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“Al siguiente año, en la misma época y tiempo, el pez regresó con más peces, ya la joven Embera (pez ballena) tenía un hijo que lloraba como una bebé, entonces la familia Embera de la tierra dijo que su hija tenía familia, pero la pez que antes era Embera la distinguía porque ella se acercaba a la mamá, papá y hermanito”.[1]
En los últimos meses se ha venido hablando nuevamente del proyecto Puerto de Tribugá. Esta iniciativa, que aprovecha la ubicación de la ensenada de Tribugá, cerca de aguas profundas sobre el Pacífico, es uno de los proyectos, que, de realizarse, afectará la vida de los pueblos Embera Dobidá y Katíos, Wounaan y afrodescendientes y los ecosistemas de la región pacífica.
Se habla también de una serie de proyectos de desarrollo nada sostenibles que inciden sobre la vida en esta región. El Puerto de Cupica en bahía Solano, la privatización del río Atrato, los proyectos hidroeléctricos en los ríos San Juan y Baudó y la construcción de un canal seco interoceánico, que uniría por medio de trenes al Pacífico y Caribe, afectando al ecosistema y a las comunidades que por años han defendido el territorio del Darién.
Este plan se compone de una serie de sub proyectos: la construcción de puertos turísticos y de cabotaje, el tren Quibdó – Nuquí, la vía Ánimas – Nuquí, las vías Medellín – Quibdó, Manizales – Quibdó, Medellín – Urabá, los puertos fluviales de Quibdó y Tarena, las zonas francas portuarias en Chocó y Urabá, el holding empresarial alrededor de los puertos, las zonas francas permanentes y las zonas francas multiempresariales, Urra II, las líneas de interconexión eléctrica y un aeropuerto internacional con un hub de carga aérea multimodal. A esto se suman el monocultivo de palma ligado al despojo de tierras, la megaminería legal e ilegal, el narcotráfico, el tráfico de armas, la explotación ilegal de maderas y el tráfico de personas.
Llama la atención que, en la zona en donde se proyecta este plan, está ocurriendo uno de los fenómenos neocoloniales más desgarradores del presente siglo: el genocidio contra los pueblos indígenas y, en el caso del Chocó, también el sometimiento de los pueblos afrodescendientes. Hoy este delito se repite en otras regiones, ligado de alguna forma a la implementación de los llamados proyectos estratégicos.
La estrategia de implementar un proyecto sin consulta previa y sin información a los pueblos originarios cuidadores del territorio encaja seguramente por “coincidencia” con la estrategia político militar, implementada por los grupos neoparamilitares en complicidad con la fuerza pública, de debilitar las organizaciones tradicionales, el tejido social y las capacidades de resistencia de los pueblos, como lo ha afirmado en varias ocasiones Leyner Palacios, líder víctima de Bojayá. Al respecto, recordemos que, en Urabá, en la zona donde se desarrolla Puerto Antioquia, han tenido que restituir tierras a comunidades despojadas. Esta restitución es emblemática porque demuestra el vínculo que existió entre empresarios bananeros y grupos paramilitares para el despojo de tierras en Urabá”, manifestó Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros, en Blu radio, el 12 de marzo de este año. A esta situación aportaron, aunque con motivaciones diferentes, las guerrillas del ELN, que aparecen como un nuevo actor armado, reclutando menores indígenas y negros, extorsionando y secuestrando gentes de la región.
El genocidio contra los pueblos indígenas para imponer un modelo económico y un sistema político y cultural combina varios componentes, ya no con base en la Ley 89 de 1890, que establecía cómo “deben ser gobernados los salvajes que se reduzcan a la vida civilizada”, sino mediante el uso de la fuerza ilegal del paramilitarismo, la estigmatización y el desconocimiento de los derechos de los pueblos y el debilitamiento de las normas que, al amparo de la Constitución, le garantizan a los pueblos sus derechos.
De esta forma, se avanza en varias acciones. Primero, se evidencia el confinamiento de las comunidades nómadas para convertirlas en semi-nómadas o sedentarias, reprimiendo su tradición de recolectores, cazadores y pescadores que les garantizan su dieta alimentaria, convirtiéndolas en dependientes de los llamados subsidios del Estado y sometiéndolas a la muerte por desnutrición o a afectaciones en la salud mental que llevan a algunos jóvenes al suicidio. Luego, se debe tomar nota del desconocimiento de las tradiciones para hacerles renunciar a su sabiduría ancestral – el pueblo Embera Dobidá ya no celebra el día de la comida en la ensenada de Utría – y a su espiritualidad – para el pueblo Embera Dobidá, la ballena jorobada, que los visita cada año a la ensenada, hace parte de su sangre y está prohibido matarla – , mediante la imposición de creencias religiosas, obligando al tránsito de “salvajes a semisalvajes y civilizados” para que acepten la cultura occidental, el modelo económico capitalista y las políticas neoliberales, amenazando, desplazando, secuestrando, reclutando y asesinando a sus integrantes.
Para el sometimiento de los pueblos afrodescendientes, se recurre a una estrategia parecida, que les afecta de forma diferente, posiblemente por las costumbres y tradiciones de resistencia de estos pueblos, por la cultura y formas organizativas o por el territorio que ocupan. “Luis Perea del grupo interinstitucional y comunitario para la pesca artesanal hizo referencia al peligro de perder la soberanía y seguridad alimentaria de la zona, pues más de 600 familias viven directamente de la pesca. Asimismo, resaltó los procesos comunitarios que de la mano de diferentes organizaciones han venido adelantando hace casi 30 años. Y planteó la pregunta “¿por qué Colombia no piensa en desarrollarnos desde las potencialidades que tenemos?”.
Así las cosas, lo que para la cultura dominante es un plan y unos proyectos que traerán “bondades” ligadas al desarrollo, en realidad, no es más que una imposición violenta, que desconoce el espíritu de la Constitución, somete a los pueblos a estrategias genocidas neocoloniales y promueve el despojo de tierras y la idea equivocada de que las comunidades no quieren superar la pobreza. Se recurre a la vieja estrategia de la conquista española de cambiar espejos por riqueza.
La violencia en el Chocó va más allá de las acciones armadas por el dominio territorial relacionado con las rutas del narcotráfico y el tráfico de armas o de estrategias de implantación de monocultivos de palma o banano ligadas a la corrupción y el blanqueo de dineros. Al igual que en otras regiones del país, la violencia en el Chocó tiene otros intereses, seguramente en desarrollo de una agenda oculta de quienes se consideran con el derecho de imponer un modelo de desarrollo, combinando la corrupción con el uso del aparato estatal y gubernamental, para aplicar decisiones que violan la Constitución y la Ley e impiden la construcción de la paz, el desarrollo autónomo de los pueblos y su soberanía.
De allí la importancia de avanzar con urgencia en un acuerdo humanitario para el Chocó, que excluya del conflicto armado a las comunidades, asegure el reconocimiento y construcción de las guardias indígenas y cimarronas y genere un proceso de recuperación y fortalecimiento de las formas organizativas y las autoridades tradicionales, como lo ha ratificado la V Asamblea de la Comisión Interétnica para la Paz, realizada virtualmente a principios de este mes.
*Luis Emil Sanabria, bacteriólogo, docente universitario con estudios en derechos humanos, derecho internacional humanitario y atención a la población víctima de la violencia política. @luisemilpaz
[1] Extracto del relato no publicado de la ballena del Pacífico el día sagrado de la comida Embera Dobidá, Por: María Laurina Lubiasa Pedroza Q.E.D. Transcribe: Alberto Achito Lubiasa – recuerdo de la enseñanza de mi mamá.
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