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Política de Estado. Esa es la que debería tener un gobierno democrático con los derechos humanos -DDHH- de manera que, independientemente de quien dirija los destinos del mismo, aquella se mantenga incólume.
Eso, que debería ser una verdad incontrastable, en ocasiones no lo es y la Argentina del señor Presidente Fernández es, lamentablemente, el ejemplo.
En efecto, en septiembre del año 2018, varios países miembros de la comunidad internacional concurrieron ante la Corte Penal Internacional para, en ejercicio de la facultad que le establece el Estatuto de Roma, solicitar se investigar por crímenes de lesa humanidad a la gestión del señor Nicolás Maduro en Venezuela.
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Un año después – dos meses antes de entregar el Presidente Macri las llaves de la Casa Rosada- nuevamente la representación de esa nación concurrió ante dicho órgano judicial para complementar aquella solicitud, fundada en testimonios de víctimas que al efecto había recabado. Esta semana, sin embargo, la actual administración Fernández- Kirchner ha pedido se le retire de los pedimentos precedentes, aun cuando lo hace “sin perjuicio de las acciones que la Fiscalía lleva a cabo relativas a la situación de Venezuela conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma, respetando la independencia judicial”.
La fundamentación política utilizada por la actual administración de los destinos del país sureño es que la misma deriva de haberse retirado del Grupo de Lima, explicación ésta a todas luces insuficiente pues la integración a una asociación de carácter político, en nada afecta lo que la comunidad internacional está obligada a proteger en cualquier circunstancia, los DDHH.
Obvio es decir que, en ejercicio pleno de la soberanía, Argentina podía hacer lo que hizo. Sin embargo, no deja de llamar la atención que un país que fue sometido a una feroz dictadura, que quienes hoy gobiernan fueron víctimas de las prácticas de ésta y que todavía hoy tiene muy presente la presencia de las madres y abuelas de las Plaza de Mayo, sea el que decide retroceder en una materia que le debería ser altamente sensible.
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Al observar un espectador a la distancia conductas como las referidas por parte de personas que se denominan de izquierda, no deja uno de contrastarla con las de otros, a los que le atribuyen la posición de derecha y que – independientemente de a quien en esos espectros políticos se les atribuya actuaciones contrarias a los DDHH – exigen la protección de los mismos.
Si la decisión del Presidente Fernández y su compañera de fórmula tenía por objeto presentarse ante los ojos de la gestión del señor Maduro en Caracas como imparcial respecto de lo que en el país ocurre, es lo cierto que consiguió todo lo contrario. Mucho bien habría hecho de mantener inalterable lo que habíamos considerado una política de Estado.
Lo cierto es que muy mal parada queda esa izquierda selectiva cuando, en una materia como los DDHH, por compromisos políticos privilegian éstos en vez de aquellos.
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*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. @barraplural
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