América Latina ha sido una de las regiones más afectadas por el Covid-19. El número de muertes a causa del virus supera los 200.000 (más que Europa) y el número de infectados se acerca a los seis millones.

Los países de la región se encuentran ante una grave crisis de salud pública, que amenaza con reducir la esperanza de vida de una parte significativa de la población y con devolver a millones de latinoamericanos a la pobreza. La CEPAL estima que este año la economía de la región podría decrecer un 9,1%; y la pobreza podría aumentar en seis puntos porcentuales – pasaría del 30% al 36% -.

Los Ministerios de Salud y los Gobiernos locales cuentan hoy con una mayor comprensión del Covid-19. Esto les ha permitido tomar mejores decisiones para evitar la propagación del virus. En buena parte de la región, las medidas de distanciamiento social han logrado aliviar la presión sobre los sistemas de salud, evitando así el colapso de los hospitales y el crecimiento exponencial en el número de fallecidos.

América Latina, en cambio, no cuenta aún con una estrategia clara que le permita reactivar su economía y avanzar en la disminución de pobreza. Existe, sin embargo, un consenso alrededor de la necesidad de “resetear” las economías, como lo dijo Luis Alberto Moreno, Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo – BID – , en un foro organizado por la insititución en mayo de este año.

Para lograr esto, los países de la región deben promover una serie de reformas, que les permitan pasar de niveles de crecimiento del PIB de entre el 2 % y el 3% anual a niveles del 6%.  Éstos pueden llegar a generar, al cabo de 20 años, ingresos per cápita equivalentes a los de los países desarrollados (USD 30.000).

Para cumplir con esta meta, y cerrar (al menos parcialmente) la brecha con los países de mayores ingresos, los gobiernos de la región deben aumentar la inversión en infraestructura, tomar medidas para reducir la desigualdad y mejorar la distribución del ingreso y consolidar una agenda de integración regional.

Los gobiernos latinoamericanos invierten en promedio, según Rafael de la Cruz y Osmael Manzano, ambos investigadores del BID, cerca del 2,8% del PIB en infraestructura. En economías más desarrolladas, como la china, la japonesa, la india y otras economías industriales, esta cifra está entre el 4% y el 8,5%. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE – estima que, para cerrar la brecha con estos países, los gobiernos de América Latina deberían invertir un 6,2% de su PIB anual en la construcción de nuevas infraestructuras físicas y digitales. El déficit en estos dos tipos de infraestructura explica buena parte del rezago que tiene la región en materia de competitividad y crecimiento económico.

Para lograr la financiación de parte de estos proyectos, los gobiernos deben promover una serie de reformas tributarias que busquen eliminar las distintas exenciones que han sido otorgados, sin mayor justificación, a los sectores de la economía con mayor representación en el Ejecutivo o en el Congreso, combatir la evasión y la elusión y de esta manera lograr ampliar la base de contribuyentes y fijar una sobre tasa temporal al impuesto de renta que pagan las empresas que han visto aumentar sus ingresos en la pandemia (ej: aplicaciones de domicilios).

América Latina es considerada la región más desigual del mundo. En 2017, el coeficiente de Gini, que mide la concentración del ingreso en un rango de entre 0 y 1, en países como Brasil, Colombia, Panamá y Honduras superaba el 0,5. Mientras tanto, en Europa la media de los países desarrollados – Alemania, Francia, Noruega, Holanda, Inglaterra – se ubica alrededor del 0,33.  

Los gobiernos de la región deben acompañar sus inversiones en infraestructura con políticas que les permitan reducir la desigualdad y mejorar la distribución del ingreso al interior de sus países.

La desigualdad, además de tener efectos nocivos sobre la equidad y de afectar el bienestar social, perjudica el crecimiento y la productividad. Generalmente, los hogares de menores ingresos de los países más desiguales tienen pocas posibilidades y pocos incentivos para invertir en la educación de sus hijos. La movilidad social en estos países es limitada, la educación es costosa y el sistema educativo no contribuye a garantizar la igualdad de oportunidades.

Las políticas para combatir la desigualdad en América Latina deberían estar enfocadas principalmente en disminuir la informalidad y en reducir la vulnerabilidad de los hogares de menores ingresos a diferentes tipos de riesgo.

Para promover la generación de empleo formal, los Estados deben implementar un conjunto de iniciativas que les permitan reducir los costos no-salariales de contratación que enfrentan las empresas y poner en marcha programas de formación que le permitan a los trabajadores alcanzar los niveles de productividad requeridos por el mercado formal.

Para reducir la vulnerabilidad de los hogares de menores ingresos, el Estado debe implementar diferentes programas de aseguramiento social que conduzcan a la reducción de los distintos tipos de riesgo que enfrentan estas familias: el desempleo, los desastres naturales y las enfermedades graves. 

Por último, si América Latina aspira a cerrar la brecha con los países desarrollados, sus gobiernos deberán profundizar sus mecanismos de cooperación y avanzar en la integración regional.  Para que esto ocurra, las instituciones u organismos internacionales que reúnen a los países latinoamericanos deben transformarse y ajustar su misión al cumplimiento de dos objetivos primordiales.

En primer lugar, estas instituciones deben facilitar la concertación de distintos tipos de estrategias de desarrollo regional y/o fronterizo. Estos espacios deben ser aprovechados para mejorar los mecanismos de coordinación entre los Estados, avanzar en la definición de planes estratégicos, por ejemplo, planes de conectividad regional y para definir mecanismos de apoyo a los países más vulnerables.

Estas instituciones, además de fortalecer los procesos de planeación regional, deben promover la cohesión política entre sus miembros. Los países latinoamericanos deben trabajar en la búsqueda de nuevos consensos, que le permitan a la región llegar unida y con una posición clara a las discusiones que se dan en los escenarios internacionales y que comprometen sus intereses.

Los gobiernos de la región deben participar activamente en la defensa de un orden internacional que favorezca sus planes de reactivación económica. De lo contrario, la meta de crecer a tasas del 6% y de tener un ingreso per cápita de 30.000 dólares al cabo de veinte años tendrá que ser revisada.  

En los últimos cinco años, la región creció a un promedio anual del 0,2%. De no tomarse las medidas necesarias para la reactivación económica, como las sugeridas en este artículo, América Latina podría completar diez años de crecimiento mediocre. Esta situación podría llevarnos a catalogar a los años transcurridos entre 2015 y 2024, en palabras del exministro José Antonio Ocampo en su última columna, como la (nueva) “Década Perdida” en América Latina.

*Camilo Umaña Pizano, economista y magíster en políticas públicas, con una maestría en planeación urbana y regional. Ha trabajado en el Ministerio del Interior, y como consultor del Banco Mundial en el área de gobernanza pública. Actualmente se desempeña como consultor del área de Ciudad y Territorio en la firma española IDOM.

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