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Son tres décadas de presencia en la vida política nacional de AUV y en todos y cada uno de los cargos que desempeñó dejó controvertidas actuaciones, algunas abiertamente contrarias a la ley sin que por ello se le haya investigado, y si lo fue, por una u otra razón no ha sido sancionado penal o disciplinariamente.
“El Estado soy yo”: Luis XIV
“No es lo mismo defender un criminal que asesorar el crimen”:
Jaime Pardo Leal (Problemática de la Justicia, Especialización en Derecho
Penal y Penología, F. de Derecho, U. Nacional, 1984)
Después de que la Fiscalía pidió la preclusión del proceso que cursa contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez (en adelante AUV) por soborno y fraude procesal, disipó las dudas que me asaltaban sobre nuestro Estado (de Derecho), la justicia, la democracia y, sobre todo, el principio constitucional de la igualdad ante la ley: queda demostrado que Colombia no es un Estado de derecho, ni democrático, ni todos sus nacionales y residentes extranjeros somos iguales ante la Constitución y la ley. Mientras las mayorías estamos sometidas al imperio de las normas jurídicas, algunos están por encima de ellas y uno sí, uno solo – está por encima del Estado, o mejor, tiene el Estado a su servicio: el expresidente AUV.
Consciente de que el caso que motiva esta nota no es el único que AUV tiene pendiente con la justicia y que aún está en curso, sin finalizar, sí es lo suficientemente claro para afirmar lo antes dicho. Mientras 18 altos funcionarios de sus gobiernos (2002 – 2010) fueron investigados, condenados unos, fugados otros, unos todavía en prisión por delitos cometidos para favorecer los intereses de AUV, éste – sí, solo él – ha permanecido incólume.
El escandaloso robo de Agro Ingreso Seguro tiene al exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias en la cárcel pagando condena de 17 años mientras se revisa su caso; los directores del DAS, Jorge Noguera Cote y María del Pilar Hurtado, condenado y en prisión por homicidio el primero, y los dos por las interceptaciones ilegales -las “chuzadas”- de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, periodistas, ONG, políticos y líderes de oposición; Diego Palacio, ministro de Salud (Protección Social en el mandato de Uribe), condenado por corrupción, compra del voto de legisladores para favorecer la reelección del presidente; Sabas Pretelt de la Vega, ministro de interior y justicia, condenado por el mismo asunto conocido como la Yidispolítica; Bernardo Moreno, secretario general de la Presidencia de la República, destituido e inhabilitado 18 años por las “chuzadas” del DAS, Alberto Velásquez, también secretario general de la Presidencia de AUV, condenado por la Yidis política; Mauricio Santoyo, general de la Policía Nacional y jefe de seguridad personal del presidente Uribe Vélez, extraditado y condenado en Estados Unidos por narcotráfico; Mario Uribe, senador, primo de AUV, valedor de éste, condenado por parapolítica; Luis Carlos Restrepo, comisionado de paz de AUV, prófugo de la justicia por la falsa desmovilización de una columna de las FARC durante proceso de dejación de las armas de los paramilitares según la Ley de Justicia y Paz; José Miguel Narváez, exsubdirector del DAS, condenado por el crimen del periodista y humorista político Jaime Garzón; Gabriel García Morales, ex ministro de transportes y obras públicas confeso y condenado por recibir sobornos en el caso Odebrecht, entre otros de menor rango.
Estas personas quedaron marcadas por actos dolosos, por beneficiar a su jefe sin que éste haya sido salpicado por estas conductas criminales. ¿Acaso estos funcionarios actuaron sin su consentimiento? ¿Es concebible en sana lógica que en tantos y variados asuntos criminales AUV no haya tenido participación alguna como autor, coautor o determinador de los mismos, pese a que es vox populi, que todos actuaron con el claro objetivo de favorecerlo? ¿Es creíble que las autoridades judiciales, en particular la Corte Suprema de Justicia, hayan actuado en todos los expedientes con el perverso propósito de dañar a AUV mediante investigaciones, juicios y condenas a sus inmediatos colaboradores sólo por venganza hacia el expresidente? Si fue una persecución de la CSJ ¿por qué AUV o su séquito de abogados no han denunciado a los magistrados involucrados por estos actos contrarios a la ley?
