Aborto: las causales actuales no son suficientes

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La Corte Constitucional se enfrenta hoy ante la decisión urgente y la oportunidad histórica de remediar la situación de injusticia e inequidad institucionalizada, y proteger los derechos fundamentales de todas las mujeres y niñas de Colombia que decidan abortar.

En el 2006, la Corte reconoció como un derecho fundamental la interrupción voluntaria del embarazo por tres causales: cuando representa un riesgo para la salud o vida de la mujer; cuando la gestación es inviable y cuando es producto de violación, incesto o inseminación artificial forzada. Sin embargo, cada segundo que pasa, la realidad demuestra que las causales no son suficientes. Dada la jurisprudencia y el deber de ponerla en práctica, nadie pensaría que una mujer o niña que acude a los servicios de salud para interrumpir su embarazo dentro del marco legal, se encuentre con todo tipo de trabas, estigmatización, abandono, maltrato y denuncias ante la justicia penal.

No se trata de realismo mágico: desafortunadamente, la falta de rigurosidad en la aplicación de la ley ha demostrado que en Colombia el aborto no es un derecho sino un privilegio al que acceden fácilmente quienes cuentan con los medios económicos.

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Según el informe sobre la criminalización del aborto en Colombia realizado por la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, de los 400 casos de aborto que se llevan cada año ante la justicia penal, la mayoría corresponde a mujeres y niñas en condición de vulnerabilidad. Es lamentable que, en esos casos, las instituciones que deben garantizarles el ejercicio de su derecho obvien las causales y conviertan el ya difícil proceso de interrumpir un embarazo en una verdadera tortura.

Para la muestra están los relatos de “Hijas de la frontera”, una campaña que visibiliza la injusta realidad de miles de mujeres y niñas colombianas, venezolanas y desplazadas de cualquier nacionalidad que han sido víctimas de violencia física, sexual y psicológica. Todas ellas viven en las fronteras físicas, económicas y sociales de Colombia y sufren el abandono de las instituciones que, en lugar de protegerlas, las humillan y criminalizan.

Es la triste verdad de las víctimas de violencia que terminan siendo violentadas por quienes deberían apoyarlas. Sus experiencias con el aborto permiten mostrar un panorama que debe dejar atrás los reduccionismos en torno al tema: no se trata de un asunto de creencias personales. Se trata de dar a las mujeres y niñas que quieren interrumpir un embarazo – producto, casi siempre, de la violencia y el abuso – la posibilidad de elegir libremente su maternidad y darles todas las garantías de un trato digno y humanizado si deciden terminar con su embarazo.

La situación es muy grave y hace que sea aún más urgente la decisión de la Corte Constitucional en cuanto a despenalizar el aborto. Su aprobación es fundamental para acabar con la violencia institucional contra la mujer y poner punto final a los cientos de miles de casos de mujeres y niñas que optan por practicarse abortos clandestinos. A pesar de lo que muchos piensan, está demostrado que las leyes que prohíben el aborto no los reducen. De acuerdo con datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud, anualmente se practican 22 millones de abortos clandestinos. Según el Ministerio de Salud, durante el 2019 en Colombia, 132.000 mujeres terminaron en salas de urgencia por abortos clandestinos y 70 fallecieron.

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Para la Corte, también debería ser alarmante que las causales no garanticen el ejercicio de un derecho y que, en cambio, sean usadas como excusa para negarlo, aumentando la desconfianza en la justicia y los servicios de salud al legitimar la idea de que la maternidad forzada es el único camino para las mujeres y niñas más vulnerables.

Dentro de este difícil contexto, es importante recordar que despenalizar el aborto no significa que se obligue a las mujeres y niñas a abortar. Es simplemente, garantizar que, si así lo deciden, todas puedan contar con el apoyo de la Constitución para garantizar plenamente sus derechos y libertades.

La Corte cuenta hoy en día con cuatro magistradas – un número de mujeres nunca antes visto en esta institución – que tienen en sus manos tomar una decisión a la altura de lo que exigen las circunstancias: la de permitir el aborto libre y eliminar todas las trabas burocráticas, los maltratos físicos y la estigmatización a la que se enfrentan quienes deciden interrumpir su embarazo.

Si lo hacen, habrá un antes y un después. Colombia pasaría a ser protagonista del contundente precedente establecido por Argentina en diciembre de 2020 y por la Suprema Corte de México, que, en una decisión unánime, decidió humanizar y democratizar el aborto, pronunciándose a favor de su legalidad el pasado 7 de septiembre.

Pero no sólo eso: las magistradas estarían respondiendo ante un momento histórico con la empatía y sabiduría que se requieren para entender que dar garantía a la autonomía reproductiva es un instrumento de paz. Su decisión puede quedar registrada en la historia del país no solamente como la correcta, sino como la más inteligente a la hora de proteger a todas las mujeres y niñas en Colombia, que hoy más que nunca, necesitan que las mujeres que toman decisiones importantes para su vida y bienestar estén de su lado. 

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La Corte tiene en sus manos el deber de trazar un nuevo camino jurídico que ponga fin al sufrimiento de las tantas mujeres y niñas vulnerables que ya son víctimas de trata de personas, abuso sexual y embarazos forzados agravados por la situación de violencia y desestabilidad económica en el país y en la región. 

Sería un desacierto dejar pasar esta invaluable oportunidad de fallar a favor de su protección y dignidad. El momento es ahora.

*Paula Ávila Guillén, Directora ejecutiva de Women’s Equality Center, desde donde lidera las estrategias, campañas y operaciones de la organización que incluyen esfuerzos para eliminar la prohibición del aborto en El Salvador, permitir la anticoncepción de emergencia en Honduras y apoyar esfuerzos para ampliar los derechos de las mujeres en Argentina, Colombia y México. Abogada de la Universidad de los Andes y LL.M con concentración en derechos humanos en la Facultad de Derecho de Washington de la American University.

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