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Dije en un escrito anterior que con la llegada del coronavirus al país nos estábamos enfrentando a un enorme desafío. Con el paso de los días y el aumento de los contagiados, el desafío crece, y seguramente crecerá mucho más. Las instituciones prestadoras de servicios de salud públicas y privadas y quienes en ellas trabajamos tratamos de prepararnos de la mejor manera posible para atender a las personas que requerirán de nuestra asistencia.
Las lecciones en lo que a lo asistencial se refiere todavía no las podemos tener porque aún estamos en fase de contención de la propagación del virus y, por lo tanto, la actuación de quienes prestamos nuestros servicios en clínicas y hospitales todavía no ha sido la más visible. En cambio, por ahora, los protagonistas de primera línea en esta fase han sido el gobierno nacional y los gobiernos locales a los cuales les ha correspondido tomar medidas tales como los toques de queda, los controles migratorios, las declaratorias de alerta amarilla y las declaratorias de calamidad pública. Sobre su actuación ya podemos sacar lecciones y, desde una mirada neutral, quisiera arriesgar una.
Se requiere una autoridad epidemiológica en el Estado, independiente del gobierno nacional y dotada de las facultades y competencias suficientes para tomar decisiones en momentos como éste. Algunos dirán que situaciones de esta naturaleza se presentan muy de vez en cuando y pueden tener razón. Les respondería que como consecuencia del calentamiento global, la creciente contaminación del aire por cuenta de las energías fósiles y los poco saludables hábitos de vida, deberemos encarar muchos desafíos epidemiológicos en el inmediato futuro.
Esta idea me surge al observar las disyuntivas diarias que están enfrentando el gobierno nacional y los gobiernos locales sobre las medidas a adoptar. Durante el día, no tengo tiempo de revisar las redes sociales o los noticieros de televisión, pero, al llegar en la noche a mi casa y darle un rápido repaso a las noticia, me encuentro con que muchas personas le piden al Presidente de la República el cierre inmediato de las operaciones aéreas internacionales o la emisión del decreto para la cuarentena en todo el territorio nacional. Algo parecido sucede con las autoridades locales; a una de ellas, incluso le reclaman por no poner a funcionar unidades de cuidado intensivo en las instalaciones del Hospital San Juan de Dios como si eso fuera un asunto sencillo.
El gobierno nacional expidió un decreto que, según su propia explicación, busca que las medidas de los gobiernos locales para la contención del coronavirus sean coordinadas con él. Mi impresión es que ese decreto generó más confusión que claridad y se extendió una sensación de incertidumbre. Me pongo en los zapatos de los gobernantes y pienso que no deben conciliar el sueño en las noches pensando en cuál es el momento más adecuado para tomar una u otra decisión porque cada una de ellas tiene consecuencias, no solamente en la salud pública, sino en las finanzas de todos y cada uno de los colombianos y también en la medición de sus liderazgos.
En ese orden de ideas y dado que claramente la salud pública debe estar por encima de cualquier otra consideración, me arriesgo a proponer, una vez superemos esta emergencia, se construya un gran consenso político para que, a través de un ajuste institucional, se establezca una autoridad epidemiológica nacional independiente del gobierno. Podría incluso pensarse en que el Instituto Nacional de Salud, hoy existente, se convirtiera en un organismo independiente.
El Banco de la República es independiente del gobierno nacional porque tiene la delicada misión de controlar la inflación. También lo es la Registraduría Nacional del Estado Civil porque sobre ella recae la responsabilidad de organizar y adelantar las elecciones y una justicia independiente es condición necesaria para la existencia de una democracia.
¿Por qué no pensar igual para la salud pública de los colombianos? La salud pública es la disciplina encargada de la salud de toda la población y busca mejorarla mediante la promoción de estilos de vida saludables, la educación y la investigación y seguimiento epidemiológico. Estos asuntos no pueden quedar al criterio del gobierno de turno, deben ser orientados técnica y científicamente en una perspectiva de largo plazo que contemple los determinantes sociales de la salud de los colombianos.
Si en estos momentos existiera una institución semejante a la que estoy proponiendo, los gobernantes deberían simple y llanamente acatar las decisiones de la autoridad epidemiológica tal y como hoy acatan los fallos judiciales o las decisiones de la junta directiva del Banco de la República.
Pedro Sánchez, el jefe del gobierno español, dijo que una vez superada la crisis presentaría al parlamento un proyecto de reforma al sistema sanitario de su país. Con seguridad eso ocurrirá en todos los países y desde ya debemos ir pensando en propuestas para nuestros propios ajustes. Dejo esta idea a su consideración y reflexión. Por ahora, seguiré, como todos mis colegas, en mis tareas asistenciales tratando de ofrecer la respuesta más adecuada a esta epidemia.
*Marixa Guerrero Liñeiro, MD, MBA, Anestesióloga, Epidemióloga. @Marixagl
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