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Si el software de inscripción de cédulas está fallando, el de la auditoría no puede ser probado antes de las elecciones y los delegados departamentales son cuotas de políticos corruptos, lo único que podemos esperar es que el proceso electoral falle en términos de seguridad y transparencia. El principal responsable de esto es Alexander Vega.
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Hay una frase icónica que define el talante del registrador Alexander Vega: “el que no sienta garantías, o cree que le van a hacer fraude, no debería presentarse (a las elecciones)”. Una frase así solo puede generar en los contendores a la presidencia y al congreso, así como en los electores, zozobra y desconfianza. Si bien el Registrador lo decía para disipar las dudas frente al proceso electoral, existen hechos palpables que hacen sentir que la democracia y las próximas elecciones pueden estar en jaque mientras estén en manos de una persona como él.
La Registraduría Nacional del Estado Civil es una institución autónoma y administrativa, cuya función principal es “el registro de la vida civil e identificación de los colombianos y la realización de los procesos electorales”. Su director, el Registrador Nacional, es elegido por la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, y los candidatos son escogidos a través de un concurso de méritos. Hasta el anterior registrador este proceso de selección se cuestionaba poco, pero la llegada de Alexander Vega a la cabeza de esta institución empezó, de entrada, levantando sospechas. Justo antes de que se presentaran las candidaturas, los presidentes de las altas cortes, Gloria Ortiz, Lucy Jeannette Bermúdez y Álvaro García realizaron unos cambios en el sistema de elección, principalmente en lo que concierne a los porcentajes de cada uno de los requisitos para acceder al cargo. Se disminuyó el peso de la experiencia y los estudios cursados, se subió el de la entrevista, que alcanzó un 30 % del total del puntaje final, y se asumió un examen de conocimientos el cual se dice, fue hecho a la medida del Registrador, que obtuvo una calificación casi perfecta. Cabe aclarar que la entrevista, originalmente pública, se realizó a puerta cerrada y fue aquella que le dio el puntaje necesario para asumir el cargo. Como era de esperarse, su llegada causó revuelo en las esferas políticas del país. Por primera vez, llegó un Registrador abiertamente militante de un partido político – de la U -, simpatizante del Gobierno y sin la experiencia suficiente para el cargo. Éste no es el único cargo al cual ha llegado levantando sospechas.
Antes de ser Registrador Nacional, Vega fue también magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), un cargo sumamente importante por la influencia directa que ejerce sobre la vida política del país. Su llegada a esta institución fue denunciada ante el Consejo de Estado, puesto que, una vez más, no cumplía con los requisitos necesarios, pero, como es de suponer, Vega guarda simpatías en las altas cortes y logró quedarse con el puesto. Como presidente de dicha corporación, archivó los procesos de las financiaciones irregulares de las campañas de Óscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos por parte de Odebrecht. En una entrevista con María Jimena Duzán, el exmagistrado Armando Novoa, también del CNE, mencionó que sus vínculos con Odebrecht no paraban ahí, sino que, además, estaba directamente relacionado con el escándalo, cosa que quedó tapada, supuestamente, por la influencia del entonces Fiscal General, Néstor Humberto Martínez. Pero entremos en materia y hablemos de su desempeño como registrador.
