como si quisieran asesinarlos de nuevo.
Algunos tratan esta historia de dolor de las víctimas del secuestro y de los falsos positivos como si fuera un partido de fútbol. ¿2.100 a 6.402? ¡Qué indolencia, qué inhumanidad!. Olvidan unos y otros que estamos hablando de decenas de miles de hogares que no volvieron a ser los mismos. De sueños truncados. De madres esperando el regreso de sus hijos y de familias enteras que nunca vieron regresar a sus familiares secuestrados en las selvas y sometidos a tratos degradantes. Hoy conocemos la verdad de estas historias y no podemos asustarnos y pretender silenciarla. Debe surgir con toda su fuerza, debe gritar en nuestras conciencias que en una época actuamos con egoísmo e indiferencia frente al horror de la guerra, que no nos importaron los miles de secuestrados y tampoco los miles de jóvenes asesinados. La JEP se creó para recordarnos estos horrores y, por ello, algunos la detestaron desde su nacimiento. La verdad duele pero hay que decirla.
El mejor homenaje a todas nuestras víctimas es la revelación de toda la verdad. A las víctimas del secuestro, de los asesinatos fuera de combate, a todas por igual. No puede haber diferencia en razón de quien fue su victimario. Esa fue la gran discusión con el gobierno de Uribe cuando impulsamos la Ley de Víctimas y hoy sigue vigente. Y todos estos crímenes deben ser investigados y juzgados en el marco de la justicia transicional. No para que paguen 50 años de cárcel, sino para dignificar a las víctimas actuales y evitar que esos hechos se vuelvan a repetir. ¡Nunca más!.
*Juan Fernando Cristo Bustos, @cristobustos, ex Ministro del Interior y ex senador.