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Con la negativa de restablecer las relaciones consulares, Colombia perdió no sólo la oportunidad de brindarle la asistencia a que tienen derecho sus naciones en el vecino país sino que se marginó de participar en las negociaciones para una transición.
Primero con su captura, después con la absurda posición de Colombia frente a su extradición y luego con una confesión que cuestiona la legitimidad de algunos poderes locales y nacionales en Colombia, Aída Merlano se convirtió en una pieza más en el ajedrez político en el que se juega la permanencia a mediano plazo del régimen de Nicolás Maduro. En concreto, Maduro la usó primero para presionar el reconocimiento de Colombia a su régimen y, cuando esta estrategia le falló, apostó porque el testimonio de Merlano, seguramente no del todo cierto, cuestione la autoridad del gobierno colombiano para actuar como adalid del retorno de la democracia en ese país.
El apoyo internacional
No cabe duda que Maduro logró atrincherarse en el poder a pesar del apoyo interno y externo que recibió Juan Guaidó, desde su autoproclamación como presidente en 2019. La estabilidad del autoritarismo se debe, entre otros factores, a los altos niveles de represión que han subido los costos de la movilización social; a la clausura de los canales institucionales de participación; a la cooptación de los actores sociales, entre ellos de los sectores populares que dependen de los bonos y alimentos que reparte el Estado y, más recientemente, de fracciones de la oposición como la liderada por Luis Parra, proclamado presidente de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional. A esto se suma el apoyo de los países aliados de Maduro – Rusia, China, Irán, Turquía e India – , que le han ayudado a sobrevivir las sanciones de Estados Unidos y de la Unión Europea, sirviendo de intermediarios para vender su crudo en el exterior y comprándole petróleo y minerales.
Sin embargo, en el mediano plazo el régimen necesita recuperar el reconocimiento internacional para evitar que aumenten las sanciones o que éstas avancen a un estado de mayor coordinación que ahogue su economía. Para evitar esta situación, Maduro contrató en enero de este año una empresa de lobby para mejorar su imagen frente al Congreso de los Estados Unidos. También invitó a las Naciones Unidas y a la Unión Europea a enviar observadores para las próximas elecciones legislativas. En este orden de ideas, puede pensarse que la invitación hecha a Colombia para restablecer relaciones consulares buscaba suavizar la posición del gobierno de Duque, construir un puente con el Grupo de Lima y abrir otro canal de comunicación con Estados Unidos.
Entretanto, Juan Guaidó emprendió una gira internacional en la que se reunió con Boris Johnson, Angela Merkel y Emmanuel Macron y que culminó en una apoteosis simbólica con su invitación al discurso sobre el Estado de la Unión y, luego, a una reunión con Donald Trump en la Casa Blanca. Aunque Guaidó también fue aclamado el día del discurso por los republicanos y demócratas y luego recibido por ellos en el Capitolio, esto no es garantía de que, en un año electoral en Estados Unidos, vaya a recibir más apoyo de ese gobierno en forma de sanciones para presionar la transición en Venezuela y mucho menos que se pueda pensar en una intervención armada después de que el Secretario de Estado Mike Pompeo varias veces ha manifestado que esa no es una opción. En ese sentido, las referencias de Trump a Venezuela en su discurso, enmarcadas en una crítica al socialismo también en Cuba y Nicaragua, deben entenderse como una estrategia para conseguir el voto latino en las próximas elecciones presidenciales y también para amenazar al régimen de Maduro sobre los costos que tendría el encarcelamento de Guaidó a su regreso a Venezuela.
Colombia y la solución a la crisis venezolana.
Así las cosas, parece ser que una transición democrática en Venezuela en el mediano plazo sólo puede ser negociada, puesto que las otras formas de transición no son probables: la indeseable intervención externa parece ahora descartada; la posibilidad de una transición impulsada desde el interior mediante un golpe de Estado es remota, ya que el régimen controla las Fuerzas Armadas y una transición por colapso del régimen, que tampoco es deseable por sus enormes costos sociales, difícilmente se producirá en un país con enormes recursos mineros.
Esa transición negociada supone una confluencia de factores internos y externos. Entre los primeros, unidad de la oposición- principal reto para el liderazgo de Guaidó- y realismo político por parte de ella para comprender que es mejor ofrecerle a Maduro y a su camarilla una salida negociada en condiciones que resulten menos costosas que su permanencia en el poder. Entre los segundos, un acuerdo difícil entre los actores internacionales que tienen intereses en Venezuela para presionar al gobierno y a la oposición para que se sienten y permanezcan en una mesa de diálogo. Con la negativa de de restablecer las relaciones consulares, Colombia perdió no sólo la oportunidad de brindarle la asistencia a que tienen derecho sus naciones en el vecino país sino que se marginó de participar en las negociaciones para una transición. Decidió, en cambio, condenarse a tener que estar desmintiendo las acusaciones que gota a gota va a ir soltando Merlano desde Caracas.
*Martha Lucía Márquez Restrepo, Directora del Instituto de Estudios Sociales y Culturales PENSAR, Pontificia Universidad Javeriana, @MarquezMartha