Alex Vega, el mejor servidor público de Colombia

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El 28 de junio de 2021, día nacional del servidor público, el presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, eligió y condecoró a Alexander Vega Rocha, Registrador Nacional, como: “EL MEJOR SERVIDOR PÚBLICO DE COLOMBIA”

Él, que se caracteriza por vivir realidades de fantasía, muchas veces diferentes a la que perciben la mayoría de los colombianos, con esta desconcertante condecoración ha demostrado, una vez más, que no le importa la realidad y lo esencial es hacer lo que le venga en gana. Alexander Vega Rocha quedó muy elegante con una medalla en su solapa y con un diploma en la mano, que en letras de molde dice que es el más destacado servidor público de Colombia.

Es dueño del cartón y la medalla, pero esa condecoración, por más que fue otorgada con tanto boato, en realidad no puede tapar su corrupción, su incapacidad y su torpeza, así alegre e irresponsablemente  lo diga el presidente. La realidad, por el contrario, nos demuestra a los  colombianos, que el desempeño en el cargo del homenajeado no pudo haber sido más desastroso, no sólo por tantos despidos y nombramientos además de delictuales, costosísimos para las arcas de la nación y de la propia institución, sino por el evidente desconocimiento de las reglas que legalmente rigen el establecimiento que está dirigiendo. Éste es un premio sin legitimidad,  que destaca  a un funcionario que ha demostrado ser un verdadero desastre. No es tan extraño, Ivan Duque; en repetidas ocasiones ha desprestigiado premios antes importantes, como cuando a Ernesto Macías le entregó la Cruz de Boyacá. El único mérito de Macías fue pronunciar un discurso incendiario, mentiroso y pendenciero el 7 de agosto de 2018, que nos permitió vislumbrar como sería el desprestigiado gobierno, sin desconocer que el dueño de la medalla tiene otras cualidades: elaborar tramposas jugaditas.  

La distinción otorgada a Vega no es gratuita; es una asociación de mutuos beneficios entre el condecorador y el condecorado. El fondo de esta distinción es la siguiente.

Iván Duque, a principios del 2020, expidió un decreto que promovía el empleo joven en Colombia; el Registrador Nacional, con ese olfato de sabueso entrenado en las arenas de la más asqueante politiquería, sabedor de la importancia de tener al presidente de su lado, para complacer al alto dignatario se puso de rodillas, ofrendó y puso a disposición todos los cargos de la Registraduría, sin importarle que la Constitución y la ley no se lo permitía.

El periódico cartagenero, El Universal, el 10 de enero de 2020, reseñó que en un conversatorio con el presidente Duque, el Registrador Nacional dijo: “yo me comprometo que de entrada el 20% de los registradores del país serán recién graduados”. Si este alto funcionario cumplió su palabra, aproximadamente 220 registradores hubiesen sido despedidos y consecuentemente en su reemplazo nombrados igual número de recién graduados, algo que se deduce porque en Colombia hay 1.103 municipios y, en cada uno de ellos, existe al menos un registrador.

El 3 de septiembre de 2020, el periódico barranquillero, El Heraldo, tituló uno de sus artículos así: “Registraduría ofrecerá 1.000 empleos a jóvenes”. Aquí el autor de ese artículo expresó que Alexander Vega Rocha, dijo: 

“Vamos a modificar el manual de funciones para darle cumplimiento a que el 10% de la planta de profesionales de la Registraduría sea tomado por jóvenes recién graduados”.

El Registrador además afirmó que serán 1.000 las vacantes para jóvenes entre 18 y 28 años y que la experiencia la irán adquiriendo en el ejercicio.

Pero el mejor funcionario público de Colombia desdeñosamente desconoció que el artículo 33 del Código Electoral no le da facultades al Registrador Nacional para hacer el nombramiento de los registradores, ni de los profesionales que desarrollan sus funciones en las delegaciones departamentales. Esta facultad la tienen únicamente los delegados del Registrador Nacional del Estado Civil en todas y cada una de las circunscripciones electorales. Pero eso no le importó: cometió el abuso de ofrecer cargos sobre los cuales no tiene competencia ni para nombrarlos ni para destituirlos.

