Auxilios gubernamentales no dan derecho a derroche presupuestal

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El reconocimiento por las ayudas estatales no puede convertirse en bozal que nos calle ante la incongruencia y abusos del Gobierno nacional.

El Gobierno está tomando una serie de medidas con el objetivo de enfrentar la crisis económica y social que la pandemia del Covid-19 está causando en la población nacional, en especial, en los sectores más pobres y vulnerables. Estése o no de acuerdo con ellas, no se puede desconocer este esfuerzo que tanto los gobiernos central como regionales y locales están realizando para mitigar el impacto en la economía nacional como la de los hogares.

Hablamos de las disposiciones económicas y no de las de carácter científico-sanitario que está tomando y gestionando la cartera de salud. Son los auxilios ya en dinero ya en especie que le están dando a los sectores populares más golpeados con el aislamiento social de casi dos meses, otorgados a través de programas como Familias en acción, Adulto mayor, Jóvenes en acción, el respaldo hasta de un 90% de los créditos bancarios y ahora el subsidio del 40% del salario mínimo de todos los trabajadores de las empresas reconocidas que, si bien no cubren la totalidad de los daños derivados de esta emergencia, sí son un alivio importante para la iliquidez de la casi totalidad de empresas nacionales en estos momentos. Decisión gubernamental que reconozco y consigno, sin olvidar que no son actos de desprendimiento y generosidad de los gobernantes que actúan motu proprio sino deberes derivados de los mandatos que el pueblo les ha entregado en las urnas y que cada uno de los gobernantes ha jurado cumplir a cabalidad.

Pero, a la sombra de las medidas aludidas, se están tomando otras que nada tienen que ver con la crisis, o que, si la tienen, van en contravía del propósito de solventar la emergencia y sí constituyen una mancha en la acción gubernamental por ser actos de corrupción o de inconveniencia, que desvirtúan la transparencia que demanda la sociedad ante la magnitud de la emergencia que vive la humanidad en la actualidad.

Se ha denunciado con razón al Gobierno –presidencia, ministerios y departamentos administrativos- por contratos sobrefacturados, discriminación y direccionamiento en la adjudicación de ciertos créditos cuyos destinatarios eran los sectores más necesitados del campo nacional.  Así, en el Ministerio de Defensa Nacional, se detectó la compra de insumos y otros productos sanitarios, como el tapabocas N95 cuyo valor comercial al por mayor es de máximo $10.000.oo (US$2,5) unidad, facturado a $45.000.oo (US$11,40) unidad, y fueron la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía, organismos oficiales de control y no la prensa o una ONG, las que detectaron y denunciaron esta irregularidad. El Ministerio de Agricultura a través de sus entidades Finagro y Bancoldex, direccionaron y favorecieron a grandes empresas agropecuarias con créditos blandos que estaban destinados a las pequeñas y medianas empresas del agro afectadas por la parálisis de la producción y economía. Asimismo, hay una denuncia pública contra la dirección de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo Desastres, adscrita al Ministerio del Interior, en relación con la compra de mercados en distintos lugares del país con una desmedida sobrefacturación. Otro tanto ocurre con las compras, en especial de mercados, hechas por la mayoría de gobernaciones y muchas alcaldías con el mismo denominador común: la sobrefacturación.

Al dejar de lado el tecnicismo de esperar los resultados de largas y exhaustivas investigaciones administrativas, disciplinarias y penales, estamos frente a actos de corrupción sin más arandelas.

Más grave aún es lo que pasa en el vértice del poder político: la presidencia de la República y el Consejo Superior de la Judicatura. La Casa de Nariño renovó parte de su parque automotor por la bicoca de $9.600 millones; también lo hizo la rama judicial con la compra de 51 vehículos blindados por $13.276 millones, con destino a la Corte Suprema de Justicia. Estos dos contratos han sido justificados por los responsables de realizarlos con el argumento de que son compras que se venían tramitando de tiempo atrás y estaban presupuestados con anterioridad. La crítica en estos casos no es porque se hayan realizado sin la observancia de la ley sino por la inconveniencia de llevarlos a cabo en medio de una emergencia donde a las mayorías se les ha pedido sacrificar sus economías (salarios, rentas, ventas, servicios) y a otros obligado a ello (los vendedores informales que viven del rebusque en la calle), mientras los gestores del tesoro nacional hacen erogaciones que, por lo inoportunas, ofenden las sacrificadas mayorías nacionales. Estos actos bien pueden ser legales pero son impropios, contradicen la austeridad pregonada y ofenden la sensibilidad social en época tan crítica que está afectando todos los aspectos de la vida individual y colectiva de nuestra nación.

Pero el colmo de los colmos es el contrato de la presidencia de la República por 3.350 millones de pesos (+/- US$900.000) con la firma Du Brand SAS con el objetivo de posicionar la imagen del presidente en las redes sociales en tiempos del coronavirus, contrato que va de abril a diciembre 2020. El dinero de este contrato saldrá de Fondo Paz,  es decir del presupuesto para la implementación del proceso de paz suscrito entre el Estado y las extintas FARC-EP. Si bien el presidente Duque no se ha pronunciado, su asesor de comunicaciones ha salido a justificarlo con el peregrino argumento que es de otro fondo de paz de donde sale el dinero. Sea cual fuere, es indelicado, impresentable que el presidente Duque, que tanto ha martillado sobre combatir la corrupción y ser austero (no olvidar que su partido, el Centro Democrático, siempre acusó a su predecesor de derrochón) haya dado un paso que echa por tierra su pretendida voluntad política de trabajar por los más necesitados. Los auxilios gubernamentales no dan derecho a derroche presupuestal por parte del ejecutivo.

Este acto de indelicadeza presidencial no puede quedarse en una simple emberracada como lo decía el escritor Oscar Collazos (q.e.p.d.) sino en indignación nacional, porque lo primero es un arrebato pasajero mientras ésta es un estado permanente que sólo se remedia con la acción, poniéndole coto a la causa que la produce.

El reconocimiento por las ayudas estatales no puede convertirse en bozal que nos calle ante la incongruencia y abusos del Gobierno nacional.

Querido lector, no permitamos que el mundo gire sólo en torno al coronavirus; existen otros ejes y problemas y necesidades que si descuidamos nos conducirán uno o varios escalones más abajo en la calificación de nuestra ya precaria democracia.

N.B. Bueno sería que los altos funcionarios del Estado cuando vayan a Suiza de turismo o por asuntos oficiales (casi lo mismo) observen y pregunten cuántos vehículos disponen los consejeros federales (los siete ministros que conforman el gobierno central), los parlamentarios nacionales o cantonales y, en Bogotá, le pregunten a un diplomático helvético en qué clase del avión hacen sus vuelos oficiales. Ah, y si van a Ruanda a ver los gorilas de montaña en el Parque Nacional de los Volcanes, indaguen sobre el número de vehículos oficiales de la presidencia de la República y los ministros del despacho.

*Jairo Sánchez, abogado, antiguo profesor universitario, exfuncionario de Naciones Unidas y férreo defensor del proceso de paz.

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