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Veintitrés años deberían ser tiempo más que suficiente para que quienes lideran – o aspiran hacerlo – el proceso de cambio del país reflexionen sobre su accionar, dado que el mismo no ha dado resultado.
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Se conmemoran hoy 23 años de iniciarse el proceso revolucionario venezolano. Tal día como hoy, Hugo Chávez asumió la presidencia gracias a los votos de unos, la abstención de otros y el infaltable auxilio de las élites suicidas que pensaron que por sus características personales lo dominarían. A partir de ese momento todo ha cambiado, empezando por la Constitución, esa que la dirigencia política se negó a modificar en el último periodo del presidente Caldera, lo que quizás hubiere evitado la tragedia en la cual estamos sumidos.
Decía el doctor Enrique Tejera París que, detrás de las cifras, había personas y no le faltaba razón, unas veces – sostengo – como actores y otras como víctimas.
El nivel de pobreza extrema del país inducida desde la presidencia de la república por razones ideológicas, como lo reconoció el señor Giordani cuando ejercía como ministro chavista, es buen ejemplo de la manera como los administradores revolucionarios han conducido al país en estos tiempos. El estado actual de las instalaciones públicas, las obras de vialidad, la industria petrolera y del hierro, los hospitales y escuelas evidencian una gerencia pública de las de peor calidad que algún país ha tenido.
El latrocinio descarado de las finanzas públicas, que ha originado que la inmensa cantidad de recursos que el país recibió esté concentrada en manos de distintos beneficiarios pero no del país, es un ejemplo de lo que hizo esta revolución hoy de aniversario.
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La desinstitucionalización general producto de decisiones políticas que han privilegiado la posición ideológica sobre las normas legales reflejan perfectamente el objetivo planteado: destruir, solo destruir.
La circunstancia de que por razones económicas, humanitarias o políticas más de seis millones de venezolanos estén fuera de las fronteras, los más de ellos sin reconocimiento de su situación o protección del Estado, es una evidencia de la manera como los revolucionarios que ostentan el poder lo han gerenciado en perjuicio de todos.
Veintitrés años deberían ser tiempo más que suficiente para que quienes lideran – o aspiran hacerlo – el proceso de cambio del país reflexionen sobre su accionar, dado que el mismo no ha dado resultado. Su adversario sigue controlando el poder y lo hará, salvo que ocurra alguna circunstancia imprevista – o no tanto – hasta el 2 de febrero de 2025 cuando cumpliría 25 años en el gobierno. De su habilidad, inteligencia, sensatez y desprendimiento dependerá que ello sea posible.
Hoy, día de balance, cuando se cumplen 23 años de uno de los períodos más nefastos en la historia venezolana, uno que, como los restantes venezolanos de esta época, no la conoció por los libros de historia sino que es una de sus víctimas como tantos otros, nada tiene que celebrar.
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*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Director de Fundación2Países @barraplural
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