Dentro de sus funciones en el cargo, Alexander Vega se ha destacado principalmente por cometer errores que van a costarle el voto a más de uno de los electores y por artimañas dudosas frente a ciertos procesos de licitación y gestión del cargo. Durante la pandemia, el Registrador realizó una serie de contrataciones millonarias con la firma Thomas Gregg & Sons (TGS), una firma que desde el año 2009 dirige aproximadamente el 90% de las elecciones en el país. Como es costumbre en el mundo de las licitaciones públicas, esta empresa parece ser la única con la capacidad de ganar este tipo contratos, pues son licitaciones hechas a la medida de solo uno de los oferentes. Esta vez el contrato fue por un aproximado de 1.2 billones de pesos. En el desarrollo de este contrato, de más de 10 ítems, se han presentado problemas en lo que concierne a la inscripción de cédulas a través del canal virtual, razón por la cual muchos colombianos deberán salir a votar a sus antiguos puestos de votación, así sean en otra ciudad diferente a la que residen en la actualidad. Cabe recordar también que fue bajo la supervisión de esta firma que el partido Mira perdió tres curules en el año 2014, debido a la fragilidad que supone el sistema brindado por TGS, el cual fue infiltrado y saboteado en varios de sus procesos para darle más votos a candidatos cuestionables de partidos mayoritarios en detrimento de los candidatos de partidos pequeños, algo que hasta el día de hoy parece no haberse solucionado.
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Por esta razón, a finales de 2020, el Consejo de Estado, en una sentencia redactada por Lucy Jeannette Bermúdez, obligó a la Registraduría a la creación de un software propio para la auditoría de las elecciones. Como lo indica la hoy candidata a la cámara por Bogotá, Catherine Juvinao, de manera deliberada, el Registrador esperó un año, hasta el 29 de diciembre del año 2021, para generar la licitación, a tan solo tres meses de las elecciones legislativas, razón por la cual solamente una firma se presentó como oferente. Esta compañía es la todopoderosa empresa española Indras, la única con la capacidad de llevar a cabo tan titánica tarea en tiempo record. Esto nos deja con dudas en cuanto a la validez y eficacia del software que tendremos auditando el proceso electoral pues, por lo general, este tipo de procesos requieren de mínimo un año para la realización de pruebas y calibración. El panorama se complejiza todavía más, pues se rumora que el software que propondrá la firma es una copia casi exacta del anterior presentado por TGS y costó a los colombianos un aproximado de $27.161 millones. Sean las que sean las razones por las cuales este proceso licitatorio se dio así, los procedimientos de Vega generan suspicacia en más de uno.
Como si no fuera suficiente, y como reveló Noticias Uno, el pasado 3 de enero el Registrador pidió en una reunión virtual con sus subalternos la renuncia de todos los delegados departamentales, auxiliares y especiales, lo que le permitiría nombrar a dedo a los nuevos suplentes. Entre los presuntos nuevos adjuntos, y como denuncia también Juvinao, se dice que llegarán las cuotas de los clanes departamentales por lo cual, por ejemplo, tendremos en el Atlántico un delegado puesto por los Char, en el Magdalena una persona puesta por Eduardo Pulgar, en el Cesar una cuota del Clan de los Gnecco, y así.
Si el software de inscripción de cédulas está fallando, el de la auditoría no puede ser probado antes de las elecciones y los delegados departamentales son cuotas de políticos corruptos, lo único que podemos esperar es que el proceso electoral sea un proceso fallido en términos de seguridad y transparencia y el principal responsable de esto es Alexander Vega. Lo que es seguro es que la democracia y el proceso electoral quedó en manos de una persona de moral dudosa, que ha llegado a los cargos a través de lo que podría entenderse, mínimamente, como procesos manchados por la artimañería clientelar que corroe al país. Vega es, sin lugar a dudas, una de esas personas que puede jugar de todo menos de árbitro, pues lo único que puede esperarse de una persona así es que termine beneficiando a través de todo tipo de triquiñuelas a los que juegan de su lado del tablero, es decir, a los partidos tradicionales y aquellos que detentan hoy el poder de todas las instituciones de control, las altas Cortes, ministerios, gobierno y mayorías en el congreso. No olvidemos que el Registrador, además, quiere llegar a la presidencia del país y ya sabemos cuales son sus técnicas para llegar a los cargos a los cuales no puede llegar con méritos.
Si quiere defender la democracia, no solo salga a votar. Postúlese como testigo electoral y haga lo que la Registraduría no hará: defender la democracia.
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*Martín Zamudio. Politólogo y periodista. @MartinZamudioE
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