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Han transcurrido al día de hoy, dos semanas de haberse realizado la elección presidencial venezolana y todos sabemos que pasó: el gobierno perdió.
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La pérdida no es sólo de la elección, es de la más absoluta institucionalidad. En efecto, si observamos que conforme a la Constitución de 1999 esta se encuentra integrada por cinco poderes y vemos la forma y manera como estos han actuado desde el domingo 28 seguramente concluiremos que quienes pensaban que en Venezuela algo de institucionalidad existía, se equivocaron. Empecemos a ver:
El Consejo Nacional Electoral anunció en la madrugada del lunes 29 un ganador. No muestra resultado alguno pues no hay acta de totalización que lo certifique, solo la palabra del rector presidente y quienes le acompañaron en esa oportunidad.
Ante el mismo reaccionan en contra, observadores del evento. Así, tanto el Centro Carter como la misión de la ONU, desconocen el resultado anunciado, en tanto que países amigos del gobierno y gente afectivamente a él vinculado hacen lo propio, llegando a exigir contrastar actas de votación con los votos emitidos, todo ello verificado de manera independiente, a lo cual, al día de hoy, han hecho oídos sordos.
En el ínterin, todos los actores políticos gubernamentales actúan en comandita. Así, el beneficiario del anuncio comicial acepta su “victoria” en tanto que ordena habilitar cárceles para recibir a quienes adversen lo anunciado.
A su vez, la persona que ejerce como fiscal general despliega todas las baterías de que dispone para cumplir la orden presidencial y lo hace, sin duda eficientemente, para lo cual cuenta con los jueces penales que mañana afirmaran que cumplían órdenes.
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Mientras eso ocurre quién debería defender al pueblo permanece, como siempre lo ha hecho, en silencio sepulcral a la vez que los ocupantes de los despachos del más alto tribunal venezolano hacen fila para recibir en su despacho una petición personal -que no institucional- del ocupante del palacio presidencial y expedirán una decisión a través de la cual pretenderán dar por zanjada la decisión de los ciudadanos, para así validar la triquiñuela que ante nuestros ojos se desarrolla.
A su vez, la aplastante mayoría gubernamental en el poder legislativo, con el apoyo de otros que en el palacio federal hacen vida, respaldan casi que a mano alzada, el asalto al cual se somete a los venezolanos sin una pista de remordimiento por su accionar.
Finalmente, quienes tienen la última palabra sobre la vigencia o no de la Constitución pues tienen las armas con las cuales restituir la vigencia de aquella, se han sumado a la farsa que ante los ojos del mundo se desarrolla. Así entonces el cuadro está perfectamente pintado y se llama “al descubierto”.
Los venezolanos entendíamos que el 28 de julio tendríamos una elección presidencial; que si el resultado era adverso al gobierno se iniciaría desde ese momento una transición que implicaría una suerte de cohabitación a partir del 10 de enero de 2025 entre quien resultó electo y los demás poderes constituidos. Algunos, entre los que me incluyo, llegó a pensar que, por sentido común, debieron existir conversaciones y acuerdos en tal sentido. Visto lo que está pasando debo admitir que nos equivocamos.
O no hubo tales cosas o se ha producido un desconocimiento de lo que se trató con un agravante para el país: de alterarse por cualquier circunstancia la decisión anunciada la madrugada del 29 de julio, ello modificará de manera inmediata y absoluta, todos los poderes públicos pues su posición sería absolutamente insostenible al haber respaldado el fraude que en esa oportunidad se anunció.
El 23 de enero de 1958, luego de la caída de Perez Jimenez, la primera junta de gobierno que se integró pretendió incorporar a su seno a dos militares muy vinculados al “ancien régime”. Ello fue rechazado ipso facto y fueron excluidos. Igual ocurrirá con todos los actores que se han prestado a la farsa institucional que ante los ojos del mundo se ha desarrollado en Venezuela desde el fatídico anuncio comicial, todo lo cual implica que a la vista de todos se desarrollará un vacío institucional que ya veremos como se resuelve.
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*Gonzalo Oliveros Navarro, Abogado. Director de Fundación2Países @barraplural
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