No pretendo con esta nota mostrar de nuevo los cientos de líos judiciales en los que está inmerso o salpicado el expresidente para sostener lo dicho antes, pero sí es necesario destacar un crimen aún más grave que aquellos que la Fiscalía le quiere precluir a AUV: los homicidios – en realidad las ejecuciones arbitrarias – de miles de civiles inocentes con el protervo fin de hacerlos pasar como “guerrilleros dados de baja en combate” y llamados en el ámbito coloquial “falsos positivos” que, sin embargo, a la luz del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, son crímenes de lesa humanidad, con consecuencias particulares para sus autores como de las acciones penales que ellos se derivan. El infame crimen de matar a sangre fría a personas inocentes, incluidas discapacitadas y menores de edad, para hacerlos pasar como “guerrilleros dados de baja en combate”, con el ruin propósito de incentivar a sus ejecutores mediante distinciones, permisos y ascensos, suman hasta ahora 6.402 civiles inocentes víctimas.
En este siniestro plan, que involucra a altos mandos militares, incluidos comandantes de las fuerzas armadas y del ejército, algunos de ellos hoy aceptados por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, tampoco aparece por ningún lado el expresidente AUV pese a haber sido durante ocho años (2002 – 2010) el comandante en jefe de las fuerzas armadas, lapso en el cual se registró el mayor incremento de esta horrible práctica criminal: el 78%, según el reciente auto de la JEP. En este aciago y criminal plan jamás en sana crítica podrá aceptarse como actos de militares subalternos ni como acciones aisladas de “algunas manzanas podridas” de las fuerzas armadas porque todos los actos y pruebas indican que siempre hubo un patrón en el accionar de los uniformados: conseguir a las víctimas a través de civiles informantes, conducirlas a sitios alejados de sus lugares de origen y ejecutarlos a sangre fría y luego ponerles camuflados para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate. No es, pues, verosímil ni aceptable que, si los altos mandos militares diseñaron este macabro plan, haya sido a espaldas de los presidentes, en particular de AUV.
Son tres décadas de presencia en la vida política nacional de AUV y en todos y cada uno de los cargos que desempeñó dejó controvertidas actuaciones, algunas abiertamente contrarias a la ley sin que por ello se le haya investigado, y si lo fue en algunos casos, por una u otra razón no ha sido sancionado penal o disciplinariamente: licencias a avionetas utilizadas para el narcotráfico siendo director de la Aeronáutica
Civil, misma situación cuando fue alcalde de Medellín – denunciado por Iván Duque Escobar, padre del actual presidente de Colombia – que motivó su renuncia y, como gobernador de Antioquia, respaldó las cooperativas de seguridad privada Convivir que fueron la base para la conformación de grupos paramilitares autores de homicidios, desplazamientos forzados y despojo de tierras de miles de campesinos en ese departamento y el vecino Córdoba, donde AUV tiene gran influencia por tener allí su latifundio El ubérrimo, así como los desafueros del ejército, en especial con la Brigada XVII con sede en Carepa, Urabá antioqueño.
No obstante que algunos jueces y magistrados han abierto investigaciones o compulsado copias a instancias competentes por presuntos delitos cometidos por el expresidente AUV, repetimos, hasta ahora no hay un solo caso judicial terminado y, menos, con condena para éste. ¿Las razones? Varias: lentitud de las investigaciones – en particular en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes -, dilación de las mismas por solicitudes, recusaciones y recursos de todo tipo de los abogados del expresidente, por manipulación y amenazas y hasta muertes de testigos – por cierto, la mayoría de testigos de AUV son probados delincuentes vinculados al paramilitarismo – y por ataques y montajes de AUV contra los jueces, en especial los magistrados de la Corte Suprema de Justicia – casos Valencia Copete, Ibáñez, Velásquez y otros -. En esas condiciones, la judicatura se ha visto hostigada e intimidada para actuar y cuando tuvo el coraje de dictarle medida privativa de la libertad en el caso que ahora la Fiscalía quiere terminar de forma expedita, AUV, faltando a su palabra, renunció a su curul en el Senado de la República para sustraerse de la competencia de la CSJ y pasar el asunto al ente investigador donde se siente a sus anchas.
