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Probablemente quien se quede en el título de la columna pensará que me referiré a este que está concluyendo y la verdad estará errado. Me refiero al que viene, específicamente en Venezuela o para los venezolanos.
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Nunca en estos últimos 25 años nuestro país atravesará una situación política más complicada.
El año 2015, cuando nuestros ciudadanos eligieron como parlamentarios a representantes opositores que ocuparían las 2/3 partes de los escaños de la Asamblea Nacional, el gobierno a través del poder judicial que siempre bien le ha servido, logró revertir con múltiples decisiones la derrota recibida pero aprendió la lección: Perder implica riesgos.
El 2018, con ocasión de la elección presidencial prevista para ese año, ese mismo gobierno logró, con su habilidad de anticipar las elecciones para mayo de esa calenda, pero también por la errónea decisión opositora de abstenerse, que se le regalare a los gobernantes, seis años más en el poder. Estrategia -cuando menos la última- que tratarán de repetir este próximo 2024.
Esos mismos adversarios parece que al día de hoy aprendieron la lección y se encuentran prestos a participar, electoralmente, bajo cualquier escenario, lo que ha sido advertido por la gestión gobernante y de allí el peligro que observan. El que quedó evidenciado en la elección primaria por la cantidad de gente que participó en la misma, por la emoción que ello generó pero, sobre todo, por la presencia masiva de, quienes a riesgo de ser vistos, concurrieron a votar, lo que se complementa con la notoria ausencia observada por todos en el referendo consultivo de este mes.
Dada la forma y manera como han sido gestionados los asuntos venezolanos, quienes los llevan adelante, temen las consecuencias de ser desalojados del poder por las responsabilidades que derivan de su actuación. A lo que coadyuva, en demasía, declaraciones que, más que justicia, parecieren clamar venganza lo que es, nadie lo dude un problema que debemos comenzar a resolver.
Si alguna característica tiene el poder judicial en Venezuela es su falencia. El mismo no sirve a nadie en el país sea gobierno, oposición o ciudadano del común. No hay confianza en esa institución al extremo que, por su no accionar, las actuaciones de autoridades venezolanas son objeto de investigación en la Corte Penal Internacional.
Así entonces, lo reitero, el tema de la reinstitucionalización de los poderes -y en especial del judicial- adquiere principal relevancia.
Se me dirá en tal sentido que, vista la actual composición de la Asamblea Nacional eso es una utopía y a ello respondo que, la ventaja de una mesa de negociación que acaba de demostrar su importancia con la comparecencia de Maria Corina Machado en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, es que allí puede acordarse metodología y nombres que permitan darle un nuevo rostro al sistema judicial venezolano para que, quienes habitan en el país inicien la recuperación de su confianza en el mismo, así sea temporalmente para capear este próximo año que puede ser horribilis, bajo los descritos parámetros.
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No se restringe sin embargo ello a la cúspide de la judicatura, lo que por supuesto permeará hacia la base de esta. Es menester convenir el cambio del fiscal general, del contralor y también del defensor del pueblo. Los dos primeros por su visión selectiva en ejercicio de las funciones que la normativa interna les establece y el último por su absoluta omisión en defensa de los derechos humanos.
Si esa negociación es imposible – y en lo personal la veo con dificultad pero debería intentarse- nadie debe dudar que los gobernantes harán lo que este a su alcance -y mas- para no entregar el poder, lo que a nadie deberá sorprender pues no estamos en presencia de demócratas suizos.
Entiendo que, bajo esos parámetros y de lograrse el acuerdo que propongo, los funcionarios así designados tendrán carácter transitorio hasta tanto una nueva asamblea haga, conforme a los términos de la Constitución las designaciones correspondientes y adicionalmente, se diseñe e implemente un sistema de justicia transicional que, en la actual circunstancia del país, no solo es necesaria sino imprescindible.
Si alguna característica han demostrado quienes han ejercido el poder estos 25 años, es que para mantenerlo, no descansan. Para ellos no hay vacaciones. Cometería un error la oposición si se toma las de este 2023 y cualquiera de las del 2024 pues sus adversarios dedicarán los próximos 389 días y hasta el 10 de enero de 2025, a evitar entregar el poder y para ello harán todo lo que esté a su alcance. Nadie lo dude.
Así las cosas, si algún año en Venezuela todos vivimos en peligro, será este próximo 2024 y de ellos todos debemos estar conscientes y alertas.
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*Gonzalo Oliveros Navarro, Abogado. Director de Fundación2Países @barraplural
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