De frente y sin reparos los cargos ofrecidos al presidente, como todos los que hizo a muchos funcionarios importantes del país, son manifestaciones delictivas, violando el artículo 416 del Código Penal, tipificado como abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, que a la letra dice:

“El servidor público que fuera de los casos especialmente previstos como conductas punibles, con ocasión de sus funciones o excediéndose en el ejercicio de ellas, cometa acto arbitrario e injusto, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público.”

En contraprestación, por la entrega de generosos cargos, el gobierno nacional le dio un presupuesto bien grande para la contratación de supernumerarios.  Personalmente hablé con algunos delegados departamentales y registradores del país y la queja constante que encontré, tanto en la elección de Consejos de Juventud, como en las elecciones del congreso de la República, fue que se nombraron tantos y tantos funcionarios que la mitad de ellos trabajaba a medias y que la otra mitad estorbaba a los que querían cumplir medianamente con las funciones asignadas.

Es tal la desconfianza que produce Alexander Vega Rocha que paradójicamente después de haber entregado a manos llenas a la clase política tantos cargos, producto del tráfico de influencias, que es otro delito, esos mismos políticos a quienes benefició con irregulares, irresponsables y delictuales nombramientos, son los mismos que hoy piden su cabeza. ¡Qué desconcertado debe sentirse el Registrador de haber pactado con el diablo! Seguramente no pensó que los congresistas eran de su misma condición.

La MOE últimamente ha dicho que la diferencia de los votos en el preconteo y el escrutinio no es de 500.000, como inicialmente se pensó. La diferencia es de un poco más 1.000.000 en los resultados del senado y de 500.000 para cámara de representantes, lo que nos arroja una diferencia de más de 1.500.000 votos de diferencia. Esto es una barbaridad, nunca antes vista en unas elecciones de congreso de la república. El principal responsable de esta gigantesca anomalía es Alexander Vega Rocha porque se dedicó a complacer al gobierno, a los congresistas, a las altas cortes, al periodismo, a la fiscalía, con la lógica que maneja a un hombre que le fascinan los torcidos: tener contentos a los que puedan ejercer alguna vigilancia sobre su gestión, sin importarle su honesto y eficiente desempeño. Destituyó a muchísimos funcionarios de experiencia y los cambió, sin ningún escrúpulo, por recomendados de influyentes personajes, que le podían servir a sus sórdidos propósitos.

Conscientes del inmenso daño que este señor la ha causado a la democracia, varios partidos y movimientos políticos, de izquierda, de derecha y de centro han pedido al unísono su justa dimisión. Sin embargo, el Presidente ha guardado un complaciente silencio. Duque, ante semejante desastre, no acepta que su amigo, declarado por él mismo como el mejor servidor público de Colombia, sea removido de un cargo del que mutuamente se sirvieron.

No puede el Presidente seguir guardando ese cómplice silencio y debe responsablemente asumir su papel de jefe de Estado y comprender que  Alexander Vega Rocha  actúa como un delincuente, que es  tramposo y marrullero, que los resultados en las elecciones presidenciales gane quien gane gozarán de una inevitable desconfianza. Debe el Presidente comprender que  el responsable del orden público en Colombia es él y es su obligación prever el desastre que puede ocurrir si este oscuro personaje continúa en el cargo.

Presidente súmese a la voz de la mayoría de partidos y movimientos políticos que, con buen juicio y con absoluta justa causa, piden su inmediata dimisión. No corra con el riesgo de ser cómplice con el desastre que se otea en el horizonte. Asuma conscientemente el papel protagónico que amerita este momento histórico. Záfese de las amarras que no lo dejan actuar con ponderación y con responsabilidad.

*Oscar Maya Guerrero. Abogado, Ex-Delegado del Registrador Nacional en diez departamentos , con una experiencia en el ente electoral de más de 11 años.

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