Declaración del Grupo de Lima: análisis

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Declaración del Grupo de Lima: análisis

“Si el Grupo de Lima descarta tanto el diálogo como el uso de la fuerza y el alzamiento militar se percibe lejano, ¿cuál es, entonces, la solución que se vislumbra?”

(Actualizado 26 de febrero de 2019, 9:30 am)

Se difuminó la amenaza del uso de la fuerza… un poco… por ahora. La Declaración del Grupo de Lima reafirmó que “la transición a la democracia debe ser conducida por los propios venezolanos pacíficamente y, apoyada por medios políticos y diplomáticos, sin uso de la fuerza.” Pero el camino de la fuerza permanece abierto.  No toda acción de fuerza implica la presencia de tropa terrestre.

Sobran razones de preocupación. El fracaso del ingreso de los camiones con la ayuda constituyó un éxito político para la gente de Juan Guaidó, el presidente interino. En el lobby del Hotel Casino, lugar de concentración de la oposición venezolana, no había caras largas. El uso de la fuerza parecía abrirse camino.

El canciller Bruno Rodríguez de Cuba había obtenido días antes un borrador de la declaración del  Grupo de Lima que se estaba negociando. Afirmaba que se había eliminado la referencia a la “transición pacífica sin uso de la fuerza” por presión de Estados Unidos que, cabe recordarlo, no forma parte de esta iniciativa.

Antes de llegar siquiera a Bogotá, Juan Guaidó confrontó al Grupo de Lima cuando pidió a sus miembros poner todas, toditas las alternativas sobre la mesa. Julio Borges, embajador de Guaidó, fue más claro. Al anunciar la solicitud formal del uso de la fuerza, creó aun más malestar. Por ejemplo, el canciller chileno, Roberto Ampuero, ripostó de inmediato en su cuenta de Twitter: “Chile reitera su respaldo a una salida política y pacífica para la crisis en Venezuela y no está disponible para apoyar alternativas que no sean pacíficas. Por eso mismo, seguimos trabajando por vías diplomáticas, en diálogo con la comunidad internacional.” Poco después Colombia insistió en lo mismo.

Colombia se muestra hoy más firme. La ambigüedad previa daba para sospechar. No solo no había firmado una declaración del Grupo de septiembre pasado que rechazó el uso de la fuerza, tampoco el Presidente negó, durante su viaje a Estados Unidos, que pudiera tener lugar, aun luego de que John Bolton, asesor de seguridad nacional, mostrara sus anotaciones “5.000 tropas para Colombia”. Artificio táctico de corte disuasivo, insistieron muchos. Lo cierto es que el edificio jurídico para justificar el uso de la fuerza, cuando sea necesario, se viene construyendo con seriedad. Ello fue evidente en la sesión de emergencia del Consejo de Seguridad del 26 de enero.

Conforme a la Carta de Naciones Unidas, el primer paso para autorizar el uso de la fuerza consiste en determinar que una situación constituye “una amenaza a la paz y seguridad internacionales”. Todo el Grupo de Lima consideró, entonces, al régimen venezolano como una amenaza, lenguaje que se recuperó en la Declaración de este 25 de febrero así: “la permanencia de Nicolás Maduro y su régimen ilegítimo en el poder representa una amenaza sin precedentes a la seguridad, la paz, la libertad y la prosperidad en toda la región”. Mientras China y Rusia continúen respaldando a Caracas, queda claro que el poder de veto impide cualquier acción de fuerza amparada por el aval de la ONU. Pero el Consejo de Seguridad no es solo un escenario para establecer legalidad sino también legitimidad. De ahí la insistencia del Grupo de Lima de continuar la discusión en el Consejo de Seguridad en sesión convocada por Estados Unidos solo un día después de la reunión en Bogotá.

La Declaración hace un llamado a las fuerzas de seguridad a reconocer a Juan Guaidó. A las 8 de la noche del 24 de febrero, 146 uniformados se habían entregado en Norte de Santander y 10 en Arauca. A este ritmo, la sublevación militar no se presenta como una ruta realista. Las prebendas entregadas a la oficialidad están dando fruto y todavía no existen señales contundentes de quiebre.

Uno pensaría que subir los costos de la salida para Maduro sería contraproducente. Pero eso es lo que hace la Declaración. Los países solicitan “a la Corte Penal Internacional que tome en consideración la grave situación humanitaria en Venezuela, la violencia criminal del régimen de Nicolás Maduro en contra de la población civil, y la denegación del acceso a la asistencia internacional, que constituyen un crimen de lesa humanidad.”

Si el Grupo de Lima descarta tanto el diálogo como el uso de la fuerza y el alzamiento militar se percibe lejano, ¿cuál es, entonces, la solución que se vislumbra?

No suena descabellado pensar que, con la autorización de la autoridad legítima, algunos países consideren una operación limitada de tipo quirúrgico en contra de Nicolás Maduro y algunos de sus colaboradores, tal como lo planteó Ismael García en declaraciones para la Línea del Medio (ver sección En Voz).

En el plano de la legalidad internacional, se podría argumentar que no se trataría de una medida coercitiva que requiera el aval del Consejo de Seguridad porque el presidente está en el derecho de invitar a quien quiera a su casa.  ¿No fue esta una de las argumentaciones estadounidenses para legitimar la aprehensión de Manuel Antonio Noriega en Panamá en 1989? Guillermo Endara, verdadero vencedor de las elecciones, la había respaldado después del fraude.

La presencia de Mike Pence de Estados Unidos, invitado por Iván Duque sin consultar con los miembros del Grupo de Lima, creó molestias entre algunos de ellos. Según El Espectador, el vicepresidente de Estados Unidos puso sobre la mesa tres escenarios bélicos. No sobra anotar que Donald Trump, en más de una ocasión, le reprochó a Barak Obama no respetar sus propias líneas rojas en relación con sus afirmaciones sobre Siria.

No olvidemos tampoco la advertencia de Pence. Cuando afirma que una violación de soberanía colombiana provocaría la reacción de su aliado, se está construyendo un argumento de defensa propia colectiva, que tampoco necesita de autorización inmediata de Consejo de Seguridad. En otras palabras, un incidente fronterizo podría provocar la presencia militar de Estados Unidos. Y, ¿hasta dónde va la defensa propia? ¿Hasta Caracas?

El cerco diplomático ha servido para incrementar la presión sobre Maduro y los suyos. Pero también en estas cuestiones se aplica la ley de los rendimientos decrecientes. Un mayor número de reconocimientos a Guaidó o la extensión de sanciones económicas a más personas no logrará mayor impacto político del obtenido hasta ahora. 

Así las cosas, el Grupo de Lima comenzará a dar señas de agotamiento. ¿Qué podría contener de nuevo la próxima declaración que saldrá de la reunión en Santiago? La preocupación de los países latinoamericanos en torno a una acción militar de Estados Unidos no desaparecerá. Pero tampoco lo hará la posibilidad de que se concrete. Y, entonces, Colombia podría quedar atrapada en una disyuntiva en la que se ubicó por decisión propia de manera osada y riesgosa.

* Laura Gil, politóloga e internacionalista, directora de La Línea del Medio, @lauraggils

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