“Ay, no lo puedo creer”: la priorización judicial

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Sacado de LaRazon.co

¿Qué está persiguiendo la Policía Nacional en las calles y qué está investigando la Fiscalía? Contesta Mauricio Cristancho.

Sacado de LaRazon.co

La semana pasada fue tendencia la filtración de una grabación en la que una fiscal de alguna Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la ciudad de Medellín recriminó a un policía por poner a disposición de la Fiscalía General de la Nación (FGN) una persona capturada por portar un celular robado. Tal episodio redundó en que en redes sociales se tergiversara lo acontecido y se lanzaran conclusiones apresuradas. 

Por un lado, los tradicionales inquisidores de Twitter, autoproclamados ‘líderes de opinión’, no tardaron en lapidar a la funcionaria concluyendo que se estaba dejando en libertad a ‘ladrones de celulares’; por el otro, la misma fiscal anunció acciones legales contra el uniformado. A diferencia de los apedreadores de oficio de las redes sociales, no vi una persona hostil; observé a una funcionaria cumpliendo horario nocturno, con la consabida alta carga laboral de una URI, enfocada en su ordenador y seguramente preparando la legalización de alguna captura para que no se venciera el término ante el juez de control de garantías.

Aun cuando en la grabación se registra claramente a la fiscal respondiendo ‘Ay no lo puedo creer’ ante el comentario del uniformado sobre un capturado por ‘receptación de celular’, este episodio debe llevar a varias reflexiones. En primer lugar, merece aclararse que no se estaba dejando libre a ningún ‘ladrón de celulares’, pues la receptación consiste, precisamente, en encontrar un bien -en este caso un celular robado- a un ciudadano que no participó en el delito base -hurto-.

Al margen de esta aclaración, la pregunta que surge de fondo es: ¿qué está persiguiendo la Policía Nacional en las calles y qué está investigando la Fiscalía? Para dar respuesta a este interrogante, oportuna es una mirada al sistema penal, para recordar que, de acuerdo con el último informe de la Corporación Excelencia en la Justicia, durante el año 2019 ingresaron 1.450.515 noticias criminales, esto es, se pusieron en conocimiento de la FGN -mediante denuncia, querella – casi millón y medio de hechos supuestamente constitutivos de infracción penal. En ese mismo año, hubo 1.238.178 egresos, representados en archivos, preclusiones y sentencias, entre otros.

Con estas cifras, fácil es advertir, desde una aritmética simple, que al sistema penal ingresa más de lo que sale. De ahí que hoy día la congestión se aproxime a tres millones de noticias criminales represadas. Resáltese que, de esos egresos, 918.913 fueron por archivo. Cabe recordar que el archivo se ordena cuando el fiscal de conocimiento constata que no existen motivos o circunstancias que permitan la caracterización de determinados hechos como delito o indiquen su posible existencia como tal. Es decir, casi el 75% de los ingresos al sistema penal fueron por hechos que no son delito o en los que no fue posible concretar su existencia.

Surge de allí otra pregunta: ¿los limitados recursos físicos y humanos con que cuentan nuestras autoridades se están destinando en su gran mayoría a asuntos que finalmente no tendrán relevancia penal? La interpretación que debería darse a ese ‘Ay no lo puedo creer’ es comprender que, con este tipo de capturas, los fiscales terminan destinando tiempo valioso a dejar en libertad a una persona cuyo proceder no ameritaba se le restringiera tan preciado derecho fundamental y menos en la mitad de una pandemia.

Con esto no quiere decirse que el policía haya obrado mal; al contrario, cumplió con su deber y, por eso el comentario de la compulsa de copias por parte de la fiscal fue, francamente, un error. Pero sí debemos preguntarnos si con los niveles de criminalidad que manejan nuestras ciudades, los policías deben ocuparse de capturar personas por el hecho de que se les encuentre un celular robado -que por muchas razones distintas a un delito podrían tenerlo- o si tan valioso capital humano debería perseguir la delincuencia que verdaderamente afecta nuestra sociedad.

Tres reflexiones adicionales. La primera, debe existir coordinación entre el Sr. Fiscal General de la Nación -a pesar de que no cumple órdenes de nadie- y el director de la Policía Nacional, para que armonicen sus actividades y, en el plano local, este tipo de situaciones no se vuelvan a presentar. La segunda, urge el establecimiento de mecanismos de identificación temprana de los hechos que no tendrán trascendencia penal. Muchas controversias sociales, claramente del resorte de otras autoridades, pretenden solucionarse por la vía penal, como acontece con el incumplimiento de un contrato o el impago de una letra de cambio -jurisdicción civil- o el malestar por la infracción de normas de conducta de algún vecino -policiva-.

Desde la misma oficina de radicación y reparto, funcionarios con la debida formación -entiéndase fiscales o técnicos- deberían identificar cuáles denuncias no tienen vocación de prosperidad en la jurisdicción penal, cuáles, aunque efectivamente incorporen una conducta relevante para el derecho penal, no pueden proseguirse -acción penal prescrita o caducidad de la querella- o deben enfocarse en una investigación de contexto y cuáles definitivamente sí merecen la atención del aparato estatal. Con ello, por una parte, se daría pronta respuesta al usuario -actualmente a un ciudadano, luego de esperar varios años, se le informa que lo por él denunciado no es delito y que bien puede ir a otra jurisdicción- y, por otra, se colaboraría con la disminución de nuestra caótica congestión judicial.

Finalmente, y atendiendo justamente a la impostergable necesidad de priorizar casos, hay que erradicar la absurda e incomprensible ‘estadística’, consistente en exigir un número determinado de imputaciones por mes. La perentoria necesidad de cumplir esos mínimos, sumada a que el fiscal que imputa no es el mismo que acusará o adelantará el juicio, y aunada a la descomunal carga laboral de cada despacho, es lo que ha ocasionado la fragilidad de investigaciones y acusaciones, y que el 57% de los procesos que van a juicio terminen en sentencias absolutorias. Urge que el señor Fiscal General atienda esta situación -y otras que están haciendo trizas el sistema- o, de lo contrario, antes de que termine su período, recientemente avalado por el Consejo de Estado, conocerá de primera mano el estrepitoso fracaso de la entidad que dirige.

*Dr. Iur. Mauricio Cristancho Ariza, abogado penalista, @MCristanchoA

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