La dos obras más importantes del gran escritor paraguayo Augusto Roa Bastos, El Fiscal, sobre el dictador Alfredo Stroessner (1912-1989), y Yo el Supremo, describiendo al otro tirano paraguayo, Gaspar de Francia (1776 -1840), condensan la vida pública del expresidente colombiano, como que él encarna la voluntad superior del Fiscal y asimismo él se ha puesto por encima del Estado, la Constitución y las leyes.
Una opción posible: la Corte Penal Internacional
Considerando que los antecedentes y la coyuntura política y administrativa actual de Colombia son obstáculos mayores para que AUV responda ante la justicia nacional por todos los crímenes que se le atribuyen, pienso que ha llegado el momento de recurrir al único camino que queda en este caso: acudir a la justicia penal internacional para hacerle justicia a las víctimas de AUV y sus transgresiones penales no queden en la impunidad. Sí, concurrir a la Corte Penal Internacional, CPI.
Teniendo en cuenta que la justicia de la CPI es supletoria de las nacionales cuando concurra alguna de las causales previstas en el Estatuto de Roma, en el presente caso la imposibilidad de hacer justicia en Colombia, esta corte internacional con sede en La Haya (Países Bajos) es competente para que el ya voluminoso asunto no quede en la impunidad. Además, considerando que el Estado Colombiano es parte del Tratado, que el Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC dejó por fuera del alcance de la JEP a los expresidentes y que, pese a que el Estado colombiano al momento de ratificar el Estatuto de Roma formuló una reserva, es factible esta vía por las siguientes razones: i) el presunto autor está plenamente identificado e individualizado, como que la CPI no investiga ni juzga Estados sino personas; ii) los llamados falsos positivos no son crímenes de guerra sino de lesa humanidad, por tanto, no estarían amparados por la reserva que de manera hábil el gobierno de Pastrana con la anuencia de AUV presentó al momento de ratificar el Tratado de Roma, reserva abarcando desde el 1º de julio de 2002, entrada en vigor del Tratado, hasta el 9 de noviembre de 2007. Y si así fuese, el gobierno de AUV estuvo hasta el 6 de agosto de 2010, lapso en el cual se presentaron crímenes de esta naturaleza, los “falsos positivos”; iii) que ninguna persona objeto de persecución penal de parte de la CPI puede ampararse en fuero presidencial o de otra índole; y iv) que la Fiscalía de la CPI tiene ya un extenso dossier sobre los crímenes previstos por el derecho internacional humanitario cometidos en Colombia, que serviría de base para comenzar una investigación en debida forma contra el poderoso e intocable expresidente colombiano.
Ha llegado la hora de actuar de manera decidida ante la justicia internacional. Por eso exhorto a las ONG de derechos humanos, nacionales e internacionales, a los colectivos de abogados defensores de derechos humanos, en especial de las víctimas de AUV, a los movimientos y partidos políticos también víctimas de los vejámenes del expresidente, y a otros que han investigado y poseen archivos con material probatorio contra AUV a aunar esfuerzos y solicitar a la Fiscal de la CPI la apertura formal de una investigación en su contra. De esta manera, se abrirá el camino de la justicia a la sociedad colombiana y se respaldará el titánico esfuerzo del senador Iván Cepeda Castro y su equipo de abogados para que la impunidad de la que ahora goza AUV deje de ser un clavo ardiendo en la memoria colectiva de todos los colombianos que vivieron – y viven – sufrimientos y padecimientos por la actuación antisocial del expresidente de marras.
*Jairo Sánchez, abogado, antiguo profesor universitario, exfuncionario de Naciones Unidas y férreo defensor del proceso de paz.
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